La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una imagen reciente.
La juez del 'caso Sendaviva' investiga al constructor que reformó la sede del PSN y el piso del 'número dos' de Chivite
Se investiga si el Gobierno navarro troceó en varios contratos menores una misma obra para adjudicar 800.000 euros a una misma constructora.
La magistrada remite al TSJ de Navarra la causa sobre la mano derecha de la presidenta foral, Ramón Alzórriz, dada su condición de aforado.
Más información: Chivite niega a la jueza los contratos del 'caso Sendaviva', concedidos a su constructora 'amiga' e investigados por troceo
El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona investiga por cohecho y tráfico de influencias al empresario Carlos Vidaurre Oraven, dueño de Adentro Construimos SL.
Esta causa, el llamado caso Sendaviva, abarca, por un lado, las obras de reconstrucción del parque Sendaviva, ubicado en la Ribera de Navarra, tras el incendio de 2022 y, por otro, los trabajos realizados por la citada constructora en un piso del parlamentario socialista Ramón Alzórriz.
El foco principal de la investigación está en Sendaviva.
El Juzgado investiga si el Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, troceó en varios contratos menores una misma obra para adjudicar, en conjunto, cerca de 800.000 euros a Adentro Construimos SL durante las obras de reconstrucción del parque, localizado a 80 kilómetros de Pamplona.
Las cuatro adjudicaciones se articularon como contratos menores, con importes por debajo de los 200.000 euros.
Uno de ellos, de hecho, asciende a 199.999 euros, un euro por debajo del límite legal.
De esta forma, se evitó tener que convocar una mesa de contratación y abrir el proceso a la concurrencia, tal y como exige la Ley Foral de Contratos Públicos.
Dos de esos contratos, además, fueron adjudicados el mismo día, el 15 de noviembre de 2023, con objetos prácticamente idénticos.
En paralelo, y según el escrito de admisión de querella al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la juez Rebeca Esther Alonso, titular del Juzgado, ha remitido testimonio de la querella al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para que valore si asume la investigación sobre Ramón Alzórriz, al estar aforado.
En la causa también figura como investigado el exgerente de Parquenasa, Rubén González Martínez de Morentin, la sociedad que gestiona Sendaviva y que está participada por NICDO, dependiente del Gobierno de Navarra.
El dueño de Adentro Construimos, Carlos Vidaurre, es un nombre conocido en el entorno socialista navarro. El empresario remodeló la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN).
Y también se ocupó de las obras de reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz en 2024.
El inmueble, situado en una de las zonas más exclusivas de la capital foral, fue adquirido poco después de que la pareja de Alzórriz, Diana Enériz, trabajara en Servinabar, la constructora de la que tenía un 45% de sus participaciones Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, exdiputado en el Congreso e investigado, actualmente, por corrupción.
Por otro lado, la juez del caso Servinabar ha solicitado a la Intervención General del Gobierno de Navarra que remita al Juzgado todos los informes que haya elaborado sobre los contratos de las obras de reconstrucción de Sendaviva tras el incendio de 2022.
La investigación judicial parte de una querella de Vox, que acusa al Ejecutivo foral de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras de Sendaviva.
Troceo "irregular"
Tras esa denuncia, se encargó una auditoría externa por Parquenasa, que gestiona el parque Sendaviva.
El informe final de esa auditoría, adelantado por este periódico, apreció indicios de fraccionamiento en las adjudicaciones públicas.
El informe advierte de que "no se permite dividir un contrato en varios con el fin de reducir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación que corresponda".
![La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, este lunes.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/21\/actualidad\/1003744098911_261029644_320x180.jpg"])
La auditoría, elaborada por la firma PKF Attest, recuerda que la ley prohíbe partir una misma obra en varios contratos para rebajar controles.
El aviso de este informe, conocido en febrero, coincide con la investigación abierta por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, que detectó "presuntas irregularidades" en "materia de contratación pública" por un posible fraccionamiento "indebido".
En el caso de Sendaviva, explica el informe, la obra se dividió en dos fases. Una consistía en preparar el terreno de acceso al parque —una gran plataforma de suelo para nivelar la entrada— y la otra en construir encima el edificio de control de accesos.
Según el propio proyecto, primero debía ejecutarse esa preparación del terreno para que después pudiera levantarse el edificio. Por eso, la auditoría señala que esa primera fase figuraba como "una condición necesaria para la edificación".
Dicho de forma sencilla: sobre el papel, el proyecto decía que una obra dependía de la otra. Y eso es lo que lleva a la auditora a plantear si ambas actuaciones debieron contratarse juntas y no por separado.
![La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el pasado 9 de enero.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/01\/15\/actualidad\/1003744090447_260924271_320x180.jpg"])
Ante esos indicios de troceo, la auditora pidió al arquitecto que dirigió las obras que explicara por qué se separaron los contratos.
El técnico, el arquitecto Santiago Iribarren, defiende que las fases eran "actuaciones autónomas" y que la mención en el proyecto a que primero había que hacer la explanada fue una "errata" sin efectos reales en la obra.
El informe llama la atención sobre otra cuestión: casi todos los cambios introducidos en las obras se quedan al borde del límite legal. Varias modificaciones suponen un 9,69% o un 9,99% del precio inicial, justo por debajo del 10% que marca la ley.
En la práctica, esto significa que se añadieron trabajos a los contratos sin rebasar el umbral que habría obligado a repetir el procedimiento o a someter las obras a más controles. Esos cambios se justifican como "estrictamente indispensables".
![Fotomontaje de una fotografía de Pedro Sánchez y Leire Díez, junto a fragmentos de las notas de la 'fontanera'.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/06\/05\/actualidad\/1003744276033_263364867_1706x1278.jpg"])
![Página de las agendas de Leire.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/06\/05\/actualidad\/1003744275900_263363096_1706x1279.jpg"])
![Luis Grosclaude, socio de Grosclaude&Partners.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/06\/05\/actualidad\/1003744274899_263349298_1706x1280.jpg"])