El excomisario José Manuel Villarejo.
La Audiencia Nacional rebaja de 19 a 13 años de cárcel la primera condena de Villarejo y vuelve a absolverle de cohecho
La Fiscalía Anticorrupción defendía que el excomisario de Policía debía ser condenado por cohecho, pero la Sala de Apelación lo rechaza.
Más información: Anulada la condena de 19 años a Villarejo: el tribunal deberá analizar de nuevo si hubo cohecho
La Audiencia Nacional ha rebajado, de 19 años de prisión a 13, la primera de las condenas impuestas al excomisario de Policía José Manuel Villarejo.
La Sala de Apelación desoye así a la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de aumentar la pena al incluir el delito de cohecho.
Lejos de ello, este tribunal ha absuelto al excomisario de este ilícito, como ya hicieran los magistrados que le enjuiciaron.
Además, reduce seis años la condena, al exonerarle ahora de dos delitos de falsedad en documento mercantil.
La Sala de Apelación considera que las labores de investigación y espionaje que le fueron encargadas a Villarejo por parte de particulares no guardaban relación no las realizó en el ejercicio de su cargo como policía ni guardaban relación con sus funciones públicas.
En mayo de 2024, la Sala de Apelación obligó a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal (la encargada de juzgar a Villarejo) a rehacer su fallo una vez analizase con mayor precisión y detenimiento si el acusado cometió o no un delito de cohecho, como sí sostenía Anticorrupción.
El tribunal enjuiciador, en su segunda sentencia, volvió a desoír a la Fiscalía y a exonerar al expolicía de este delito. Mantuvo, no obstante, la pena de cárcel en 19 años.
Anticorrupción volvió a recurrir esta decisión. Y, ahora, en respuesta, la Sala de Apelación, encargada de revisar la condena, descarta el cohecho, en línea con el criterio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.
En su sentencia, fechada este miércoles, la Sala de Apelación considera que, en el segundo fallo del tribunal que enjuició a Villarejo, "ya no obran omisiones valorativas de pruebas sustanciales".
No obstante, sí reprocha que la Sala de lo Penal, en su segunda resolución, "no realiza una valoración pormenorizada de cada prueba, como hubiera sido de desear".
Por contra, el tribunal enjuiciador acabó haciendo "una valoración conjunta de todas ellas". Sin embargo, no es motivo suficiente como para anular, de nuevo, su fallo, como volvía a pedir la Fiscalía.
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El razonamiento de la nueva sentencia condenatoria, ahora sí, es suficiente, considera la Sala de Apelación. Cuenta con las "explicaciones coherentes y de todo punto racionales" que antes se echaban en falta.
"Reevaluadas [las pruebas], a la luz de lo que solicitamos, [al tribunal enjuiciador, el de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal] le hacen mantenerse en idéntica convicción", expresan los magistrados de la Sala de Apelación.
"Aquellas [pruebas] no le convencen para variar su certidumbre. De manera que ya no procede una anulación de la sentencia por omisiones o irracionalidades valorativas", señalan, denegando así la petición de Anticorrupción.
El juicio
En 2023, Villarejo fue juzgado, de forma conjunta, por tres de las piezas que constituyen la macrocausa que lleva su nombre, el caso Villarejo, con más de medio centenar de ramificaciones. Se trató de Iron, Land y Pintor.
La Fiscalía pedía, en total, una pena de 83 años y 6 meses de cárcel para el excomisario. Estos tres términos hacen referencia a los nombres con los que Villarejo designó los proyectos de investigación y espionaje por los que fue contratado.
La pieza Iron (con una petición de pena de 44 años de prisión por parte del fiscal) se refería a un encargo hecho a Villarejo en 2013 por el bufete Herrero y Asociados.
Esta firma le encomendó que investigara si varios de sus antiguos socios y empleados, que se habían marchado de la firma para crear la suya propia, estaban entrando en sus bases informáticas para sustraer clientes.
En la pieza Land (con una petición de pena de 38 años y 10 meses de prisión por parte de Anticorrupción) se condenó a Villarejo a tres años de cárcel por falsificación de documento mercantil y a otros nueve años como autor de tres delitos de revelación de secretos particulares.
¿Por qué? Por haber descubierto y revelado los datos de posicionamiento y tráfico de llamadas, entre julio y agosto de 2013, de Silvia Gómez-Cuétara, viuda de Luis García Cereceda, propietario de Procisa, de una conocida de ésta y de un empleado.
El encargo fue hecho por Susana García-Cereceda y dos de sus empleados, Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández Aumente, en el marco de una disputa interna de la familia García-Cereceda por la herencia del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca.
Finalmente, la Fiscalía pedía para Villarejo cinco años y seis meses de prisión en Pintor.
En esta pieza, se juzgó la contratación de Villarejo por el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando Muñoz para espiar a un exsocio, Mateo Martín Navarro, y al abogado de éste, el exjuez Francisco Javier de Urquía, con el fin de extorsionarles.
