La abogada que demanda al Ministerio de Igualdad de Irene Montero: "Se apropió de mi trabajo, así hace el colonialismo"

La demanda ha sido presentada en la Audiencia Nacional, ha sido recientemente admitida a trámite y se encuentra a la espera de contestación por parte de Igualdad. La jurista reclama a Igualdad unos 375.000 euros, aproximadamente.

Según relata la demanda, Adilia de las Mercedes, debido a su experiencia en la defensa legal de las mujeres, fue contactada en 2021 por el equipo de Montero para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

De acuerdo con su versión, sufrió una "apropiación ilegítima" de su trabajo por parte de Igualdad, así como una "violencia institucional" basado en su origen étnico-racial y en sus opiniones políticas.

Tal y como informa De las Mercedes en una nota de prensa, por parte de Igualdad "decidió borrar toda huella" de su "autoría" sobre este texto sin que la cúpula actual del Ministerio, encabezado ahora por la socialista Ana Redondo, "haya realizado acción alguna para cesar esta discriminación y/o reparar el daño".

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En el mismo difundido, la letrada lamenta esta situación: "El Ministerio de Igualdad no sólo expolió un conocimiento de más de 25 años, sino que violó en múltiples ocasiones los principios que rigen la actuación de la Administración".

"El Ministerio de Igualdad de Irene Montero buscó a una persona que conociera los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos, tanto en las Américas como en Europa, para después hacer lo que que el colonialismo lleva siglos haciendo: apropiarse de ese conocimiento producido en otros territorios y presentarlo como propio", añade.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Adilia de las Mercedes reclama, en primer lugar, 97.860 euros (más intereses de demora) a la Administración por su "enriquecimiento injusto".

Por otro lado, solicita a la Justicia que declare que ha sido "víctima de daño psíquico" por parte del Ministerio de Igualdad y, en consecuencia, sea indemnizada con 8.776,05 euros.

A esta cantidad, la demanda suma otros 958,54 euros; se trata de la indemnización que la jurista solicita como "víctima de daño físico".

Además, reclama otros 25.000 euros por el daño moral provocado por "vulneración del derecho a la autoría" del texto legal.

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A esa cifra, la demanda suma otros 20.000 euros, por el "daño moral reputacional", y 20.000 más por el "daño moral por vulneración de la libertad de expresión".

Finalmente, "por el daño moral por haber sido sometida a un trato discriminatorio", Adilia de las Mercedes reclama la suma de 200.000 euros, así como otros 3.950 euros por haber sido "perjudicada con daño emergente". En total, unos 375.000 euros, aproximadamente.

"Montero mintió desde las Cortes"

En su nota de prensa, la jurista señala que "ninguna mujer, por fuerte que sea, está preparada para ser discriminada y violentada sistemáticamente por la institución encargada de trabajar contra la violencia hacia las mujeres racializadas, que también construimos este país día a día".

"Ha sido muy revictimizante ver cómo, mientras portaba un pañuelo verde en la muñeca —símbolo de las luchas latinoamericanas por el aborto—, Irene Montero mentía desde las Cortes a toda la ciudadanía una y otra vez, al adjudicarse a sí misma y a su equipo la redacción de la nueva Ley del Aborto de España", señala el comunicado.

"En todos sus discursos, es perfectamente trazable cómo nombró a muchas mujeres —todas ellas, españolas— y nunca a la única mujer racializada que dedicó meses enteros para que pudiera existir la actual ley y que ella pudiera cumplir en plazo una promesa que había hecho a la ciudadanía", reprocha De las Mercedes.

"En un solo acto, la ministra intentaba borrar dos hechos: que fue una mujer de origen centroamericano quien redactó el borrador de esa ley estatal y que la norma, de la que tanto presumía como vanguardista, está basada en leyes latinoamericanas que llevan años vigentes en las Américas, región donde se han desarrollado los más altos estándares de derechos en materia de salud, derechos sexuales y derechos reproductivos, gracias a las luchas incansables del movimiento feminista de Abya Yala", sostiene la jurista.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el Ministerio de Igualdad para preguntar por este asunto.

En respuesta, una portavoz del mismo —encabezado, a día de hoy, por Ana Redondo— subraya que los hechos narrados en la demanda se producen entre 2021 y 2023, "correspondientes, por tanto, a una etapa anterior".

"El actual Ministerio ya ha puesto a disposición de la Justicia el expediente completo [de la elaboración de la ley] y seguirá colaborando en todo lo que se le requiera", señala esta portavoz.