El empresario Álvaro Romillo, en una imagen reciente.
El juez procesa por estafa al financiador de Alvise y a 9 personas más y les impone una fianza de casi 250 millones
El empresario Álvaro Romillo, quien entregó 100.000 euros en efectivo al agitador convertido en eurodiputado, permanecerá en prisión provisional.
Más información: El juez bloquea 29 millones en una cuenta de Singapur a la que se envió el dinero de la estafa promocionada por Alvise
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso Madeira, ha procesado a Álvaro Romillo, creador de la plataforma de inversión Madeira Invest Club (MIC).
También, a otras nueve personas, entre los que se encuentran miembros de la familia del empresario, como su padre, su tío o su pareja.
Calama atribuye a los diez investigados los delitos de estafa agravada y de organización criminal y les ha impuesto una fianza, que deberán pagar de forma solidaria, de 247 millones de euros.
En el caso Madeira, el juez ha investigado la supuesta estafa piramidal cometida por Romillo y el resto de procesados a través del MIC. Está cuantificada en unos 185 millones de euros y hay 3.062 inversores perjudicados.
Por otro lado, el pasado año, tal y como él mismo confesó ante la Fiscalía, Romillo entregó 100.000 euros al agitador Alvise Pérez para financiar su campaña a las elecciones europeas, en las que éste consiguió un escaño en el Europarlamento.
Ahora, Calama, en la resolución con la que le procesa, señala que Romillo, que usaba el alias de CryptoSpain, "movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal, estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo" y con la que, supuestamente, cometió la estafa a gran escala.
El entramado estaba conformado por el propio empresario y por Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías, Pedro Estanislao Bris García, Domingo Romillo Iriarte (padre de Álvaro); Juan Carlos Romillo Iriarte (su tío); Mihaela Munteanu Manole (su pareja), David Alcázar Jiménez, Rosa María de Olivera de Castro, Yolanda Nieto Galera, y Juan José Moreno Ruiz.
Todos ellos, "bajo las instrucciones de su líder", añade el juez, "desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada [Madeira Invest Club] como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos".
Madeira Invest Club
Como detalla Calama, la web de la plataforma presentaba las inversiones canalizadas a través de ella como "seguras" y "rentables". De hecho, ofrecía distintos sectores en los que invertir: relojes de lujo, vehículos deportivos y de colección, propiedades inmobiliarias, startups, oro y otros metales preciosos, whisky...
El juez, no obstante, los tacha de "productos financieros ficticios, con la finalidad de atraer a potenciales inversores".
Madeira Invest Club ofrecía rentabilidades altas, de hasta el 20%. Sin embargo, según ha concluido el juez tras su investigación, estas aportaciones dinerarias fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, "sin que existiera actividad real de inversión".
Para conseguir su objetivo, CryptoSpain, presentándose como un gurú de la inversión, disponía de diferentes canales de comunicación, como sus perfiles en TikTok o YouTube.
Dentro de su estrategia de marketing también organizaba eventos multitudinarios. A uno de ellos, celebrado en 2024 poco antes de las elecciones europeas, acudió Alvise Pérez, quien, megáfono en mano, recomendó la inversión en el MIC y en el ámbito de las criptomonedas.
De hecho, el juez indica que el hoy eurodiputado ocupó "un lugar central y notorio" en aquel acto, celebrado en abril de 2024.
"El modelo de negocio ofrecido [por Madeira Invest Club] se basaba en un fraude", resume el juez. "El comportamiento de Álvaro Romillo fue engañoso y su intencionalidad, respecto de los capitales transferidos por los compradores, fue, desde el inicio, meramente captatoria", señala.
Fianza de 247 millones
En su auto, Calama impone a los diez procesados el pago de una fianza solidaria de 247.349.230 euros con el fin de hacer frente a las posibles responsabilidades económicas a las que tendrían que hacer frente en caso de ser condenados.
Dicha cantidad resulta de sumar un tercio a la cantidad supuestamente defraudada, tal y como establece la ley.
De forma paralela, la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar el desvío de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo, ya que esa parte del procedimiento, a diferencia de la pieza principal, en la que se ha investigado la estafa, se encuentra en un estado incipiente.
Además, el juez ha solicitado varias comisiones rogatorias (peticiones de ayuda y de entrega de documentación dirigida a las autoridades de otro país) y ha emitido órdenes europeas de investigación.
Por el momento, Calama acuerda mantener en prisión provisional a Romillo, dado el riesgo de que se fugue de España y de reiteración delictiva.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la Audiencia Nacional localizó una cuenta bancaria en Singapur, que albergaba 29 millones de euros y que había sido alimentada por dos empresas portuguesas propiedad de Álvaro Romillo y de su padre, respectivamente.
Según sospecha el juez, parte de los beneficios de la supuesta estafa terminaron desviados allí.
