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Mascotario

Potter, el perro con un pasado difícil que nadie quiere realojar: afronta un desahucio inminente con su familia

El próximo viernes 22 de mayo, una vecina de la localidad barcelonesa se enfrenta a la pérdida de su hogar con sus cuatro perros.

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La crisis de la vivienda en España vuelve a golpear con crudeza, esta vez poniendo el foco en una realidad invisible para los protocolos de la administración: las familias multiespecie en situación de vulnerabilidad.

El próximo viernes 22 de mayo, L., una vecina de Vallgorguina (Barcelona), se enfrenta a una orden de desahucio que podría dejarla en la calle junto a sus cuatro perros.

Su historia no es un caso aislado, pero sí refleja a la perfección el callejón sin salida al que se ven empujadas miles de personas: elegir entre un techo donde dormir o no abandonar a los miembros no humanos de su familia.

Potter

Entre los cuatro canes de L. se encuentra Potter, un perro que arrastra un pasado difícil y graves problemas de conducta. En una etapa de mayor estabilidad económica, su cuidadora decidió rescatarlo para darle una oportunidad.

Sin embargo, tras sufrir un revés financiero, la situación se volvió insostenible, recurriendo al programa Mejores Amigos —una iniciativa gestionada por la fundación FAADA con apoyo estatal— para poder garantizarle la atención veterinaria necesaria.

Hoy, el futuro de Potter y sus compañeros es negro. Al tratarse de un perro adulto, con una conducta compleja y catalogado bajo la etiqueta administrativa de "potencialmente peligroso" (PPP), sus opciones de ser adoptado en una protectora son prácticamente nulas.

De ejecutarse el desahucio sin una alternativa conjunta, Potter se enfrenta a la condena de vivir institucionalizado de por vida en una jaula, un entorno de alto estrés que agravaría irreversiblemente su comportamiento.

El muro de la administración

Desde la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) han lanzado una voz de alarma que va más allá de este caso puntual. Cuando una familia vulnerable pierde su vivienda e intenta reconstruir su vida con la ayuda de los Servicios Sociales, se topa con un muro burocrático y normativo.

"No se puede solucionar el problema de vivienda de un ser humano exigiéndole que rompa el vínculo con su animal, ya que esto cronifica el trauma social y genera un problema subsidiario de bienestar animal", señalan desde la organización.

La gran mayoría de los recursos de emergencia habitacional públicos (albergues, hostales sociales o pisos de protección) prohíben de forma sistemática la entrada de animales. A esto se le suma el mercado del alquiler privado, donde la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sigue blindando el derecho de los propietarios a vetar mascotas en los contratos, dificultando exponencialmente cualquier intento de reubicación.

Un choque frontal con las leyes actuales

Este caso evidencia una profunda incoherencia legislativa en España. Mientras que la reforma del Código Civil de 2021 reconoce legalmente a los animales como "seres sintientes" y miembros de la unidad familiar, y la Ley de Bienestar Animal de 2023 aboga por el "sacrificio cero", los protocolos de asistencia social siguen ignorando esta realidad.

Obligar a una persona que lo ha perdido todo a desprenderse de sus animales no solo agrava de forma drástica su salud mental y su trauma emocional, sino que traslada un problema de bienestar animal a las protectoras de la zona. Esto genera además un gasto público añadido para las administraciones que deben hacerse cargo de los animales abandonados por la fuerza. Mañana a las 8:30 en Calle Anoia 22, Vallgorguina (Barcelona), se ha convocado una reunión para frenar el desahucio de L.