El comienzo de la legislatura no puede ser más calamitoso. A las flagrantes burlas del separatismo a la Constitución hay que sumar el roto que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le está haciendo al propio Gobierno con la estrategia de alargar los plazos y de no proceder a la suspensión inmediata de los cuatro diputados procesados y en prisión preventiva.
Claro que a esa posición contemporizadora con los políticos presos el Supremo ha respondido con contundencia y celeridad: es la Mesa del Congreso la que tiene que adoptar la decisión definitiva, que no puede ser otra que la suspensión, y así se lo ha hecho saber a Batet, cuando ésta ha pedido opinión al Alto Tribunal con la única intención de lavarse las manos y ganar tiempo para que no hubiera decisión antes del 26-M.
Rotundidad
La rotundidad del Supremo ha puesto en evidencia a Batet, y además le ha dado base a PP y Ciudadanos para insistir en que el PSOE está actuando como "cómplice de los golpistas" por cálculos meramente electorales.
No es casual que la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, haya dado por segura la suspensión de los cuatro diputados: el reglamento de la Cámara "lo dice con claridad". Tampoco es casual que Pablo Iglesias haya asegurado que, a pesar de su posición favorable a que los diputados presos estén en la Cámara Baja, su grupo parlamentario acatará la ley.
El camino
Será por la fuerza de los hechos por la que se impondrá la lógica y la ley en el Congreso, y por la que quienes han vulnerado la Constitución sean suspendidos como diputados y la legislatura se pueda desenmarañar.
Y habrá sido el Supremo el que, paradójicamente y con gran escrúpulo de sus competencias, le indique el camino a la clase política. El Tribunal ha desmontado la calculada ambigüedad de Batet y de Sánchez con los mismos independentistas a los que pueden necesitar en la investidura. Hoy la Mesa del Congreso se pronuncia y saldremos de dudas.
