La inestabilidad del Sinaí para acoger a refugiados palestinos: es un foco de terrorismo en Egipto

En las últimas horas, Egipto ha pasado a jugar un papel fundamental en el conflicto entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. En malabarismos entre ambas partes del conflicto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado que el paso de Rafah se abrirá para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a los palestinos atrapados en el territorio palestino. Sin embargo, las autoridades egipcias también han acuñado que, por el momento, no permitirán la entrada de los refugiados palestinos al país del norte de África. No hasta que entre la ayuda humanitaria.

Egipto, que hasta ahora se excusa en la prioridad de ingresar provisiones para uno de los mayores desastres humanitarios de la región, vive una de sus peores crisis económica y de seguridad con una inflación disparada, la libra egipcia devaluada y una tasa de pobreza que sobrepasa el 30%, que asciende hasta el 60% en el Alto Egipto.

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Sinaí, una frontera militarizada y epicentro del terrorismo

El conflicto terrorista en la península del Sinaí, una de las regiones de Egipto, es una de las contiendas más silenciadas de la región y del mundo. Desde 2013, el país del norte de África lucha contra la insurgencia relacionada con el Estado Islámico, que ha perpetrado decenas de ataques contra la población civil y las autoridades egipcias, con el general Abdel Fatah al Sisi a los mandos.

A la situación de inestabilidad en términos de seguridad se suma la pretensión de que abrir la frontera con Gaza pueda propiciar la entrada de militantes o simpatizantes de Hamás, que, a su vez, son próximos a los Hermanos Musulmanes. Desde su nacimiento, esta última organización islamista, considerada como un grupo terrorista por Egipto, ha intensificado su influencia en países de la región como Palestina, Siria o Jordania. Tanto es así que, el jeque Ahmed Yasin, que fundó Hamás en 1987, militó en los Hermanos Musulmanes y bebió de una las organizaciones islamistas más antiguas del mundo.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Skuri, apuntó que "la seguridad nacional es una línea roja" para Egipto. Lo cierto es que el país lleva años luchando contra el terrorismo en el Sinaí sin visos de fin ni de éxito decisivo. Desde que asumió el poder en 2014, el presidente Al-Sisi, adoptó una estrategia fuertemente militarizada para hacer frente a la insurgencia, sobre todo en las ciudades de Rafah y Sheikh Zuweid. Hasta el momento, no sólo ha creado una zona tapón de mil metros en la frontera con Gaza sino que además, ha propiciado la destrucción de más de 1.500 viviendas, tierras de cultivo y el desplazamiento forzoso de más de 3.000 familias de la zona.

Inflación, mano dura y una migración disparada

A la paupérrima situación de inseguridad terrorista se suma la inestabilidad política y económica propia del país. Sumido en una de sus peores crisis económicas en años, la inflación bate récords constantes en Egipto cada mes. Solo en septiembre de 2023, los números llegaron hasta un 38% de inflación. La deuda, por su parte, también se ha disparado. En un año ha pasado del 17% hasta el 97% del Producto Interior Bruto. A pesar de las ayudas financieras del Fondo Monetario Internacional (FMI) que prestó alrededor de 3 mil millones de dólares, Egipto no cumplió con su parte. Como consecuencia, el FMI ha retrasado la revisión y el segundo pago ha quedado sepultado por la tropezosa gestión y el mal uso de los fondos internacionales.

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Por su parte, Al-Sisi, que lleva gobernando con mano dura el país desde el golpe de Estado en 2013, se enfrenta a unas elecciones presidenciales en diciembre. Con altos visos de refrendar su tercer mandato, la realidad es que Egipto es una cárcel para políticos y periodistas. A principios de 2022, alrededor de 170 miembros de diferentes parlamentos nacionales en Europa demandaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el deterioro de la situación de los derechos humanos y los principios fundamentales en Egipto. Según Amnistía Internacional, solo en octubre y noviembre de 2019, las autoridades egipcias ejecutaron, por lo menos, a 57 activistas.

A pesar del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos en el país en 2021, dos años después, y atendiendo a datos de Reporteros Sin Fronteras, Egipto ocupa uno de los puestos más bajos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Los indicadores le posicionan en el número 166 de un total de 180 países registrados. Si lo comparamos con sus socios regionales, Libia escala hasta el puesto 149, Argelia hasta el 136 e Israel sube al 97.

La potencial apertura de la frontera de Rafah tensaría, aún más, la situación de los refugiados palestinos que entraran en territorio nacional. Egipto acoge ya a más de nueve millones de migrantes procedentes de 133 países distintos. Muchos de ellos huyeron de la guerra de Sudán, desde donde se contabilizaron alrededor de 317.000 personas. La inestabilidad económica sumada a las presiones demográficas entorpecería la reubicación de los palestinos, provocando una crisis migratoria extensible al resto del norte de África.