La directora general de la Guardia Civil, en la ceremonia de jura de bandera de la 172ª promoción de guardias, el pasado mayo.
Sánchez rebasa otro límite: mantiene al frente de la Guardia Civil a una imputada por delitos contra sus subordinados
Anticorrupción sospecha que las investigaciones internas abiertas en la Guardia Civil contra miembros de la UCO pudieron ser "un auténtico medio de intimidación institucional".
Más información: La directora de la Guardia Civil y el DAO, investigados por prevaricación y delitos contra la Administración de Justicia
Pedro Sánchez rebasa otro límite más al mantener en el cargo a Mercedes González, directora de la Guardia Civil e investigada por la Audiencia Nacional.
En efecto, no es el primero. Ya hizo algo similar con Álvaro García Ortiz. El entonces fiscal general del Estado fue citado a declarar como investigado por un juez.
El Gobierno al completo —y el presidente, en particular— le trasladó su apoyo públicamente, lejos de instar a su dimisión.
García Ortiz acabó siendo condenado por el Tribunal Supremo e inhabilitado.
Meses después, hace tan sólo unos días, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz otorgaba la condición de investigada a la actual directora de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Gobierno también ha manifestado su apoyo a Belén Gualda y la defiende públicamente.
Este jueves, en esta misma causa judicial, en el denominado caso Leire, Pedraz ha sumado a la lista de investigados a Mercedes González, máxima responsable política de la Benemérita.
La misma decisión ha tomado el juez respecto de Manuel Llamas, el DAO (director adjunto operativo) del Instituto Armado. Es decir, su máximo responsable operativo.
Lejos de instar a su dimisión —se le atribuyen los supuestos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia— el Gobierno cruza otra línea roja: apoya a González y al DAO.
En un comunicado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable último de ambos nombramientos, ha expresado su "confianza" en estos dos cargos, "que seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora".
![La portavoz del PSOE Montse Mínguez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11307227.jpg?p=c:1727:972:nowe:61:68\/w:1706\/h:960&h=2pYbZ4Wq"])
¿Por qué se les investiga? A petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares del caso Leire, lideradas por el PP, Pedraz les atribuye presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia en relación con las investigaciones reservadas que se abrieron, de forma interna, contra varios guardias civiles encargados de investigar causas judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar de Sánchez.
En este sentido, se produce un paralelismo con el caso García Ortiz: el Gobierno apoya al máximo responsable de una institución destinada a la persecución y la investigación de delitos, pese a que está siendo investigado por la Justicia.
Y se produce también la anómala situación en la que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados de las pesquisas del caso Leire, realizarán indagaciones que afecten a sus máximos responsables, la directora del Cuerpo y el DAO.
Leire y Mercedes
Entre otros extremos, Pedraz investiga en el caso Leire las maniobras de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, para desbaratar las investigaciones judiciales que afectaban al partido y al entorno político y familiar de Sánchez.
Díez, cuyo principal objetivo a batir era la UCO, se reunió en varias ocasiones con González. Y presumía frecuentemente de su buena relación con ella.
Esas informaciones reservadas —investigaciones internas de la Guardia Civil— coincidieron en el tiempo con las reuniones entre ambas mujeres.
Así lo subraya el informe en el que Anticorrupción solicitó a Pedraz que citase a declarar como investigada a la directora del Instituto Armado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La Fiscalía advierte que, "si llegara a acreditarse que las informaciones reservadas no respondían a una finalidad legítimamente disciplinaria", estaríamos ante "un auténtico medio de intimidación institucional".
De hecho, Anticorrupción señala que estas investigaciones internas van mucho más allá de una advertencia verbal, sino que pueden "comprometer la carrera" de un agente, "afectar a su reputación", "limitar sus expectativas de ascenso"...
Y todo ello, si subyacía un fin espurio, se habría usado para "generar un permanente clima de incertidumbre" entre los investigadores de la UCO.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Mercedes González en Fitur, en 2023.
La jurisprudencia señala que la intimidación no requiere una amenaza verbal y explícita. También puede producirse mediante aquellas acciones que pretenden "coartar la libertad" de un sujeto y que revelen una "seria capacidad de influencia sobre su comportamiento".
Pese a todo ello, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido este jueves que no hay ningún motivo para que Mercedes González dimita como directora general de la Guardia Civil.
Según ha argumentado en una comparecencia ante la prensa, "está imputada por hacer unos cafés".
El que sí ha pedido la dimisión de González ha sido el partido Iustitia Europa (IE), que ejerce la acusación popular en varias de las causas que atenazan al PSOE y al Gobierno. Entre ellas, el caso Leire.
A través de un escrito dirigido al Ministerio de Defensa, IE señala que "la imputación de la directora de la Guardia Civil afecta directamente a la confianza ciudadana en la neutralidad, independencia y limpieza" del Instituto Armado, así como a la "protección de las investigaciones en curso".
Desde que ocupa el Palacio de la Moncloa, Sánchez también ha rebasado otros límites en el terreno político.
Habiéndose opuesto a una amnistía a los delitos cometidos en el seno del procés, su Gobierno la acabó impulsando y logrando su aprobación.
Sucedió lo mismo con los pactos con Bildu —el PSOE firmó acuerdos con los abertzales, pese a que Sánchez repetía que nunca sucederían— y con las negociaciones con Junts.
En 2019, el presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista negaba con vehemencia —"No es no y nunca es nunca"— que su partido fuese a rubricar acuerdos con el independentismo ni permitir que la gobernabilidad de España dependiera de partidos como ERC o Junts.
Cuatro años más tarde, en 2023, el PSOE aceptó que un mediador internacional supervisase las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia.
