Por primera vez desde el inicio de la democracia un presidente del Gobierno no incluye a la alcaldesa de Madrid en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, que gestiona y administra los bienes que utiliza la Corona. La exclusión de Manuela Carmena de un órgano en el que sí fueron integrados Enrique Tierno Galván, Juan Barranco, Agustín Rodríguez Sahagún, Álvarez del Manzano, Ruiz-Gallardón y Ana Botella, constituye una vulneración flagrante de la ley. Además, contrasta con la permanencia como vocales de la exalcaldesa de Madrid y de quienes fueron, también hasta las municipales de mayo, primeros ediles de Palma de Mallorca y de San Lorenzo de El Escorial, Mateo Isern y José Luis Fernández-Quejo, también del PP.

Si tenemos en cuenta que estos tres vocales ni asisten a los plenos del órgano rector ni delegan el voto -lo que dificulta el quorum- la exclusión de Carmena no es solo injusta sino que supone un dislate irresponsable atribuible exclusivamente a Rajoy, que ha desoído además un requerimiento al respecto por parte de Patrimonio Nacional.

La ley dice que formarán parte del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional dos de los alcaldes de municipios donde hay bienes de la Casa Real. No es en modo alguno razonable que quien ostenta el cargo de alcaldesa de la Villa y Corte, donde se encuentran edificios emblemáticos de la Corona como el Palacio de Oriente, el Palacio de la Zarzuela y el Palacio del Pardo, no forme parte de él.

Premeditación o pereza

A la hora de comprender por qué Rajoy no ha procedido al relevo de vocales en el patronato, y a falta de que dé las oportunas explicaciones al respecto, resulta imposible no preguntarse si estamos ante un bloqueo premeditado del presidente o ante una consecuencia más de su incorregible pereza.

Lo que está claro es que el presidente no puede aducir a estas alturas que el suyo es un Gobierno en funciones, pues desde que en junio pasado se constituyó el Ayuntamiento de Madrid ha tenido tiempo de sobra para proponer el nombre de Carmena como nuevo miembro. Además, el patronato se amplió en octubre de 10 a 13 miembros y el consejo de administración sí fue alterado en julio para cubrir una vacante, lo que hace más llamativo que el presidente no aprovechara alguna de estas ocasiones para proponer como miembro a la alcaldesa de Madrid.

La renovación del Consejo siempre se ha producido de forma automática cada vez que ha habido elecciones o que un alcalde se ha retirado o ha fallecido. De hecho la obstrucción a Carmena contrasta con la celeridad con la que Rajoy actuó para nombrar como vocal a la propia Botella, para lo que apenas necesitó un mes desde que se en diciembre de 2011 ocupó el cargo ostentado hasta entonces por Gallardón.

Okupa en Patrimonio

El Ayuntamiento de Madrid ha revelado a EL ESPAÑOL que Carmena piensa delegar en la concejal de Cultura, Celia Mayer, la vocalía del patronato, lo que supondría que una activista próxima al movimiento Okupa intervendría en la gestión de los bienes de la Corona y en la administración del personal a su servicio.

Por muy extraña que pueda parecer esta circunstancia, el cumplimiento de la ley no puede estar al albur de los prejuicios de nadie, ni siquiera los del presidente del Gobierno. La obstrucción a Carmena en el consejo de Patrimonio Nacional es injustificable, ilegal, y contraviene un funcionamiento fluido del organismo, por lo que debe subsanarse cuanto antes.