Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo. Detrás, el fiscal de Sala Javier Huete./
García Ortiz, al juez: "Los datos de mi móvil son ultrasensibles. Los borro regularmente porque es una imposición legal"
"¿Filtró el correo del novio de Ayuso a cualquier persona del Gobierno?", le preguntó el abogado del Estado. "Rotundamente no", contestó.
Aseguró que no filtró "ni directa ni indirectamente" a la prensa o a Moncloa ningún dato sobre el fraude tributario del empresario González Amador, que es "un ciudadano como todos".
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Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, aseguró el pasado 29 de enero ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que no "facilitó, divulgó ni reveló" ningún dato relacionado con el expediente tributario abierto a Alberto González Amador, ni la denuncia interpuesta por el fiscal Julián Salto ni los correos electrónicos en los que la defensa del empresario, que es pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, admitía que su cliente cometió dos delitos fiscales.
"Rotundamente no", contestó el fiscal general cuando el abogado del Estado que le defiende le preguntó si había revelado esos datos "directa o indirectamente" tanto a la prensa como "a cualquier persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España".
García Ortiz, el primer fiscal general que declara como investigado en la etapa democrática, también sostuvo que no tiene "ninguna constancia" de que se filtrara desde la Fiscalía el correo electrónico del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador, Carlos Neira, ofreció a la Fiscalía de Delitos Económicos un acuerdo de conformidad para reconocer los delitos tributarios a cambio de una rebaja de la pena.
"Por supuesto que no", añadió a la pregunta de si intentó obstaculizar ese pacto. "El señor Amador es un ciudadano como todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales", dijo.
Sobre su cambio de dispositivo móvil una semana después de que el Tribunal Supremo le abriera una causa por presunta revelación de datos reservados, García Ortiz afirmó que su teléfono "alberga información que por supuestísimo puede afectar a la seguridad de este país". "Creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal y tanta información como tiene el fiscal general", añadió.
"Yo borro todo, absolutamente todo, de una manera regular", aseguró. "Son datos ultrasensibles. No puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga".
"Borro todo, pero no sólo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal. Debemos borrar los datos de nuestros terminales. No lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, lo dice la ley de protección de datos española".
El fiscal general sostuvo que se ha hecho una "inferencia ilógica" sobre su cambio de móvil. "Yo pido el nuevo dispositivo en mayo [de 2024] y no lo activo hasta el 23 de octubre" siguiente, ocho días después de la apertura de la causa por la Sala Penal.
"La inferencia que se hace es que cambio el móvil con motivo de esta causa. Me parece un razonamiento sostenible desde una perspectiva futura, pero si yo hubiera querido ocultar datos lo hubiera cambiado el 30 de julio, cuando se eleva la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o lo hubiera cambiado el 15 o el 16 de octubre. No iba a exponer mis datos durante seis días a la ligera", explicó.
El hecho de que coincidiera el cambio de terminal con el inicio del proceso en el alto tribunal es "bastante circunstancial", añadió. "Es absolutamente impensable" un registro del despacho del fiscal general, que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde había calificado minutos antes de "allanamiento". "No hay precedentes en todo el Derecho europeo de que se entre en el despacho del fiscal general y se le incaute el dispositivo", agregó García Ortiz.
