Guardias civiles en una intervención durante la pandemia./

Guardias civiles en una intervención durante la pandemia./ Efe

Tribunales

La Audiencia considera "gratuito" afirmar que Interior no protege a los guardias civiles del virus

Rechaza ordenar al Ministerio que provea de EPI's y haga test de detección a los agentes, tal como reclamó la AEGC.

15 abril, 2020 14:56

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La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado acordar la medida cautelar solicitada por la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) para que en el plazo de 24 horas la Dirección General del instituto armado entregara equipos de protección y realizara las pruebas de detección del coronavirus a todos los agentes que se encuentren prestando servicio activo de protección de la seguridad y realizando los cometidos asignados a este cuerpo en las zonas en las que actúa.

En una resolución conocida este miércoles en la que no constan votos discrepantes, la Sala destaca la ausencia de acreditación alguna, ni siquiera indiciaria, por parte de la AEGC de las "graves de aseveraciones que se contienen de forma genérica" en el escrito de demanda. Según la AEGC, la Dirección General de la Guardia Civil está "omitiendo" las medidas de protección ya que "son escasos los EPI's de los que se dispone y siempre para situaciones concretas, teniendo que dar cuenta al mando de su utilización".

La asociación demandante aseguraba que se ha dado el caso de que los propios guardias civiles han tenido que hacer un 'bote' colectivo para comprar desinfectantes para limpiar sus zonas de servicio.

Alegaba que tampoco se están realizando los test de detección del Covid-19 a los guardias civiles que puedan encontrarse contagiados por haber tenido contacto con agentes que desgraciadamente han fallecido, que se encuentran gravemente enfermos o que han podido tener contacto con lugares o personas que están infectadas.

Según la AEGC, hay un total de 800 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encuentran contagiados por el coronavirus y ya han fallecido ocho de ellos.

Para la Audiencia Nacional, sin embargo, esas alegaciones han sido desvirtuadas por la prueba documental aportada por la Abogacía del Estado, "que acredita que desde finales del mes de enero de 2020 por parte de la Dirección General de la Guardia Civil se está desarrollando una actividad preventiva encaminada a evaluar los riesgos de las diferentes unidades (...) así como las gestiones necesarias para el acopio de recursos preventivos en una situación mundial de desabastecimiento para paliar los riesgos a la exposición del Covid-19".

La Abogacía del Estado del Ministerio del Interior "ha dado cumplida cuenta del material que se dispone y de los criterios adoptados para su uso. Por lo que difícilmente puede apreciarse la actitud de inobservancia de la normativa en materia de seguridad y salud laboral que, de forma un tanto gratuita, imputa la AEGC a la Dirección General de la Guardia Civil", afirman los jueces.

La Audiencia Nacional añade que la medida que se solicita relativa a la entrega de los EPIs y la realización de los test de forma indiscriminada a todos los agentes que se encuentren en servicio activo de protección de la seguridad, "lejos de mitigar el riesgo de retardo, lo acrecienta, poniendo, a juicio de esta Sala, en peligro un bien jurídico superior y trascendente al que se pretende proteger con la futura demanda, cual es la salud pública de la sociedad en su conjunto".

Explica que, ante una situación de "notoria y conocida escasez" de recursos preventivos y de test diagnósticos eficaces para la detección del Covid 19, "la pretensión de la AEGC, amén de trascender las competencias de la Dirección General de la Guardia Civil (...), pone en peligro el uso racional que de los mismos debe efectuar por la propia DGCC de los recursos disponibles con relación a la plantilla - y atención a las particularidades de cada una de las actuaciones que se le encomienda para cada caso concreto-, así como las prioridades que al respecto puedan efectuarse por las autoridades sanitarias, en orden a la práctica de los test, para garantizar la salud colectiva".

En otra resolución, la Sala también rechaza la medida cautelar solicitada por el Sindicato Alternativa Sindical de Policía para que se realicen de forma urgente test de detección rápida a los funcionarios de la Policía Nacional.