Teresa Peramato (a la izqda), el pasado 11 de diciembre, en su toma de posesión como fiscal general, con Álvaro García Ortiz
Peramato planteó al Consejo Fiscal condecorar al condenado García Ortiz y reculó tras una queja del sector mayoritario
La fiscal general acude hoy a la apertura del año judicial en medio del malestar de la Sala Penal por las descalificaciones enviadas a la Comisión Europea.
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La fiscal general, Teresa Peramato, planteó al Consejo Fiscal pedir al Ministerio de Justicia la concesión de una condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort para su antecesor, Álvaro García Ortiz.
La propuesta se hizo por Peramato en la reunión del Consejo Fiscal del pasado 6 de julio, siete meses después de que García Ortiz fuera condenado a inhabilitación por la Sala Penal del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos.
El exfiscal general, que tiene recurrida su condena ante el Tribunal Constitucional, reveló a la prensa datos tributarios confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En los momentos finales de la reunión del Consejo Fiscal de julio se recordó a la fiscal general que estaba pendiente dirigir al Ministerio la propuesta de conceder la cruz de San Raimundo de Peñafort a los vocales electos del anterior Consejo, órgano que se renovó tras las elecciones celebradas el 20 de mayo.
Según fuentes fiscales, Peramato manifestó entonces su voluntad de proponer la condecoración también a favor del exfiscal general, que presidió el anterior Consejo, y para las otras dos integrantes natas del órgano, la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, y la ex fiscal inspectora, María Antonia Sanz.
La práctica institucional seguida hasta ahora ha sido solicitar al Ministerio de Justicia la distinción de San Raimundo de Peñafort para los nueve vocales del Consejo que elige la carrera. Nunca se ha hecho extensiva la petición para los tres miembros natos por el hecho de formar parte del Consejo Fiscal.
Tras el anuncio de Peramato, los vocales electos de la Asociación de Fiscales (AF), de representación mayoritaria, le dirigieron un escrito en el que indicaban que su propuesta de condecorar a los miembros natos debía ser sometida a informe del Consejo Fiscal.
El escrito indicaba que las recompensas con que pueden ser reconocidos honoríficamente los miembros de la carrera fiscal se otorgan "por razón de la excelencia de su actuar profesional en el ámbito del Derecho y de la Justicia".
Y recordaba que "en todo caso, ningún fiscal podrá ser propuesto para recompensa si en los dos años anteriores fue corregido disciplinariamente, y mientras no se cancele la anotación de sanción en el expediente personal del interesado". Una condena penal en el ejercicio del cargo es de mayor gravedad que una sanción disciplinaria.
Los consejeros de la AF solicitaban que se incluyese la propuesta de Peramato en una próxima reunión "a fin de ser sometida a la consideración del Pleno del Consejo Fiscal".
Esta inclusión no ha llegado a producirse. Fuentes de la Fiscalía han indicado que la responsable del Ministerio Público ha reconsiderado su propuesta, que ha retirado atendiendo los argumentos expuestos por los vocales de la AF en su escrito.
Malestar
Peramato intervendrá hoy en el solemne acto de apertura del año judicial que preside el Rey. A la fiscal general le corresponde dar cuenta de la memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad y las reformas que considere convenientes para la Justicia.
En el Tribunal Supremo, y sobre todo en la Sala Penal, existe malestar no por el hecho de que la fiscal general defienda a su antecesor sino por la forma en que lo está haciendo.
En particular, ha levantado ampollas el escrito que la Secretaría Técnica de Peramato envió a la Comisión Europea para la elaboración del capítulo referido a España en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2026.
En ese escrito, conocido el pasado agosto gracias a Infolibre, la Fiscalía General se refirió a "irregularidades" en la condena a García Ortiz que habrían generado la percepción de "una influencia real de la política en el sistema judicial español" y de la "falta de independencia del Tribunal Supremo".
Esa descalificación de grueso calibre, un ataque sin precedentes de la Fiscalía General al Supremo, es considerada en el alto tribunal una deslealtad institucional.
En todo caso, los beligerantes términos del escrito de la Secretaría Técnica de Peramato no han tenido eco alguno en el informe de la Comisión Europea. El documento se limita a señalar, de manera descriptiva y neutra, que "tras la renuncia del anterior fiscal general a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que lo declaró culpable de un delito de revelación de secretos, el 9 de diciembre de 2025 se nombró a un nuevo fiscal general. Su nombramiento concitó el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial".
"Tanto el Ministerio Fiscal como el anterior fiscal general del Estado han recurrido la sentencia del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional", finaliza.
Tensión jueces-Gobierno
La apertura del año judicial vuelve a celebrarse en un ambiente de tensión por las constantes críticas del Gobierno a los jueces cuando sus decisiones son adversas a sus intereses.
En diciembre de 2024, solo tres meses después del inicio de su mandato, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, salió al paso de las manifestaciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez sugiriendo que el PP disponía de información privilegiada sobre los procedimientos judiciales que afectan al Ejecutivo. El PP juega con "cartas marcadas", había manifestado Sánchez.
En su primera réplica pública al cuestionamiento del Poder Judicial por el Gobierno, Perelló manifestó que "la labor de los jueces y magistrados puede, y en su caso debe, ser criticada, pero lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos".
Con posterioridad ha habido tres acuerdos en el mismo sentido de la Comisión Permanente del CGPJ, aunque el cuestionamiento público de determinados jueces por el Gobierno no ha cesado.
