El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el primero aniversario del 1-O./

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el primero aniversario del 1-O./ Efe

Tribunales

La Generalitat no logra que se archive la investigación a Puigdemont y Junqueras por gastos del 1-O

El Tribunal de Cuentas rechaza su recurso por la apertura de diligencias y acuerda nombrar a un instructor.

El Tribunal de Cuentas seguirá adelante para determinar la responsabilidad contable en la que hayan podido incurrir el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y 16 exconsejeros por el posible empleo de fondos públicos en el referéndum independentista del 1-O, prohibido por el Tribunal Constitucional.

La consejera Margarita Mariscal de Gante ha desestimado, en una resolución conocida este viernes, el recurso que la Generalitat de Cataluña interpuso contra la decisión del Tribunal de Cuentas de abrir diligencias tras la denuncia presentada el pasado diciembre por la Fiscalía, que, además de los excargos del Govern, se dirige contra la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal.

Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución también han denunciado la utilización de dinero público en la votación independentista ilegal y Mariscal de Gante ha confirmado que pueden ser parte en el procedimiento, rechazando la pretensión de la Generalitat de apartarlas del asunto. Ambas organizaciones fueron pioneras en la exigencia de responsabilidad contable al expresidente catalán Artur Mas y a tres miembros de su Gobierno, ya condenados por el Tribunal de Cuentas a reintegrar al erario público 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta soberanista del 9-N.

La Generalitat pidió el archivo de las diligencias abiertas sobre el 1-O aludiendo a que que no hubo encargos de gastos o que no se pagaron o que no hubo relación de causalidad entre la actuación del Govern y el uso de edificios públicos para la votación ilegal. También sostuvo que algunos gastos denunciados no estaban destinados al referéndum y, en todo caso, el Estado tenía controlados los pagos a proveedores, al tiempo que el propio exministro de Hacienda aseguró que no se destinó dinero público al 1-O.

La consejera considera que esos argumentos "complejos" entran de lleno en cuestiones fácticas y jurídicas que habrá que valorar después de la correspondiente investigación, pero no antes. En el trámite inicial en el que se encuentra el procedimiento, añade, las denuncias sólo podrían ser rechazadas si se refieren a hechos que "manifiestamente" no pueden dar lugar a responsabilidad contable, lo que aquí no sucede.

Mariscal de Gante acuerda recabar de la Sección de Enjuiciamiento el nombramiento de un delegado instructor para que investigue los hechos denunciados. Puigdemont y sus exconsejeros empiezan a transitar la senda de Artur Mas.