El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin del PSOE-A del 14 de mayo de 2026, días antes de estallar el 'caso Plus Ultra'.
Hacienda empezó a investigar a Zapatero, su esposa y sus hijas un mes después del registro en el que aparecieron las joyas
La Agencia Tributaria también abrió, el pasado 23 de junio, una inspección a Julio Martínez Martínez, al que la Policía Nacional considera testaferro de Zapatero.
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Hacienda empezó a investigar las rentas de José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, y las dos hijas del matrimonio, Alba y Laura, un mes después del registro al despacho del expresidente del Gobierno en el que la Policía halló joyas por valor de 1,3 millones de euros.
Así se lo ha comunicado la Agencia Tributaria (AEAT) al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien investiga tanto a Zapatero como a sus hijas en el llamado caso Plus Ultra.
Calama sitúa al exdirigente como "líder" de una red "jerarquizada" que se habría dedicado a cobrar comisiones ilegales por influir en la Administración en favor de determinadas empresas. Principalmente, la compañía aérea Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros públicos.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso al escrito en el que la AEAT informa al juez de que, el pasado 15 de junio, abrió una inspección sobre el IRPF, el IVA, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto a las Grandes Fortunas pagados por Zapatero.
En concreto, sobre el IRPF de 2021 a 2024; sobre el IVA de 2022 a 2024; sobre el Impuesto sobre el Patrimonio de 2021 a 2024 y sobre el Impuesto a las Grandes Fortunas de 2002 (sic) a 2024.
Ahora bien, este último tramo es, aparentemente, erróneo. El Impuesto a las Grandes Fortunas no existía en 2002. No se implanta hasta 2022, dato que, probablemente, será el correcto.
El registro al despacho de Zapatero se produjo el pasado 19 de mayo, apenas un mes antes de la apertura de la investigación por parte de Hacienda.
En esta oficina, situada en la madrileña calle de Ferraz, a escasos metros de la sede central del PSOE, la Policía Nacional halló 103 joyas, de valores muy dispares, ocultas en una caja fuerte.
El juez Calama ordenó tasarlas. La casa de subastas Ansorena cifró su valor total en 1,3 millones de euros.
Cuando fue interrogado en la Audiencia Nacional como investigado, Zapatero se negó a declarar sobre el origen de estos artículos.
Prometió que unos días después aportaría a la Justicia la documentación sobre la trazabilidad de las joyas. Aún no lo ha hecho.
EL ESPAÑOL publicó que las piezas más valiosas del conjunto provienen de Arabia.
Inspección a 'Julito'
Por otro lado, Hacienda también abrió, el pasado 23 de junio, una inspección a Julio Martínez Martínez, al que la Policía Nacional considera "testaferro" de Zapatero.
Unos días antes, el 19, la AEAT había hecho lo propio con varias sociedades de este empresario (apodado Julito), como Voli Analítica SL o Idella Consulenza Strategica.
En una resolución, el juez Calama relató que la red liderada por el expresidente del Gobierno, por orden de éste, creó una sociedad offshore en Dubái para cobrar el 1% del total del rescate de Plus Ultra. Es decir, 530.000 euros.
Dicha compañía, según desveló el magistrado, se llamó Landside Dubai Fzco. Y estaba participada al 100% por, precisamente, Idella Consulenza Strategica, que fue la que suscribió con la aerolínea un contrato para llevarse este porcentaje.
Aunque la creación de Landside Dubai Fzco es controvertida, lo que sí es cierto es que Zapatero cobró cerca de medio millón de euros de Análisis Relevante SL, otra de las 39 empresas que administraba su amigo Julito.
El expresidente del Gobierno se embolsó esta cantidad por la elaboración de informes genéricos sobre geopolítica, lo que causó el asombro del juez Calama cuando le interrogó, ya que no eran valoraciones específicas firmadas ad hoc para determinadas empresas clientes de Julito.
Asimismo, el instructor del caso Plus Ultra también se sorprendió de que, de cara a la realización de estos informes, Zapatero suscribió con Martínez contratos verbales, no escritos.
Análisis Relevante también realizó pagos, de más de 200.000 euros, a la agencia de comunicación y marketing What The Fav SL, administrada por las hijas de Zapatero.
De hecho, tal y como comunica ahora Hacienda al juez Calama, la Agencia Tributaria también investigaba el pago del IVA y del Impuesto de Sociedades por parte de esta compañía, entre 2021 y 2024.
La AEAT traslada al magistrado toda esta información debido a la prejudicialidad penal.
Este principio jurídico obliga a suspender un proceso no penal (como una inspección de Hacienda) cuando esos mismos hechos ya están siendo investigados judicialmente como un posible delito.
Si Calama así lo ordena, Hacienda debería suspender sus procedimientos inspectores, "en virtud de la posible relación de los hechos que están siendo objeto de comprobaciones administrativas con actuaciones judiciales en el ámbito penal".
Mujer e hijas
Como explica en su informe dirigido al juez, Hacienda investiga a Sonsoles Espinosa, mujer de Zapatero, en relación a sus declaraciones de IRPF (2021 a 2024), Impuesto sobre el Patrimonio (ídem) e Impuesto sobre las Grandez Fortunas (2022 a 2024).
A su vez, desde el pasado 15 de junio, la Agencia Tributaria analiza los pagos de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de Alba y Laura Rodríguez Espinosa.
El mismo día que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acudían al despacho de Zapatero también registraron la sede de What The Fav SL, ubicada en Madrid.
Esta misma semana, representada por la Abogacía del Estado, Hacienda atendió el ofrecimiento del juez Calama y se personó como posible perjudicado en el caso Plus Ultra —denominado ya caso Zapatero— por el posible delito fiscal derivado del hallazgo de las joyas.
Por otro lado, este viernes, tras conocerse que Hacienda abrió las mencionadas inspecciones fiscales, Gestha, principal sindicato de técnicos de Hacienda, ha subrayado en un comunicado que, con dicha actuación, la AEAT ha interrumpido la prescripción de los supuestos delitos.
De hecho, esta organización aplaude que la Agencia Tributaria, "por primera vez", haya abierto una inspección a personas investigadas en un procedimiento penal en el que se investiga, entre otros, un presunto delito fiscal.
"Esta es una posibilidad que los técnicos siempre han reclamado —en especial, en determinadas investigaciones fiscales o judiciales que afectaban a personas de gran notoriedad pública— y denunciaron que esa inacción y trato de favor de anteriores direcciones de la AEAT permitieron a los investigados el presentar declaraciones complementarias, evitando así la imputación de los delitos fiscales", celebra Gestha.
"Esta posibilidad de abrir inspecciones para interrumpir la prescripción tributaria y exigir los tributos, aunque la sentencia firme tarde años en ser dictada, encendió un debate en el que algunas personas —incluso, algún exdiputado o portavoces de alguna organización profesional— negaron en su día el criterio de los técnicos de Hacienda", añade el comunicado.
"Sin embargo, hoy la AEAT ha demostrado que es posible abrir las inspecciones con investigaciones judiciales en curso", aplaude el sindicato.
