David Marjaliza desempeñó un papel destacado en el proceso.

David Marjaliza desempeñó un papel destacado en el proceso.

Tribunales CASO PÚNICA

"Hay que pagar 30.000 euros al alcalde": los audios de los empresarios del 3% madrileño

Las fiscales concluyen la investigación sobre las mordidas a cargos públicos en más de 10 ayuntamientos a cambio de contratos de eficiencia energética.

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La investigación sobre las adjudicaciones de contratos de eficiencia energética por parte de distintos ayuntamientos de Madrid a las empresas de la trama Púnica a cambio de comisiones para alcaldes y concejales llega a su fin en la Audiencia Nacional. 

Las fiscales del caso ya han pedido las dos últimas diligencias que tenían previstas antes de pasar toda la información al juez instructor, Manuel García-Castellón, para que dicte el auto de paso a procedimiento abreviado y delimite quiénes quedan imputados y qué hechos se les atribuyen. 

Las confesiones ante el juez de Pedro García, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández, tres directivos de Cofely investigados, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL han sido imprescindibles para cerrar la investigación. 

Ellos mismos explicaron con total claridad el procedimiento por el que una y otra vez la empresa para la que trabajaron ganó los concursos públicos: conocieron la oferta previamente, redactaron ellos mismos los pliegos y acordaron mordidas de miles de euros tanto para el conseguidor que les introducía en los ayuntamientos, David Marjaliza, como para alcaldes y concejales.

Un procedimiento similar al del denominado caso del 3% catalán que, según investiga también la Audiencia Nacional, se habría dado entre empresarios afines a Convergència Democrática de Catalunya y cargos públicos de dicho partido. En la trama Púnica no había un partido político que copara las comisiones, sino que los hechos se repitieron en más de 10 ayuntamientos de PP, PSOE o Izquierda Unida, indistintamente. Entre otros, se trató de los consistorios de Alcalá de Henares, Parla, Serranillos del Valle, Valdemoro, Moraleja de Enmedio, Collado Villalba, Torrejón de Velasco o Móstoles. En éste último, el total del contrato adjudicado ascendió a 75 millones de euros.

"El ayuntamiento nos informó de todo antes"

Pedro García Pérez, responsable de Sector Público de Cofely, desgranó el procedimiento en sede judicial poniendo como ejemplo el municipio de Moraleja de Enmedio, donde David Marjaliza pidió una comisión de 30.000 euros para el alcalde Carlos Alberto Estrada.

Sector Público de Cofely 1

El directivo explicó que un compañero de Cofely, José Cruz Sola, tuvo conocimiento de la oferta pública por parte del ayuntamiento antes de que ésta se publicara. Después entró en la ecuación el conseguidor Marjaliza: "Una vez sale el pliego de licitación yo recibo una llamada de David Marjaliza en la que me dice que tiene relaciones con el ayuntamiento y el alcalde y va a ser él quien pilote el proyecto. Me dice que hay que atender un pago para el alcalde de 30.000 euros", declaró el empresario ante el juez, las fiscales y todas las defensas.

"En la fase de licitación -continuó- creo que es conveniente decir que se nos facilita un plan del ayuntamiento de las instalaciones de alumbrado público que favorecería la mejora en la oferta técnica que Cofely presentaría. Una vez presentadas las ofertas, me llama David Marjaliza, me dice que le ha llamado el alcalde y que hay que modificar la oferta económica. Se moviliza todo para cambiarlo. Una vez que se adjudica el contrato, David emite una factura de Construcciones de la Peña (sociedad del también investigado Eduardo de la Peña), y eso suponía que había que preparar el comparativo ficticio de ofertas por parte de la dirección de servicios (del ayuntamiento), la emisión del pedido y la aceptación de la factura y el pago", explicó el directivo.

Sector Público de Cofely 2

La exposición dejó a las fiscales del caso y el juez sin habla durante unos segundos. La trama corrupta, que también implicaba a técnicos del ayuntamiento, no podría haberse explicado mejor.

Los otros dos directivos confirmaron, también en sus declaraciones, la misma versión. Constantino Álvarez, director Comercial de Cofely, explicó que antes de cada contrato siempre se producía una reunión institucional en los ayuntamientos en la que participaban representantes de la empresa y allí ofrecían sus servicios, así como los acuerdos quedaban prácticamente sellados.

Sector Público de Cofely 3

José Antonio Hernández, responsable de Producción de la empresa que controlaba los detalles de los contratos, remató la explicación. Según el directivo, las mordidas para el conseguidor Marjaliza y los alcaldes se reflejaban en dos partidas denominadas Success Fee o Project Management. Dichos apartados aparecieron en el denominado Bussiness Plan o plan de negocio cerrado al menos con siete ayuntamientos (Alcalá, Parla, Serranillos del Valle, Valdemoro, Moraleja de Enmedio, Collado Villalba y Torrejón de Velasco) y se presentaron como un trabajo que se había realizado previamente a la ejecución del contrato y que debía cargarse a la partida de "Auditoría".

Sector Público de Cofely 4

Esperan no ser acusados por malversación

Los tres directivos de Cofely llegaron a un acuerdo con la Fiscalía hace más de un año para que sus confesiones implicaran una reducción de la pena solicitada contra ellos. Sus defensas esperan evitar la malversación y eludir así la prisión.

Afirman que dicho delito no pudo darse porque la mayoría de obras no se cobraron nunca. Así, verían más lógico tener que asumir acusaciones por cohecho impropio, tráfico de influencias o falsedad en facturas, con penas que van de los seis meses de prisión a los tres años, como máximo, explican a este diario. 

Además de la Fiscalía, en la causa también ejercen la acusación la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y los ayuntamientos de Moraleja de Enmedio, Móstoles, Torrejon de Velasco, Collado Villalba y Parla, que sí podrían acusar por malversación e incluso por organización criminal a algunos de los 57 imputados de la causa y solicitar penas superiores a los seis años de prisión para ellos.