El exfiscal Subirán y el exjuez Penalva, acompañados por su abogado, Javier Barinaga, a su llegada al juicio el pasado 5 de junio./
Condenados a nueve años de prisión el juez y el fiscal del caso Cursach por coaccionar a investigados
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares condena también a tres policías por presionar a un empresario y a su mujer.
15 noviembre, 2023 13:33La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha condenado a nueve años de prisión al exjuez Manuel Penalva y a la misma pena al exfiscal Miguel Ángel Subirán por obstrucción a la justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir un delito de revelación de secretos durante la instrucción de unas diligencias relacionadas con el caso Cursach.
En este procedimiento se investigó y llevó a juicio al principal empresario del ocio nocturno de Baleares, Bartolomé Cursach, que resultó absuelto en diciembre de 2022 después de que la Fiscalía retirara todas las acusaciones.
La condena de quienes fueron el juez instructor y el fiscal del caso se debe a unas diligencias relativas al concurso ORA (estacionamiento regulado en zonas urbanas), al que se amplió la investigación del caso Cursach.
En una sentencia de más de 500 páginas conocida este miércoles, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, el TSJ de Baleares absuelve a Penalva, Subirán y a los policías del grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía de las detenciones de nueve funcionarios del Ayuntamiento de Palma, del empresario Antonio Roig, de la ex concejal de Función Pública e Interior Irene San Gil y del ex regidor de movilidad Gabriel Vallejo.
El tribunal considera probado que se detuvo a estas personas pese a su falta de relación con delito alguno, pero aprecia que en el momento de las detenciones existían sospechas de que el concurso de la ORA podría haber sido amañado y de la aparente participación, en mayor o menor medida, de las personas detenidas.
En cambio, la Sala declara que las detenciones de los padres y hermanos del ex diputado del Parlament balear y regidor del Ayuntamiento de Palma por el PP Álvaro Gijón, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y que tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación del concurso de la ORA.
Sin embargo, el tribunal no condena a los acusados por el delito de detención ilegal sobre la familia Gijón por un déficit en la acusación, dado que los hechos no se ajustan al tipo delictivo que ha sido objeto de acusación.
A pesar de que el grueso de las acusaciones han sido rechazadas, el
Tribunal Superior de Baleares condena a Penalva y Subirán a la pena de 9 años y 1 día de prisión más una multa, pero fijando como tope máximo de cumplimiento efectivo la pena de 7 años y medio de cárcel -al no poder exceder la penalidad del triple de la más grave- por tres delitos de obstrucción a la Justicia y un delito de coacciones en la persona de Álvaro Gijón.
La Sala también les condena a dos años de inhabilitación para cargo público por la omisión del deber de perseguir filtraciones de informaciones a los medios de comunicación de actuaciones reservadas o secretas que ellos conocían por razón de su cargo.
En concreto, las condenas privativas de libertad obedecen a presiones
ejercidas por ambos procesados sobre dos funcionarios del Ayuntamiento de Palma, Rafael Vidal y Juan Carlos Sastre, con ocasión de las declaraciones que prestaron estos funcionarios en el Juzgado en calidad de investigados, y sobre el empresario Antonio Roig, por las presiones que recibió antes de su detención, durante y estando en prisión preventiva.
La condena por el delito de coacciones responde a las presiones ejercidas sobre Álvaro Gijón por la declaración que tenía que prestar como investigado al día siguiente de la detención de sus familiares.
Condena a policías
La Sala condena al subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, al agente Iván Bandera y a la inspectora Blanca Ruiz por presiones ejercidas sobre el empresario Antonio Roig y su mujer.
El tribunal también condena por coacciones a Blanco y a Bandera por su participación en las coacciones sobre la persona del político Álvaro Gijón.
Por estos hechos, al subinspector Miguel Ángel Blanco la Sala le impone la pena de 3 años y 10 meses de prisión más multa; a Iván Bandera la pena de 2 años y 4 meses de prisión; y a Blanca Ruiz la pena de un año y dos meses de prisión.
En todos los casos se establece como pena accesoria la inhabilitación especial para el ejercicio del empleo o cargo de funcionario de
policía.
La Sala absuelve de todas las acusaciones al inspector jefe del grupo de Blanqueo José Luis García Reguera por falta de pruebas.
Por otra parte, el Tribunal condena al juez, al fiscal y a los policías
condenados a indemnizar junta y solidariamente a Álvaro Gijón por daño moral en la cantidad de 6.500 euros.
