Tesh Sidi abraza a Maite Isla, de las Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara.

Tesh Sidi abraza a Maite Isla, de las Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara. REUTERS/Susana Vera

África

La prensa oficialista marroquí acusa al PSOE de "resucitar la herencia franquista" por nacionalizar a los saharauis

Critica el "oportunismo" de los socialistas y el hecho de que los saharauis vayan a "jurar ante el rey de España".

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P. Fava
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Las claves
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La prensa oficialista marroquí acusa al PSOE de resucitar la herencia franquista tras aprobar la nacionalidad española para saharauis y sus descendientes.

El diario le360 critica la ley por considerarla oportunista y por utilizar instrumentos coloniales que afectan el equilibrio geopolítico con Marruecos.

La norma permite solicitar la nacionalidad a nacidos en el Sáhara antes de 1977 y sus descendientes, usando documentos coloniales antiguos como prueba.

Se cuestiona la legitimidad jurídica y el impacto geopolítico de la ley, así como la reducción a dos años del periodo de residencia para la naturalización.

La prensa oficialista marroquí ha roto la tregua que mantenía con el PSOE tras la aprobación de la proposición de ley que concede la nacionalidad española a las personas originarias del Sáhara y a sus descendientes. El diario le360, órgano oficioso de Mohamed VI, ha criticado su apoyo a la norma calificándolo de "oportunista".

Las críticas se extienden a todos los grupos que han apoyado la norma e incluso al PP por su abstención. El texto afirma que bajo el "pretexto" de una "reparación histórica", la medida encierra profundas contradicciones jurídicas y geopolíticas al "resucitar la herencia franquista".

También acusa a los parlamentarios de utilizar instrumentos coloniales para intervenir en un "delicado equilibrio geopolítico" que afecta directamente a las relaciones con Marruecos.

"Lejos de tratarse de una medida puramente humanitaria, la iniciativa adoptó una clara orientación política tras las declaraciones de su impulsora, Tesh Sidi, quien afirmó que abstenerse o votar en contra equivalía a 'estar del lado de Marruecos'", denuncian. De esta manera, «la nacionalidad española ha sido convertida explícitamente en instrumento de confrontación política».

"La paradoja del artificio colonial"

El artículo acusa de "incongruencia" a la fundamentación de la ley. El preámbulo, asegura, reconoce que la provincialización del Sáhara fue una maniobra de la dictadura franquista para eludir la descolonización exigida por la ONU.

"La denominada provincia número 53 sería una ficción colonial cuando sirve para condenar al franquismo, pero se convierte en una realidad jurídica indiscutible cuando permite obtener un pasaporte de la Unión Europea", argumentan.

Mientras los defensores de la norma sostienen que España "devuelve" la nacionalidad, prosigue la prensa oficial, el texto recurre formalmente a la carta de naturaleza, una "vía excepcional de concesión".

"Si la nacionalidad perteneciera todavía jurídicamente a todos los beneficiarios, no sería necesario crear una vía excepcional para concederla medio siglo después. Se habla de 'recuperación', pero se legisla una nueva adquisición", critican.

"Impacto geopolítico"

El artículo prosigue desgranando que la propuesta permite solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes acrediten haber nacido en el Sáhara antes del 29 de septiembre de 1977, extensible a sus descendientes de primer grado dentro de un plazo de cinco años.

Para acreditar dicha condición, la ley convalida "documentos antiguos, censos y certificaciones coloniales. Esto otorga validez legal a registros desfasados e incide en la potestad de definir identidades en el territorio", acusan.

"España concede valor jurídico a una clasificación obsoleta y carente de validez jurídica", prosiguen. "Al hacerlo, pretende decidir desde Madrid quién pertenece a una población diferenciada dentro del Sáhara marroquí".

También aseguran que el alcance de la norma genera incertidumbre, pues las estimaciones de potenciales beneficiarios varían entre 70.000 y 200.000 personas. Además, "se modifica el artículo 22 del Código Civil para reducir a dos años el periodo de residencia legal necesario para la naturalización de este colectivo".

Por otra parte, el artículo incide en que la efectividad del trámite exige que el solicitante jure o prometa "fidelidad al rey de España y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas".

"Resulta paradójico que un acto presentado como liberación anticolonial concluya con un juramento ante el jefe del Estado de la antigua metrópoli", ironizan.

Finalmente, para la población de los campamentos de Tinduf, consideran que el pasaporte español ofrece movilidad y acceso a Europa, constituyendo "más una vía de salida individual que la consolidación de un proyecto político separatista".