Imagen de archivo de niños evacuados de Jersón en un autobús con destino a Crimea.
Europol identifica a 45 niños ucranianos deportados a Rusia y Bielorrusia en una operación con participación española
Kiev calcula que más de 19.500 menores han sido sacados por la fuerza del país desde el inicio de la invasión, lo que supone un crimen de guerra.
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Europol ha identificado a al menos 45 niños ucranianos trasladados o deportados por la fuerza a territorios ocupados o a Rusia y Bielorrusia en una operación coordinada junto a autoridades de 18 países, entre ellos España, y organizaciones como la Corte Penal Internacional (CPI).
Las investigaciones consiguieron recopilar datos sobre rutas de traslado o personas implicadas en las deportaciones en la guerra en Ucrania, incluyendo a responsables de orfanatos, unidades militares, así como instalaciones y campamentos donde habrían sido llevados los menores.
La operación, en la que también participaron 40 expertos, identificó también plataformas digitales con imágenes de menores que podrían haber sido deportados y posibles casos de niños que podrían estar siendo integrados en estructuras militares rusas como parte de la guerra en Ucrania.
Se trata de la segunda operación centrada específicamente en la localización de menores ucranianos trasladados por la fuerza, una práctica que podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.
Las autoridades ucranianas calculan que más de 19.500 niños han sido deportados o trasladados desde territorios ocupados hacia Rusia o Bielorrusia desde el inicio de la invasión.
Algunos habrían sido adoptados por familias rusas, mientras que otros permanecen en centros de “reeducación” o instituciones psiquiátricas.
Los expertos participantes utilizaron herramientas digitales avanzadas y técnicas de análisis de fuentes abiertas para rastrear a esos menores e identificar a posibles responsables de su traslado, y los resultados serán analizados y compartidos con las autoridades de Ucrania para apoyar sus investigaciones judiciales.
En la operación participaron países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, entre otros, así como organizaciones especializadas en documentación de crímenes internacionales.
La CPI ha emitido desde 2023 al menos seis órdenes de arresto por diferentes crímenes en Ucrania, incluidas una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y otra contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.
A ambos les acusa de deportación ilegal de niños ucranianosy su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
