Cien días después de las elecciones generales, la posibilidad de formar un nuevo Gobierno parece más lejana que nunca. Pedro Sánchez, que este miércoles se reúne con Pablo Iglesias, ha tenido una reunión maratoniana con el líder de Ciudadanos en el Congreso, en la que Albert Rivera ha dejado claras cuáles son las líneas rojas: su partido acepta que Sánchez negocie con Podemos, pero cualquier acuerdo deberá ser sobre la base del Pacto de El Abrazo. Esto parece imposibilitar cualquier opción de un Gobierno tripartito. La otra alternativa, que sería una hipotética abstención del partido de Pablo Iglesias, también es remota, especialmente tras la pérdida de influencia de Errejón que Iglesias escenificó con la destitución fulminante del secretario de Organización Sergio Pascual. Cada vez parece más improbable que los partidos consigan alcanzar un consenso antes del 2 de mayo.

Por primera vez, Mariano Rajoy ha explicado públicamente cuál sería la fórmula preferida por el PP para desatascar la situación política. En su entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina, Rajoy ha dicho que, de no haber existido la designación de Pedro Sánchez por parte del rey, el Congreso debería haber "tomado nota" de la inexistencia de una mayoría para formar gobierno y, consecuentemente, se debería de haber puesto en marcha la cuenta atrás para convocar unas nuevas elecciones. Ahora bien, eso equivale a eliminar el papel que, en su artículo 99, la Constitución otorga al monarca. Por otra parte, con su declaración, Rajoy deja claro que desde un primer momento apostó por la repetición de las elecciones, convencido de que es lo que más conviene a sus intereses. Sus manifestaciones en las que dice tener intención de buscar consensos sólo son una forma de tratar de salvar las apariencias.

La presidenta en funciones del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, continúa recibiendo reveses por parte de la dirección nacional. Tras haber propuesto sin éxito una refundación del partido, la decisión de Génova de no reclamar el acta a los concejales investigados del grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia la vuelve a dejar en evidencia. Bonig se había comprometido expresamente a exigir las actas a los ediles "por responsabilidad política" y, en caso de su negativa, proceder a la expulsión por rebeldía. La dirección nacional, haciendo oídos sordos a la organización regional, ha encontrado un camino mucho más laxo: mantendrá a todos en el grupo, pero suspendidos de militancia -algo que no comporta ningún efecto real- en tanto que se resuelve el caso en los tribunales, lo cual puede alargarse durante muchos meses. Tan escasa contundencia deja en evidencia al equipo de Rajoy, pero muy tocada a quien éste había designado como posible futura líder en la Comunidad Valenciana.