El fiscal general critica en el Congreso al CGPJ y el fallo del Supremo que le atribuyó desvío de poder

Tras ser propuesto por el Gobierno para revalidar su nombramiento como fiscal general, García Ortiz ha comparecido ante la Comisión parlamentaria de Justicia para debatir sus méritos. 

A diferencia de la situación en la que estaba el 28 de julio de 2022, cuando pudo decir ante la misma Comisión "a mí me ha avalado el CGPJ para ser fiscal general", esta vez García Ortiz acudía al Congreso con un duro informe contrario del órgano de gobierno del Poder Judicial, que no le ha considerado idóneo para seguir dirigiendo el Ministerio Público.

"Ocho vocales interinos"

García Ortiz manifestó que una "menguada mayoría" de ocho vocales "internos", miembros de "un órgano diezmado, cuyo mandato caducó hace más de cinco años", parece haberse autoatribuido "una función de fiscalización de la actuación del fiscal general del Estado, como si se tratara de un órgano jerárquicamente superior".

"Ni los jueces ni su órgano de gobierno eligen en España a los fiscales. No es ese nuestro modelo legal ni constitucional. Nuestra autonomía se predica tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial", añadió.

El fiscal general se quejó de que el CGPJ le descalificara "sin darme ningún tipo de audiencia" y afirmó que los datos en los que se ha basado no son ciertos.

Reprochó al órgano de gobierno de los jueces que le cuestione por que el Tribunal Supremo contradijera el criterio que la Fiscalía General mantuvo en una circular sobre la aplicación de la 'ley del solo sí es sí'. "Es inaceptable una injerencia de esta naturaleza, un exceso y una clara extralimitación de competencias de estos ocho vocales a la labor de la Fiscalía. Un inadmisible ataque a la autonomía de todos los fiscales", sostuvo.

El fallo del TS

La crítica se extendió a la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó el ascenso a la categoría de fiscal de Sala de la exfiscal general Dolores Delgado y su nombramiento como jefa de la Fiscalía de la Sala de lo Militar del alto tribunal.

"Se hacen una serie de afirmaciones sobre mi proceder acerca de las que no he podido pronunciarme", dijo en referencia a la aseveración del Supremo de que incurrió en desviación de poder al proponer para ese cargo a su antecesora.

"No he sido parte, ni como demandado ni como interesado, ni he sido oído en el procedimiento", dijo García Ortiz, que subrayó que los "severos términos" utilizados por el Supremo se plasmaron en la sentencia sin que "mi parecer fuera escuchado y sin poder ejercer ningún recurso".

"Aunque del contenido de la sentencia pudiera interpretarse otra cosa, el demandado en dicho proceso no era el fiscal general del Estado", insistió García Ortiz, que reiteró que el nombramiento de Delgado "lo fue atendiendo estrictamente a los principios de mérito y capacidad".

Respecto a los ataques de los partidos independentistas a los fiscales que han intervenido en causas sobre el 'procés', el fiscal general manifestó que "amparará y protegerá a cualquier fiscal que se vea sometido a injerencias externas o internas".

"Pero tengan claro también", añadió, "que nunca adoptaré posiciones partidistas ni actuaré conforme a criterios políticos. Insisto en que este fiscal general mantendrá siempre una posición objetiva y neutral. Y no emitiré ninguna declaración política partidista. De ningún partido. No me corresponde a mi juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política. El campo de la política tiene unas reglas de juego, el de lo jurídico otras".

"No quiero una Fiscalía conservadora"

García Ortiz reivindicó el ejercicio imparcial de su cargo y aseguró que "me mantendré siempre —y así mantendré a la institución— en el espacio de lo jurídico".

También sostuvo que "el sometimiento pleno a la ley no es incompatible con una interpretación progresista o avanzada del Derecho".

Ése es "mi modelo de Fiscalía", explicó. "Una Fiscalía que persiga el avance, el progreso de la jurisprudencia, que no se aferre siempre a la doctrina vigente de los tribunales, sino que impulse su evolución con la mirada puesta en las víctimas, en las personas vulnerables, en los derechos humanos, en el derecho internacional, en la satisfacción del interés social".

A su parecer, la Fiscalía "es y debe ser un motor de cambio, en lo social y en lo jurídico".

"No quiero una Fiscalía conservadora que se limite a reproducir lo ya sentenciado. Quiero una Fiscalía dinámica y proactiva, que evolucione con los nuevos tiempos a la vez que evoluciona nuestra sociedad", ha indicado.