Marta Rovira también elige para su defensa en 'Tsunami' a Iñigo Iruin, habitual abogado de ETA

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha elegido como abogado para su defensa en el caso Tsunami Democràtic a Íñigo Iruin, habitual letrado de miembros de ETA.

Además, tal y como desveló este periódico, Iruin ha sido asesor de Esquerra Republicana durante las negociaciones con el PSOE para la futura Ley de Amnistía. Una norma que, según lo previsto, beneficiará a Rovira en esta misma causa judicial.

Desde hace casi un mes, Rovira —que reside en Suiza tras fugarse de la Justicia española en 2018— figura como investigada en el caso Tsunami por delitos de terrorismo.

Marta Rovira y Puigdemont, en una imagen de archivo. E.E.

Tanto la Guardia Civil como el juez de la causa, Manuel García-Castellón, la sitúan como parte de la "organización" de los disturbios violentos alentados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic. Entre ellos, el asalto al Aeropuerto del Prat, en Barcelona, en octubre de 2019, y varios cortes de carretera.

De hecho, tal y como avanzó este periódico, Marta Rovira, que usaba el alias de Matagalls en los chats cifrados en los que se coordinaba con otros líderes independentistas, se congratuló por el asalto al aeropuerto. "Felicita a todos de mi parte", agradeció a otro supuesto líder de Tsunami. En otra ocasión, recomendó a otro dirigente de la plataforma radical "actuar como en el [referéndum ilegal] del 1-O, con abuso de posición".

Ahora bien, la Fiscalía de la Audiencia Nacional discrepa de la Benemérita y de García-Castellón y descarta que los hechos investigados constituyan delitos de terrorismo. El criterio del Ministerio Público es que los disturbios pueden ser calificados como desórdenes públicos.

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, también huido de la Justicia española y residente en Waterloo (Bélgica), es otro de los investigados en el caso Tsunami Democràtic. Su abogado es Gonzalo Boye, letrado de, entre otros, el etarra Josu Ternera.

Además, Boye, condenado en los años 80 por colaborar con ETA en un secuestro, fue uno de los asesores de Junts, el partido de Puigdemont, durante sus negociaciones con el PSOE para pactar la futura Ley de Amnistía.

De hecho, el expresident catalán exigió que la norma beneficiase también a sus colaboradores y asesores. Entre ellos, su abogado, ya que Boye está procesado por un supuesto delito de blanqueo de fondos provenientes del narcotráfico.