Francisco Martínez, el pasado 29 de octubre al ir a declarar a la Audiencia Nacional./

Francisco Martínez, el pasado 29 de octubre al ir a declarar a la Audiencia Nacional./ Fernando Villar/Efe

Tribunales

El juez rechaza sentar al PP en el banquillo del caso Kitchen, en contra de lo que pretendía el PSOE

García-Castellón abre el juicio oral contra el exministro Fernández Díaz y su cúpula en Interior, y sin ningún responsable de Génova.

13 octubre, 2023 13:47

El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto el juicio oral contra el exministro de Interior del PP Jorge Fernández Díaz; su exnúmero dos, Francisco Martínez; el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino; el excomisario José Manuel Villarejo y otros mandos policiales por el llamado caso Kitchen. Durante este proceso se ha investigado la utilización de medios del departamento de Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas con el fin de descubrir y sustraer presuntas pruebas de la financiación ilegal del partido.

La apertura del juicio oral -paso inmediatamente anterior a sentarse en el banquillo- se produce poco después de que la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE instasen al instructor a dictar esta resolución, contra la que no cabe recurso.

García-Castellón dio por terminada la investigación en julio de 2021 en una resolución en la que exoneró a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP y única alta dirigente de este partido que declaró como investigada durante la instrucción. Esta decisión fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que rechazó los recursos interpuestos por la Fiscalía y otras acusaciones.

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En el banquillo del caso Kitchen no estará, pues, ningún responsable político del PP. Además, el juez ha desestimado por "extemporánea" la petición incluida en el escrito de acusación del PSOE de que el Partido Popular fuese juzgado como partícipe a título lucrativo, es decir, por haberse beneficiado de los presuntos delitos cometidos por las autoridades y funcionarios del Ministerio del Interior sin participar en su comisión ni tener conocimiento de ellos.

"Se trata de una pretensión de responsabilidad civil que se introduce 'ex novo' por la acusación popular del PSOE sin que, hasta este momento, se hubiera dirigido contra Partido Popular pretensión alguna en este sentido", señala García-Castellón.

El instructor explica que "la introducción de una eventual exigencia de responsabilidad civil frente a quien no ha sido llamado en tal
condición hasta este momento procesal podría llevar consigo
previsibles nuevas exigencias de indagación y aportación de
datos, en suma, de retroacción del procedimiento, en un momento
procesal en el que ello resulta imposible, siendo por ello
necesario claridad en la identificación de las partes antes del
cierre de la fase sumarial".

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El juez reprocha al PSOE que haya introducido extemporáneamente la petición de responsabilidad civil al PP sin concretar la cuantía ni los hechos o acciones concretas de los que emana esta supuesta responsabilidad.

De este modo, diez acusados serán juzgados por el caso Kitchen: Fernández Díaz y Martínez; los mandos y exmandos policiales Pino, Villarejo, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, así como el policía y exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Aunque en la resolución de apertura de juicio se incluye al excomisario Enrique García Castaño, previsiblemente será excluido por su estado de salud. 

La Abogacía del Estado, más dura

El fiscal no incluyó en su escrito de acusación a Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano. Tanto la Abogacía del Estado como las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Unidas Podemos, así como la acusación particular de Luis Bárcenas sí acusan a estos tres responsables policiales.

La acusación del abogado del Estado resulta, así, más amplia que la de la propia Fiscalía. Y con cierto tinte contradictorio, ya que el juez ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por delitos de los que acusa el propio Estado, entre ellos descubrimiento y revelación de secretos , encubrimiento y obstrucción a la Justicia y malversación de fondos públicos.

Las acusaciones particular y populares han incluido el presunto delito de organización criminal, por el que no acusan ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.