Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado por la corrupción.
Doce causas abiertas para 12 meses de legislatura: el calvario judicial que le queda a Sánchez antes y después de las urnas
El Gobierno mantiene su hoja de ruta de celebrar las elecciones en julio de 2027 pese a los frentes abiertos en los juzgados.
Más información: Visto para sentencia el primer juicio por corrupción contra un exministro con el presidente que lo nombró aún en Moncloa
El verano de 2027 pondrá fin a esta legislatura, la XV Legislatura, si el presidente del Gobierno se mantiene en su idea de no convocar elecciones anticipadas.
¿La fecha límite para acudir a las urnas? El 22 de agosto, aunque dicho mes, en pleno verano y con parte del país de vacaciones, parece descartado para convocarlas. Especialmente, si Pedro Sánchez pretende movilizar a su electorado.
Por tanto, como tarde, los comicios serían en julio de 2027, lo que supondría tener que disolver las Cámaras legislativas a finales de mayo o principios de junio del próximo año.
Este calendario aboca al Gobierno y al PSOE, en estos próximos doce meses, a continuar sufriendo el mismo calvario judicial que lleva padeciendo hasta ahora en, precisamente, doce causas judiciales que ya suponían, suponen y supondrán un quebradero de cabeza para Moncloa.
Un vía crucis compuesto por, entre otras estaciones, el caso Leire, el caso Adamuz o los juicios en los que se sentarán en el banquillo Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, o su hermano, David Sánchez.
Además, próximamente, el Tribunal Supremo dictará la sentencia sobre el exministro José Luis Ábalos, hombre fuerte del presidente del Gobierno no sólo en el Ejecutivo, sino en el Partido Socialista, del que fue, hasta 2021, secretario de Organización.
La primera estación del vía crucis será la hipotética condena a Ábalos, que hasta él mismo dio por hecho cuando fue interrogado en el Supremo.
De suceder, como es probable —el fiscal subrayó la "abrumadora prueba" que existe contra el exdirigente— , se producirá una situación inédita: un exministro condenado mientras el presidente que lo nombró y encumbró aún es inquilino del Palacio de la Moncloa.
Con estos mimbres, la sentencia del caso Ábalos, más allá de la hipotética responsabilidad penal de los acusados que determine, también será recibida, en el escenario parlamentario, en términos de responsabilidad política. Principalmente, de Sánchez.
1. El 'caso Ábalos'
El pasado miércoles, al filo de las nueve y media de la noche, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, el magistrado Andrés Martínez Arrieta dejaba "visto para sentencia" el juicio del caso Ábalos.
Unos minutos antes, el exministro y principal acusado en esta causa, hizo uso de su derecho de última palabra. "Tengo que aprovechar, porque me juego la poca vida que me queda", explicó.
Ábalos está acusado de haber cobrado dádivas y comisiones ilegales, al igual que su principal asesor, Koldo García, a cambio de amañar contratos públicos.
También, de haber ordenado el enchufe en la Administración de dos mujeres: su antigua amante, Jésica Rodríguez, y la ex miss Asturias sénior Claudia Montes.
En concreto, en esta causa, también conocida como caso Mascarillas, se investigaron dos adjudicaciones concedidas a dedo en 2020, en plena pandemia, a la empresa Soluciones de Gestión SL para el suministro de cubrebocas al Ministerio de Transportes.
Durante su declaración como acusado, el exministro, en todo victimista, lamentó que este "caso mediático" haya sido "juzgado hace tiempo" y "con condena clara" en su contra.
2. Juicio al hermano
El próximo 28 de mayo, comienza en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.
Músico de profesión, está acusado de haber disfrutado de una plaza artística en la Diputación pacense concedida ad hoc, según la tesis de la juez instructora, por Miguel Ángel Gallardo, quien fuese presidente de este organismo provincial y líder del PSOE extremeño.
Gallardo también se sentará en el banquillo de los acusados, junto a otros cargos de la Diputación. Algunos, militantes del PSOE.
Otro de los acusados en este juicio es Luis Carrero, el antiguo asesor de Moncloa que, en 2023, pasó a trabajar como colaborador de David Sánchez en la Diputación pacense.
La instructora del caso, Beatriz Biedma, en una de sus resoluciones, subrayó la "capacidad de influencia" de Pedro Sánchez sobre el PSOE de Badajoz cuando, en 2017, su hermano fue contratado en la Diputación.
3. El 'caso Begoña'
Por su parte, si la Audiencia Provincial de Madrid no lo impide, Begoña Gómez se sentará en el banquillo de los acusados, aún en una fecha inconcreta, pero sí ante un jurado popular.
Es decir, serían nueve ciudadanos anónimos, legos en Derecho, quienes decidan sobre su culpabilidad o inocencia.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el VIII Congreso Nacional de Industria.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/10\/actualidad\/1003744123731_261343067_320x180.jpg"])
El pasado abril, el juez Juan Carlos Peinado propuso que Gómez se sentase en el banquillo junto al empresario Juan Carlos Barrabés y a la asesora Cristina Álvarez.
Esta última, pese a cobrar un sueldo público, realizó gestiones privadas en favor de los negocios de la esposa de Sánchez. Especialmente, en torno a la cátedra universitaria que co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Barrabés formó parte del claustro del máster adscrito a dicho proyecto académico, cuyo currículo ayudó a perfilar, y, además, presentó en 2021 a dos procesos de licitación pública unas cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente del Gobierno.
4. Amaño de obras públicas
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga una supuesta trama de amaño de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. Una de las piezas fundamentales de esta causa es Santos Cerdán, sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE.
Koldo García, también investigado en esta causa, grabó subrepticiamente algunas de sus conversaciones con Cerdán. Y en ellas se escucha cómo el dirigente, mientras aún era número tres del PSOE y diputado en el Congreso, menciona lo que parece ser un reparto de mordidas pagadas por la constructora Acciona.
Por otro lado, como publicó EL ESPAÑOL, Javier Herrero, el exdirector general de Carreteras investigado en esta causa, recibió un pago de 25.440 euros de una constructora que se llevó un contrato de obra pública, licitado por ese mismo departamento, por valor de más de 92 millones de euros.
Ábalos y Koldo García también están investigados en esta causa judicial.
Este último intervino en el nombramiento de Herrero como director de Carreteras en 2018.
En un documento, hallado por la Guardia Civil y publicado por este diario, el entonces asesor de Transportes subrayó la importancia de convertir a Herrero en alto cargo.
"Lo han tenido dos años a pan y agua por socialista", escribió García.
5. Los tickets del PSOE
Ese mismo juez, Ismael Moreno, en una pieza separada de la causa anterior, investiga supuestas irregularidades en la contabilidad del PSOE.
Este caso, conocido como caso Tickets, se deriva de la declaración judicial que, como testigo, el exgerente del partido, Mariano Moreno, prestó en el Supremo, durante la instrucción del caso Ábalos.
![Mariano Moreno](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/22\/actualidad\/1003744216843_262568320_320x180.jpg"])
Allí, Moreno admitió que no realizaba especiales comprobaciones de la veracidad de los gastos que los altos cargos del PSOE cargaban al partido y la formación, a través de su caja contable, les reembolsaba.
De hecho, el juez Leopoldo Puente, instructor del caso Ábalos, le reprochó que esta falta de controles internos podía amparar el blanqueo de capitales.
6. La 'fontanera' del PSOE
El juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez por los supuestos delitos de cohecho y de tráfico de influencias. Esta mujer es conocida como la fontanera del PSOE.
Zamarriego analiza sus maniobras para, presuntamente, torpedear las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
Estos dos organismos son, precisamente, los que impulsaron algunas de las investigaciones anteriores, como el caso Begoña, el caso Ábalos o el caso David Sánchez.
Leire Díez se reunió con el fiscal Ignacio Stampa y con empresarios investigados por la Audiencia Nacional, por ejemplo. Como subrayó la Fiscalía en un escrito, hacía alusión a altas instancias del Estado para apuntalar sus ofertas durante sus negociaciones.
De hecho, durante su reunión con Stampa, la propia Leire se presentó a sí misma como "la mano derecha de Santos Cerdán" y como "la persona que ha puesto el PSOE". Así se desprende de la grabación de aquel encuentro, que el fiscal grabó en secreto.
7. Leire y la SEPI
Y el llamado caso Leire no es la única causa judicial en la que la fontanera del PSOE está implicada. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la investiga como parte de una supuesta red criminal dedicada, entre 2021 y 2023, a cobrar comisiones ilegales a empresas a cambio de desplegar ciertas influencias.
En concreto, Díez, junto a Antxón Alonso y a Vicente Fernández habrían participado en, al menos, cinco amaños, en operaciones que suman un valor total aproximado de 132 millones de euros. Así lo cuantificó la UCO.
Alonso es el constructor socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000 SL.
Fernández, por su parte —hombre muy cercano a la exministra de Hacienda y ex vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero— presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Montero, además, es la candidata socialista a las próximas elecciones a la Junta de Andalucía.
Esta causa se instruye bajo secreto de sumario. Existen más investigados cuyas identidades, por el momento, no han trascendido.
8. Plus Ultra
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama también investiga una red internacional que, supuestamente, blanqueó dinero a través del rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.
Esta ayuda pública fue concedida en marzo de 2021, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid indagó en la concesión de este rescate hasta 2023, cuando la juez Esperanza Collazos se vio obligada a archivar esta causa, sin haber citado aún a declarar como investigado a ningún representante de la aerolínea, por un error procesal. No había dictado, en los plazos que marca la ley, la prórroga de esta instrucción.
No obstante, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia con nuevos datos, acerca de un supuesto blanqueo de capitales canalizado a través de los fondos del rescate.
Así las cosas, Collazos abrió una causa y no tardó en enviarla a la Audiencia Nacional. Uno de los investigados es Julio Martínez, apodado Julito y amigo muy cercano del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
De hecho, Julito cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades, casi la misma cantidad que, posteriormente, él pagó a Zapatero a cambio de supuestas labores de consultoría.
![El Airbus A340-300 de Plus Ultra Líneas Aéreas](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/13\/actualidad\/1003744088685_260902803_320x180.jpg"])
9. El 'caso Forestalia'
Tras una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que se saldó con seis detenidos, un Juzgado de Teruel indaga en una supuesta red de corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos.
Entre los investigados se encuentran Fernando Samper, el dueño de la empresa Forestalia, y Eugenio Domínguez, exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica.
La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Supuestamente, Domínguez, mientras ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, habría influido de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de comisiones ilegales.
![Sede Forestalia en la Calle coso nº33 de Zaragoza](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/11\/actualidad\/1003744051007_260424322_320x180.jpg"])
10. El 'caso Sendaviva'
El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona investiga por cohecho y tráfico de influencias al empresario Carlos Vidaurre Oraven, dueño de Adentro Construimos SL.
Esta causa, el llamado caso Sendaviva, abarca, por un lado, las obras de reconstrucción del parque Sendaviva, ubicado en la Ribera de Navarra, tras el incendio de 2022 y, por otro, los trabajos realizados por la citada constructora en un piso del parlamentario socialista Ramón Alzórriz.
El Juzgado investiga si el Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, troceó en varios contratos menores una misma obra para adjudicar, en conjunto, cerca de 800.000 euros a Adentro Construimos SL durante las obras de reconstrucción del parque, localizado a 80 kilómetros de Pamplona.
Las cuatro adjudicaciones se articularon como contratos menores, con importes por debajo de los 200.000 euros. Uno de ellos, de hecho, asciende a 199.999 euros, un euro por debajo del límite legal.
En paralelo, la semana pasada, la juez Rebeca Esther Alonso, titular del Juzgado, remitió la querella que dio origen a esta causa, presentada por Vox, al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para que valore si asume la investigación sobre Ramón Alzórriz, al estar aforado.
En este procedimiento también figura como investigado el exgerente de Parquenasa, Rubén González Martínezde Morentin, la sociedad que gestiona Sendaviva y que está participada por NICDO, dependiente del Gobierno de Navarra.
El dueño de Adentro Construimos, Carlos Vidaurre, es un nombre conocido en el entorno socialista navarro. El empresario remodeló la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN). Y también se ocupó de las obras de reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz en 2024.
11. Tragedia en Adamuz
El Juzgado de Instrucción número 3 de Montoro (Córdoba) investiga las causas del accidente de tren ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas.
La Guardia Civil ha concluido que una fractura de la vía fue lo que provocó el siniestro.
Aunque, por el momento, no hay ningún político investigado, el PP sí ha cargado, a raíz de la apertura de este procedimiento, contra el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
Asimismo, a lo largo de la investigación, se han producido varios desencuentros entre Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, y la juez titular del Juzgado, Cristina Pastor.
Por otro lado, en un informe, la Guardia Civil subrayó que la fractura de la vía se produjo la noche previa al siniestro y que el sistema de alertas no avisó debido a un problema en la señalización.
El sistema está configurado de forma que no era tan sensible como para detectar esa fractura precisa.
En dicha zona, una sensibilidad mayor del sistema de alertas provocaría continuas falsas alarmas.
Debido a esto, está configurado con un umbral de alerta muy bajo (0,780 voltios). Como la tensión tras la rotura de la vía tan sólo bajó a 1,5 voltios, el sistema no emitió una alerta, porque, aunque el bajón fue brusco, la cifra no alcanzó dicho umbral.
12. El 'caso Hidrocarburos'
En esta causa judicial, la Audiencia Nacional investiga un supuesto fraude a Hacienda, de más de 200 millones de euros, cometido por empresas del sector del combustible.
Uno de los investigados es Víctor de Aldama, quien facilitó una reunión en el Ministerio de Industria entre varios representantes de la compañía Villafuel SL y el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto.
Hazte Oír, una de las acusaciones populares de esta causa, solicitó al juez Santiago Pedraz que investigase también a José Luis Ábalos y a Koldo García tras la publicación de un informe de la UCO que revelaba que la supuesta trama criminal destinó "un millón de euros a comprar la voluntad" del extitular de Transportes y otros cargos públicos para que les facilitaran los permisos para operar con hidrocarburos.
El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, lo rechazó.
Por otro lado, quien sí está investigada en esta causa es Carmen Pano, la mujer que asegura que entregó 90.000 euros, en dos bolsas, en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.
![Fotomontaje de una fotografía de Pedro Sánchez y Leire Díez, junto a fragmentos de las notas de la 'fontanera'.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/06\/05\/actualidad\/1003744276033_263364867_1706x1278.jpg"])
![Página de las agendas de Leire.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/06\/05\/actualidad\/1003744275900_263363096_1706x1279.jpg"])
![Luis Grosclaude, socio de Grosclaude&Partners.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/06\/05\/actualidad\/1003744274899_263349298_1706x1280.jpg"])