La huelga 'invisible' que colapsa la Justicia: suspendidas ya 125.000 vistas en toda España

Así lo cifran, a fecha de este viernes, los convocantes del paro: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).

En un comunicado conjunto, las tres entidades también cifran en 432 los millones de euros que, como consecuencia de la huelga, están bloqueados. Se trata de, por ejemplo, importes que deben entregarse a una de las partes de un proceso, indemnizaciones, embargos (de sueldos, de cuentas corrientes...), ejecuciones forzosas, fianzas, multas o cantidades decomisadas por un juzgado.

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Los 125.000 actos judiciales suspendidos incluyen embargos, separaciones de mutuo acuerdo, comparecencias, otorgamientos de poderes apud acta, requerimientos, conciliaciones, declaraciones en instrucción, formaciones de inventario, depósitos, fianzas... Y los ciudadanos están empezando a sufrir en sus carnes los efectos. 

"Tras las frías cifras que llevamos semanas haciendo públicas, detrás de cada número, hay un ciudadano que se está viendo perjudicado por la negligencia de los cargos directivos de Justicia", reza el comunicado firmado por UPSJ, CNLAJ y AINLAJ.

"Nos sorprende que estas cifras no preocupen al Ministerio. Piénsese en, por ejemplo, una madre que reclama judicialmente el pago de una pensión para mantener a un hijo. Se trata de cantidades que son necesarias y están bloqueadas...", lamenta a EL ESPAÑOL Juan José Yáñez, del Secretariado de la UPSJ. "Los retrasos provocados en cuatro semanas tardaremos en recuperarlos cuatro o cinco meses", calcula.

Esta huelga supone un problema más para Pilar Llop. Se suma al cuestionamiento de la ministra a raíz de la Ley del sólo sí es sí, que amenaza con resquebrajar el Gobierno. Desde el inicio de la huelga —cuando las organizaciones convocantes reprocharon a Llop sus "desprecios"—, las críticas de los LAJ a Justicia (y viceversa) han sido constantes.

La ministra de Justicia, Pilar Llop. Efe Efe

Horas antes del inicio de la huelga, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tonxu Rodríguez, criticó que los paros tuviesen intención "política", "sin finalidad profesional alguna". "Es una huelga contra el pueblo", manifestó, antes de considerar "fuera de lugar cualquier reclamación salarial" por parte de estos funcionarios.

EL ESPAÑOL ha tratado de recabar la valoración del Ministerio de Justicia sobre esta huelga y su impacto en reiteradas ocasiones. Hsata el momento no ha obtenido respuesta.

Es previsible que los paros —planteados como "indefinidos"— continúen. Así lo pretende el Comité de Huelga si nada cambia. Por el momento, el Ministerio de Justicia ha retrasado la negociación hasta el 16 de febrero. Por lo tanto, el día 13, un día después de la manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública, comenzará la cuarta semana de huelga de los LAJ.

Como es habitual en casos como éste, las cifras de seguimiento de las que presumen los convocantes y la que reseña el Ministerio son diferentes. En esta huelga lo son mucho. Por ejemplo, el 25 de enero, segundo día de paros, Justicia lo cifró en un 26,98% sobre el total de los letrados. Los organizadores, en un 80%.

Conflicto salarial

Tal y como informó EL ESPAÑOL, el departamento de Pilar Llop aceptó en abril del año pasado elevar las retribuciones de los LAJ, acercándolas a las de jueces de fiscales, mediante "una cláusula de enganche al régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal vía enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa".

A lo largo de sus tres semanas de huelga, CNLAJ, AINLAJ y UPSJ se han quejado de que el Ministerio "ha incumplido uno por uno todos aquellos compromisos".

Las nóminas de jueces y fiscales están reguladas por una norma específica, la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal. 

Según reza esta norma, "el Cuerpo de Secretarios Judiciales será objeto de una importante potenciación de sus funciones, incrementando sus responsabilidades y ampliando sus competencias, lo que conlleva la encomienda al Gobierno de la elaboración de un real decreto regulador de su régimen retributivo, adaptado a los principios y conceptos contenidos en esta ley y en sus anexos".

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Justicia y los sindicatos mayoritarios ya pactaron el pasado diciembre una subida salarial del 5,26% de las retribuciones de los LAJ. La UPSJ la consideró "insuficiente" y convocó varias huelgas en enero y marzo.

No obstante, las de abril de 2022 fueron canceladas tras el acuerdo con el Ministerio, que la Unión Progresista consideró, entonces, "esperanzador", ya que contemplaba "equiparar" los sueldos de los LAJ a los de jueces y fiscales.

Ante lo que estas organizaciones consideraron un "incumplimiento" de lo pactado por parte del Ministerio, volvieron a convocar nuevas huelgas. Las últimas, el 29 y el 30 de noviembre y el 14 y el 15 de diciembre de 2022. Tras ellas, UPSJ, CNLAJ y AINLAJ anunciaron un paro indefinido desde el 24 de enero, que, por el momento, continúa. Y sin visos de cesar.

"Ojalá que el próximo día 16 podamos desconvocar la huelga", comenta Yáñez a EL ESPAÑOL. "Pero para eso no sólo necesitamos palabras: las teníamos en abril y luego... nada", reprocha.