El presidente de los Estados Unidos, Donal Trump durante una visita en julio del año pasado al centro de detención para migrantes 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz caimán) en Miami (Estados Unidos).

El presidente de los Estados Unidos, Donal Trump durante una visita en julio del año pasado al centro de detención para migrantes 'Alligator Alcatraz' (Alcatraz caimán) en Miami (Estados Unidos). Efe

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Nuevo fracaso de la política migratoria de Trump: a Florida no le sale a cuenta mantener abierto su 'Alligator Alcatraz'

El Gobierno del republicano, que ya ha reconocido que es demasiado costoso e ineficiente, no ha reembolsado a este estado los millones que costó levantarlo.

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Las claves

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Florida negocia con la Administración Trump el cierre del centro de detención de migrantes 'Alligator Alcatraz' por su alto coste y problemas operativos.

El complejo, construido sin evaluación ambiental en los Everglades, ha recibido denuncias de organizaciones ambientalistas y de la tribu Miccosukee por daños ecológicos y culturales.

El Gobierno de Trump no ha reembolsado a Florida los 245 millones invertidos en la construcción, ni los 608 millones solicitados para su operación.

Actualmente, el centro alberga a unos 1.400 detenidos y enfrenta críticas por insalubridad, disputas legales y su impacto ambiental.

El Gobierno de Florida mantiene conversaciones preliminares con la Administración de Trump para clausurar Alligator Alcatraz, el polémico centro de detención de migrantes.

Según desvela The New York Times, el motivo sería que el Gobierno de Trump no habría reembolsado los millones de dólares, al menos 245 millones, que costó levantar el complejo, además de la insalubridad de sus 1.400 reclusos y las disputas legales y ambientales.

La polémica instalación, ubicada en el corazón del humedal protegido de los Everglades, una reserva ecológica en el sur de Florida, fue inaugurada el verano pasado por Trump, entre denuncias de organizaciones ambientalistas y de la tribu Miccosukee.

Los demandantes denunciaron que la instalación se construyó con premura, sin la evaluación de impacto ambiental exigida por ley, y advirtieron de posibles daños sobre humedales, fauna protegida y recursos hídricos de la zona.

La tribu Miccosukee también cuestionó el proyecto por considerar que afectaba tierras ancestrales y áreas de uso tradicional, además de poner en riesgo comunidades cercanas por el ruido, la iluminación, el tráfico y la contaminación asociada al centro.

El mes pasado un tribunal de apelaciones permitió que el centro siguiera operando y recibiendo nuevos detenidos, tras revocar una orden que había exigido su clausura temporal por una demanda ambiental.

Los jueces concluyeron que no se probó que el centro estuviera bajo jurisdicción federal, por lo que no era obligatorio dicho estudio ambiental.

De acuerdo con la información del diario neoyorquino, las negociaciones surgen tras conclusiones internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que considera que el centro es demasiado costoso e ineficiente para seguir operando.

Hasta el momento, Florida no ha recibido un reembolso federal de los 608 millones de dólares que había solicitado para su operación.

Actualmente, el centro alberga a cerca de 1.400 detenidos, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).