El juez Llarena, saliendo del Tribunal Supremo, en una imagen de archivo./
El juez Llarena gana la batalla a Puigdemont en Bruselas: el TS belga rechaza la demanda civil del expresidente catalán
La Corte de Casación frustra la maniobra contra el instructor del 'procés' para que fuera condenado, desacreditarle en Europa y apartarle del caso en España.
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La Corte de Casación de Bélgica ha desestimado el recurso de Carles Puigdemont contra el rechazo de la demanda civil con la que pretendía que se condenase al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la instrucción del 'procés' y por unas declaraciones públicas que, según el expresidente catalán, vulneraban su honor.
La decisión del más alto tribunal belga no solo frustra de manera definitiva una maniobra con la que la defensa de Puigdemont buscaba desacreditar a Llarena y utilizar una eventual condena para apartarle de la causa del 'procés'.
El fallo, además, se suma a otras resoluciones de la Justicia europea en los dos últimos años adversas al expresidente catalán, que ha visto cómo el Tribunal de la UE estimó los planteamientos de Llarena en una cuestión prejudicial y avaló también la decisión del Parlamento Europeo de denegarle el escaño en 2019 por no haber ido a Madrid a acatar la Constitución.
Puigdemont, en compañía de Antoni Comin, Lluís Puig y Clara Ponsatí presentó el 5 de junio de 2018 una insólita demanda contra el juez Llarena en la que pedía que fuera condenado a pagarles un euro a cada uno de los demandantes por vulnerar sus derechos con decisiones adoptadas como instructor del 'procés' que "traslucen su parcialidad" contra el independentismo.
También alegó que el magistrado del Tribunal Supremo -que le mantiene procesado por malversación de fondos públicos y con la orden nacional de detención vigente- "atacó su reputación y su honor" debido a unas manifestaciones públicas en las que, a preguntas de la prensa, negó que estuviera investigando "delitos políticos".
La demanda manipulaba unas declaraciones de Llarena, alterando sus palabras para dar a entender que albergaba prejuicios contra los demandantes. Pero, pese a todo, fue desestimada por el Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas el 27 de marzo de 2020.
El tribunal recordó el inveterado principio de Derecho internacional público de que "un Estado no tiene el poder de juzgar a otro" y que esa inmunidad de jurisdicción incluye también a los jueces, que son "órganos del Estado".
Más de cinco años después, la Corte de Casación ha rechazado el recurso de Carles Puigdemont contra la decisión de los jueces de primera instancia. En una resolución notificada el pasado 20 de marzo, ratifica que los tribunales belgas carecen de jurisdicción para juzgar "actos de soberanía" de otro Estado, entre los que se encuentran los que se realizan en el ejercicio de la función judicial.
"Para tales actos [de soberanía] los Estados gozan, por regla general, de inmunidad de jurisdicción", reitera la Corte de Casación belga.
También confirma que las manifestaciones de Llarena no fueron hechas a título privado, sino que pueden considerarse realizadas dentro de la esfera de una autoridad pública, por lo que los tribunales belgas tampoco tienen jurisdicción para enjuiciarlas.
"En cualquier caso, no se alega que los demandantes no dispusieran de ninguna vía de recurso para impugnar la responsabilidad del Reino de España o de su órgano [el magistrado del Supremo] ante los tribunales españoles", concluye.
Puigdemont contra España, España le amnistía
Bélgica ha tardado cerca de siete años en zanjar la estrambótica acción legal de Puigdemont. Mientras el expresidente catalán litigaba en el extranjero contra España, aquí se ha modificado el Código Penal para eliminar el delito de sedición que se le imputaba y después se ha aprobado una ley de amnistía con la pretensión de librarle de todas las responsabilidades penales y económicas.
La demanda de Puigdemont obligó a la Abogacía del Estado a contratar a abogados en Bruselas para defender al Reino de España y a Llarena.
Pese a su resistencia inicial a que el Estado asumiera la defensa del instructor del 'procés', la entonces ministra de Justicia y luego fiscal general, Dolores Delgado, acabó autorizando la contratación del abogado Hakim Boularbah, del prestigioso despacho Liedekerke. Antes había sido corregida por el propio presidente del Gobierno ("ésta no es una cuestión privada, sino de Estado", dijo Pedro Sánchez) y esa actuación le costó su segunda reprobación como ministra por parte del PP.
