Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, el día de la jura de su cargo, ante los ministros Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón.
El ex nº 2 de Interior usará un nuevo fallo del TC para pedir la expulsión del PSOE del juicio de 'Kitchen'
Francisco Martínez considera que el ministro Marlaska ha vulnerado su presunción de inocencia al atribuirle hechos aún no probados judicialmente.
19 agosto, 2023 02:54El exsecretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, utilizará una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para pedir, de nuevo, que el PSOE y Podemos sean expulsados del caso Kitchen.
Se trata de la causa judicial en la que un juez de la Audiencia Nacional ha investigado el supuesto dispositivo parapolicial destinado a robar pruebas y documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas. Ambos partidos figuran en este caso como acusaciones populares.
Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, Martínez, procesado por esta pieza del caso Villarejo, ya pidió al Juzgado Central de Instrucción número 6 que expulsara al PSOE y Podemos de la Kitchen. El ex número dos de Interior argumentó que las dos formaciones, además de haber utilizado políticamente la investigación judicial, han vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y han promovido "juicios paralelos" en su contra.
Citando explícitamente declaraciones del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la defensa de Martínez criticó las "continuas injerencias" del Poder Ejecutivo y del Legislativo, que, a su juicio, "han perdido la imprescindible neutralidad" que se les debe exigir.
Además, PSOE y Podemos son los partidos que, actualmente, conforman el Gobierno en funciones y los principales instigadores de las comisiones de investigación en el Congreso sobre la Operación Kitchen. Según la defensa de Martínez, las conclusiones redactadas por estas comisiones parlamentarias vulneraron los derechos de su cliente.
Por el momento, el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, no ha respondido a este primer escrito. Pese a ello, para reforzar su petición, su abogado presentará otro texto ampliatorio que ya sí cita el reciente fallo del Constitucional.
Se trata de la sentencia 77/2023, con fecha del 20 de junio de 2023. En ella, el TC concede amparo a una funcionaria, trabajadora de la empresa Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias SA.
Fachada principal del Tribunal Constitucional.
La resolución, consultada por este periódico, indica que el derecho a la presunción de inocencia de esta mujer fue vulnerado por las conclusiones de la comisión de investigación, conformada por diputados asturianos y que abordó la gestión de esta compañía pública.
"La dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia (...) no sólo incluye aquellos casos en los que las autoridades públicas siembran dudas sobre la inocencia de una persona que ha sido absuelta por resolución judicial firme (...), sino también aquellos otros en los que una autoridad pública impute hechos ilícitos o declare culpable a una persona que tiene la consideración de investigada en un proceso penal, o que eventualmente pudiera serlo, pero que todavía no ha sido condenada mediante sentencia firme", indica el Constitucional.
"La presunción de inocencia como regla de tratamiento tiene por objeto salvaguardar o preservar a la persona en su condición de inocente frente a declaraciones de culpabilidad vertidas por la autoridad pública en aquellos casos en que no concurren los requisitos formales y materiales exigibles en un Estado de derecho para realizar tal aseveración", recalca el TC, antes de "declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia" de la funcionaria de la empresa pública asturiana.
El Gobierno autonómico, además, se negó a modificar el dictamen de la comisión de investigación cuando la trabajadora pública lo pidió, al considerar que sus conclusiones vulneraron su derecho a la presunción de inocencia y que los diputados asturianos se extralimitaron en sus funciones.
La Fiscalía apoyó parcialmente su petición y, en un escrito, recalcó que "el derecho al honor resulta lesionado cuando un poder público, sin intervención de los órganos constitucionalmente competentes y a través de los procedimientos legalmente previstos, atribuye a una persona conductas del máximo reproche social".
El Tribunal Constitucional también recalca que las Cámaras legislativas, "en el ejercicio de sus facultades de investigación, emiten, como les es propio, juicios de oportunidad política que, por muy sólidos y fundados que resulten, carecen jurídicamente de idoneidad para suplir la convicción de certeza que solo el proceso judicial garantiza".
"Una cosa es que como consecuencia de una investigación parlamentaria la Cámara concluya que determinadas actuaciones nocivas para el interés público podrían ser, además, constitutivas de delito y ordene dar cuenta de ello a los órganos de la jurisdicción penal para su adecuada investigación y enjuiciamiento (en su caso), y otra muy distinta es que, apreciados los indicios de criminalidad al inicio de la investigación, la Cámara oriente su actividad investigadora precisamente a esclarecer dichos actos, a tratar de constatar la concurrencia de los elementos que los harían penalmente relevantes y a determinar la persona a la que corresponde su autoría, actividades reservadas exclusivamente a los órganos judiciales", concluye la resolución del TC.
Fallos del TEDH
Para llegar a dicha conclusión, los magistrados repasan la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre este asunto. Uno de los fallos del TEDH, de hecho, recalca que "las declaraciones de los funcionarios públicos sobre la culpabilidad de un solicitante no pueden tener el efecto de incitar al público a creer que este es culpable o de prejuzgar la apreciación de los hechos por la autoridad judicial competente".
Tras la publicación de esta sentencia del Constitucional, la defensa de Martínez volverá a pedir al juez García-Castellón la expulsión del PSOE y Podemos de la causa, según avanzan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras.
En su primer escrito, avanzado por EL ESPAÑOL, su abogado recogía unas recientes declaraciones —"absolutamente incriminatorias", las calificaba— que Marlaska pronunció en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una parlamentaria del PP.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una imagen reciente.
"Yo creo que usted recuerda otro Ministerio del Interior, (...) un ministerio de esa gente con la que usted está muy relacionada, como el señor Fernández Díaz o el señor Martínez, aquellos que rompían ordenadores, aquellos que sustraían o trataban de sustraer pruebas de corrupción para evitar la acción de la Justicia", respondió el actual titular de Interior.
