Ciudad Deportiva El Val.
Máquinas de vending 'fantasma' y una carpeta con contratos desaparecida: las claves del 'caso Ciudad Deportiva' en Alcalá
Un total de cinco empresas están bajo la lupa de la Unidad de la Policía Nacional por contratos relacionados con el complejo deportivo.
Más información: La UDEF registra la Ciudad Deportiva de Alcalá en busca de contratos del exalcalde del PSOE por "malversación".
El pasado miércoles, 8 de enero, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraba la sede de la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares. Una institución municipal que gestiona tres espacios deportivos en la localidad: la Ciudad Deportiva El Val, El Juncal y los Espartales.
En su registro, los agentes solicitaron todo tipo de documentación relativa a contratos menores y nombramientos realizados desde el 2018, época en la que gobernaba en Alcalá de Henares el PSOE. Concretamente, la UDEF intenta resolver en su investigación el misterio de varios servicios adjudicados por el organismo deportivo y de los que no hay rastro o, si lo hay, es "poco esclarecedor".
Entre los contratos que están en el radar de la UDEF está la gestión de casi una treintena de máquinas de vending (máquinas expendedoras situadas en los espacios deportivos) de las que se desconoce quién es su gestor y cómo se han adjudicado, también la adquisición de material culinario para cursos públicos y la compra de material deportivo.
La investigación parte de una denuncia que efectuó de manera individual (es decir, como ciudadano y no como cargo público) el actual presidente del Consejo de Administración de Ciudad Deportiva y portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Víctor Acosta.
En sus declaraciones a Madrid Total, Acosta asegura que desde que tomó cargo al frente del organismo, fue encontrando ciertas irregularidades y, a principios de verano, "desapareció" una documentación "importante" relativa a la Ciudad Deportiva. Se trata de una carpeta donde estaban gran parte de los decretos firmados por el organismo y que iban desde cuestiones de personal hasta adquisición de equipos.
En este momento, Acosta denuncia la desaparición de la "documentación sensible". A las dos o tres semanas de haber denunciado esta desaparición, la carpeta en cuestión vuelve a aparecer aunque, según puntualiza el concejal de Vox, lo hace en un sitio donde no debía de estar y desapareciendo el "30 o 40%" de los documentos que había en la misma.
Hay que tener en cuenta que, tal y como confirman fuentes conocedoras de la institución, hasta el año 2020, todos los decretos del organismo estaban en papel y sólo existía una copia, por lo que la carpeta en cuestión, le parecía de relevancia al concejal.
La investigación de la UDEF
Pero lo cierto es que, tras esta denuncia, el concejal de Vox da un paso a un lado. Él sí había gestionado y analizado las irregularidades en varios contratos, pero la denuncia no la presenta por esas empresas y servicios que le tenían en jaque. Si no por la desaparición de dicha carpeta. Ahora bien, la Policía Nacional, donde interpuso la denuncia, sí parece que vio más allá y ahí es donde entra la investigación cuyas diligencias se abren el 10 de diciembre de 2024.
Este diario ha tenido acceso al auto que se investiga en el Juzgado de Instrucción Nº6 de Alcalá de Henares y en el que han incoado diligencias por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En dicho auto queda probado que hay tres aspectos diferenciados que se están estudiando por parte de la UDEF. Por un lado, el nombramiento de dos trabajadores del organismo autónomo deportivo cuyos nombramientos se podrían haber realizado sin respetar por los procedimientos legales. Por el otro, cinco empresas y un contrato de gestión de máquinas de vending que la Administración de Justicia quiere analizar con "todas sus facturas y justificantes de pago".
En lo que respecta a las máquinas expendedoras, unas 25 o 30 según ha podido saber Madrid Total, se solicita "toda la documentación" existente desde su explotación e instalación durante los últimos cinco años. Se investiga, en especial, quién es el propietario de las máquinas bajo que expedientes se adjudicó su instalación y los pagos realizados.
Desde la actual dirección de organismo aseguran que estas máquinas tenían que haber estado sujetas a una licitación y que, al no haber rendido una rentabilidad, el Ayuntamiento ha podido dejar de ingresar "cientos de miles de euros".
En los portales de contratación pública, este diario sólo ha podido localizar un contrato adjudicado para la gestión de las máquinas expendedoras y la cafetería del complejo El Val con fecha de 2019.
Zona fitness
Respecto a las cinco empresas en cuestión, tres de ellas (Instalaciones y Mantenimientos Magar SL, Pirulera SL y Reformas y Mantenimiento Rimor SL) tienen el mismo administrador único. Precisamente, la parte referida a estas tres empresas que se intenta aclarar es la de un contrato de suministro deportivo para la ampliación llevada a cabo en la zona fitness de la Ciudad Deportiva Espartales.
Sus actuales gestores aseguran que con la empresa que resultó adjudicataria, Rimor SL, se firmó un contrato de suministro de "mancuernas y pesas" que no han aparecido en las instalaciones. Pero, además, la situación se vuelve todavía más rocambolesca, pues la factura no tiene como concepto dichas mancuernas, sino un suelo de caucho. "No he encontrado ni el suelo ni las mancuernas", afirma el presidente del Consejo de Administración.
Fundada en los años 90, Rimor SL es una compañía dedicada a la reforma y el mantenimiento de edificios, de equipos y de instalaciones en general y de servicios de limpieza, entre otros. Su objeto social -según figura en la plataforma de información mercantil Informa- también contempla la realización de trabajos de consultoría y procesos logísticos, entre otros.
Respecto a las otras dos compañías controladas por el mismo empresario, una de ellas (Magar SL) está especializada en el suministro de materiales y equipos de "todo tipo de instalaciones y necesidades", mientras que la otra (Pirulera SL) opera en el sector inmobiliario.
Por el otro lado, hay otras dos firmas en el ojo del huracán: Mercaser SL y Secciol SL. En este caso, comparten administradores solidarios y se está analizando lo que comúnmente se llama "parcelación de contratos". Es decir, que se observa que hay muchos contratos seguidos con la misma empresa, siempre por debajo de los 1.500 euros, que es el límite para no tener que hacer concurso público.
Además, desde el organismo les llama la atención que las empresas señaladas en las diligencias sean de gestión inmobiliaria y los contratos que prestaban a la Ciudad Deportiva eran de suministros de alimentación. Aunque es cierto que desde el complejo se imparte formación de la Comunidad de Madrid en aspectos como repostería, jardinería o cocina.
Pero lo que sorprende al organismo es que dos empresas que gestionan bienes e inmuebles faciliten alimentos, además, "en facturas pequeñas y seguidas en el tiempo".
La investigación sigue su curso y desde el grupo parlamentario Vox aseguran que esto es solo "la punta del iceberg". Por el momento, todavía quedan por esclarecer aspectos tan básicos como saber quiénes suministran los alimentos que, día a día, se sirven en las máquinas expendedoras del complejo deportivo y que, por cierto, fueron vandalizadas hace unos meses.
