Foto de la gata Nala.
Ya es oficial: la justicia sustituye 20 meses de prisión por la expulsión de España tras matar al animal de su expareja
La justicia sustituye la pena de 20 meses de prisión por la expulsión del territorio nacional durante cinco años tras confirmarse que mató al animal para infligir daño psicológico a su expareja.
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"Nala no va a volver pero ya ha creado un precedente", afirma Javier Sánchez, activista de la organización Konpatas. El caso del asesinato de la gata en Torrevieja ha marcado un hito sin precedentes en la jurisprudencia del bienestar animal y la lucha contra la violencia de género en España.
Tras semanas de intensos debates y desinformación en redes sociales, se ha confirmado la firmeza de una sentencia ejemplar: el agresor no entrará en una prisión española, sino que será expulsado de forma inmediata del país y de la zona Schengen.
No se trata solo de un caso de maltrato animal "común", sino que se condena como violencia vicaria. El agresor utilizó a la mascota de su expareja como una herramienta de castigo y maltrato psicológico. Los vídeos difundidos por redes sociales demuestran la extrema crueldad de este episodio.
"Según la sentencia, este señor quería acabar con la vida de su expareja. Como no pudo, quiso acabar con lo que más quería", explica Sánchez, confirmando el claro componente de violencia vicaria del caso. "Nala saltó del balcón por miedo, él la sacó de un coche y terminó con lo que había empezado. Esto no solo fue maltrato animal".
La realidad judicial
Frente a los rumores que apuntaban a una simple sanción económica, la realidad judicial es mucho más contundente. El acusado fue condenado por un delito de maltrato animal con resultado de muerte a 20 meses de prisión, una de las penas más altas contempladas en el Código Penal para estos casos. Sin embargo, dada su condición de ciudadano extranjero, el tribunal ha aplicado el mecanismo legal de sustitución de la pena.
"No es deportación, no es extradición, es una expulsión y esto no es una posibilidad, esto es una sentencia firme", aclara con rotundidad Javier Sánchez. "La pena eran 20 meses de prisión que se han sustituido por 5 años de expulsión de nuestro territorio nacional. Sí, 5 años es el máximo que permite la ley en este momento".
Esta medida conlleva la prohibición estricta de regresar a España y, de forma extensiva, la imposibilidad de pisar cualquier país de la Unión Europea. "Como nos dice nuestra abogada, tampoco podrá entrar en Europa ni en la zona Schengen", añade el activista.
Un precedente para la justicia animal
La ejecución de la sentencia ya está en marcha. La Asociación Leal, que ha liderado la acusación a través de la abogada Mari Carmen Luque, ya ha solicitado formalmente a los tribunales que se proceda a la expulsión del individuo de forma inmediata para asegurar que el castigo se haga efectivo.
![La vaca Sally del santuario Salvando Peludos.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/30\/actualidad\/1003744229458_262741414_320x180.jpg"])
El colectivo animalista ha querido agradecer el masivo apoyo social, las concentraciones y la difusión de los vídeos que impidieron que el caso cayera en el olvido. Aunque el dolor por la pérdida de la gata sigue presente, la resolución abre una nueva vía para el castigo del maltrato animal en el país.
"Desde la Asociación Leal vamos a seguir peleando para que la justicia animal tenga consecuencias reales", concluye Sánchez.
Este fallo judicial demuestra que el maltrato animal, especialmente cuando es utilizado como una extensión de la violencia machista, empieza a recibir el reproche penal y social que la sociedad civil lleva años reclamando.
