José María Arregi Erostarbe, alias 'Fiti', en una imagen de archivo.

José María Arregi Erostarbe, alias 'Fiti', en una imagen de archivo. Efe

Tribunales ETA

La Fiscalía sólo recurre uno de los 8 terceros grados concedidos por el País Vasco a presos de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tan sólo se opone a la semilibertad del etarra apodado 'Fiti', a quien no considera arrepentido.

29 marzo, 2022 14:10

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido únicamente una de las ocho primeras semilibertades concedidas por el Gobierno Vasco a presos de la banda terrorista ETA. Se trata de los primeros terceros grados que otorga el Ejecutivo autonómico desde que le fuese concedida esta competencia penitenciaria el año pasado.

Según informan fuentes fiscales a EL ESPAÑOL, la única semilibertad recurrida por el Ministerio Público es la del exjefe etarra José María Arregui Erostarbe, alias Fiti o Fitipaldi.

Y aclaran que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tan sólo se ha opuesto a su semilibertad, ya que no estaba "correctamente motivada", el interno "no expresó un claro arrepentimiento" por sus delitos y la progresión de grado "no contaba con la aprobación unánime de los miembros de la Junta de Tratamiento de su prisión", a diferencia del resto de casos.

Dicho organismo está conformado por los profesionales técnicos de la cárcel. Cuando se solicita una progresión de grado, emiten un dictamen, que no es vinculante, sobre la situación del interno solicitante y su valoración de la medida. Erostarbe, además, tampoco había disfrutado de permisos penitenciarios previos. Por todo ello, el Ministerio Público ha recurrido su semilibertad ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, encabezada por el recién reelegido Jesús Alonso, que revisara las progresiones de grado a presos de ETA concedidas por el Gobierno vasco al considerar que ninguno de los internos beneficiados "tiene intención de reinsertarse".

Los exmiembros de ETA que sí gozarán de semilibertad son: Francisco José Ramada Estévez, José Ángel Lerín Sánchez, Ugaitz Pérez Sorriketa, Mikel Arrieta Llopis, Ignacio Crispín Garcés Beitia, Egoitz Coto Etxeandia y Unai Fano Aldasoro.

Tal y como informó este diario, en octubre de 2021, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional optó por revocar, a petición de la Fiscalía, la concesión del tercer grado a este último, después de que le fuese concedido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y ratificada por el Juzgado de Vigilancia.

Con esta decisión, la Sección Primera de la Sala de lo Penal le devolvió a la cárcel de Bilbao-Basauri, bajo la sospecha de que Fano escribió su carta de arrepentimiento siguiendo un posible "propósito utilitarista tendente a la obtención de permisos o beneficios penitenciarios". Antes, en 2020, Unai Fano ya había sido trasladado al País Vasco desde la prisión de Soria, en el marco de la política de acercamientos impulsada por el ministro Fernando Grande-Marlaska.

'Fiti'

El histórico etarra Fiti, de 75 años, fue condenado como autor del atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza de 1987. El ataque provocó once muertos; buena parte, menores de edad. También, decenas de heridos.

También se le sentenció por el atentado contra un autobús militar en la capital maña en ese mismo año. Asimismo, es responsable de la muerte de un adulto y un niño de dos años en un atentado frente a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.

Fiti también fue miembro de la dirección de la banda que cayó en Bidart (San Juan de Luz, Francia) en 1992, de la que este mes se cumplen 30 años.

José María Arregui Esotarbe es el recluso más veterano de la banda. Ingresó en prisión en noviembre del año 2000. En septiembre del año 2019, satisfizo las tres cuartas partes de su pena.

Instituciones Penitenciarias le trasladó a la prisión de San Sebastián —antes, estuvo interno en Asturias y Alicante— en octubre de 2020. En un comunicado, el departamento destacó que Fiti aceptaba la legalidad penitenciaria, reconocía el dolor causado, había manifestado por escrito su rechazo al uso de la violencia y se había comprometido a hacer frente al pago de la responsabilidad civil.