Pedro Sánchez y María Jesús Montero.
Entra en vigor: el Gobierno prohíbe a los bancos expedir tarjetas de crédito y ampliar su límite sin que el cliente lo pida
Esta nueva ley obligará a los bancos a reforzar el consentimiento del cliente antes de activar cualquier producto o servicio vinculado al crédito al consumo.
Más información: Bruselas cambia las normas: España tendrá que cumplir y eximir de pagar el IVA a los pequeños autónomos
El Gobierno ha dado un paso relevante en la regulación del crédito al consumo con un cambio que afecta directamente a la forma en que los bancos pueden ofrecer financiación a sus clientes.
A partir de la nueva normativa en preparación, las entidades financieras ya no podrán emitir tarjetas de crédito ni aumentar el límite disponible en una tarjeta o línea de crédito si el cliente no lo ha solicitado previamente y no ha dado su consentimiento expreso.
Esta medida aparece recogida en el anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo aprobado por el Ejecutivo, una reforma que pretende corregir determinadas prácticas que durante años se han normalizado en el sector financiero.
Según las autoridades económicas, este tipo de prácticas han contribuido en algunos casos a generar situaciones de endeudamiento innecesario entre los consumidores, motivo por el que el Gobierno considera necesario reforzar las reglas del mercado del crédito.
Con esta iniciativa, el objetivo es reforzar la protección del usuario financiero y asegurar que cualquier forma de financiación se active únicamente cuando exista una decisión consciente por parte del cliente.
En la práctica, esto significa que desaparece la posibilidad de que un banco amplíe unilateralmente el límite de gasto de una tarjeta o habilite nuevos créditos sin haber obtenido antes la aprobación del titular.
Durante años, algunos bancos han recurrido a estrategias comerciales que incluían el aumento del límite de crédito disponible o el envío de nuevas tarjetas como parte de campañas promocionales o de fidelización.
Aunque estas prácticas solían presentarse como ventajas para el cliente, también podían derivar en un acceso al crédito más amplio del que el usuario había planeado inicialmente.
Precisamente por ello, el Gobierno considera necesario establecer reglas más estrictas que garanticen que cualquier ampliación de la capacidad de endeudamiento responda a una decisión consciente del consumidor y no a una iniciativa unilateral de la entidad.
Imagen del banco de España.
Conviene recordar que la legislación ya contenía ciertas restricciones en esta materia. La Ley de Servicios de Pago, por ejemplo, introdujo hace años la obligación de que las entidades se abstuvieran de enviar instrumentos que no hubieran sido solicitados por el cliente, salvo en el caso de las renovaciones de tarjetas ya existentes.
Sin embargo, el Ejecutivo entiende que ese marco resultaba insuficiente, ya que no impedía otras formas de expansión del crédito, como la ampliación automática de límites o la activación de nuevas líneas vinculadas a productos ya contratados.
Por esta razón, el nuevo anteproyecto amplía el alcance de la regulación y pone el foco en impedir que el crédito disponible pueda crecer sin una petición previa del usuario.
Ahora bien, la reforma no pretende eliminar la oferta comercial de financiación por parte de los bancos. Desde el Ministerio de Economía se ha aclarado que las entidades podrán seguir promocionando productos crediticios o informando a sus clientes sobre préstamos o tarjetas disponibles.
![Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/11\/mujer\/estilo-vida\/1003744165627_261887686_320x180.jpg"])
Lo que cambia es el momento en el que ese crédito puede hacerse efectivo, ya que no podrá activarse mientras el consumidor no haya manifestado de forma clara su voluntad de contratarlo.
En otras palabras, las entidades financieras podrán continuar anunciando préstamos preconcedidos o tarjetas disponibles para determinados clientes, pero la concesión efectiva del crédito deberá producirse únicamente cuando el usuario confirme que desea utilizarlo.
Este matiz resulta importante porque mantiene el funcionamiento habitual del mercado crediticio, aunque introduce una barrera adicional para evitar concesiones automáticas.
Otro de los aspectos relevantes de la reforma será el establecimiento de límites al coste del crédito, una medida que busca frenar situaciones de usura en determinados productos financieros.
Imagen de archivo de unas tarjetas de crédito.
Este cambio tendrá especial impacto en las tarjetas revolving, un tipo de tarjeta de crédito que permite pagar las compras en cuotas mensuales y que se ha convertido en uno de los instrumentos más controvertidos del mercado por sus elevados tipos de interés.
La normativa también contempla restricciones en el coste de los descubiertos en cuenta, además de reforzar las obligaciones de transparencia que deberán cumplir las entidades cuando ofrezcan financiación.
En este contexto, el Banco de España asumirá un papel más relevante en la supervisión del sector, ya que el control no se limitará únicamente a los bancos tradicionales, sino que se extenderá también a otras empresas que conceden crédito al consumo, incluidas plataformas digitales.
Este punto es especialmente significativo porque en los últimos años han surgido numerosas compañías tecnológicas y financieras que ofrecen financiación rápida a través de internet o aplicaciones móviles.
Con la nueva regulación, todas ellas deberán someterse a un marco de supervisión similar al que ya se aplica a las entidades financieras tradicionales.
Además, la ley introduce cambios que afectan al comercio y a las empresas que utilizan la financiación como herramienta para incentivar las ventas.
Si una compañía quiere ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar una compra a plazos con intereses, deberá hacerlo a través de una entidad financiera autorizada o mediante un intermediario regulado. En caso contrario, no podrá aplicar costes financieros por ese aplazamiento.
