El declive de Trapero, el icónico jefe de la Policía catalana ahora camino del banquillo

Veintiocho años atrás, cuando Josep Lluís Trapero ingresó en los Mossos d'Esquadra, seguro que no imaginó el horizonte que le esperaría tras su paso por el mayor cargo de responsabilidad del cuerpo policial catalán.

La Audiencia Nacional ha confirmado esta semana su procesamiento por dos delitos de sedición y uno de organización criminal por su presunta responsabilidad en el asedio a la comitiva judicial que registró la Consejería catalana de Economía los días 20 y 21 de septiembre y por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Se trata del paso previo a sentarse en el banquillo, algo que, según se estima en la Audiencia Nacional, podría producirse después de que se celebre el juicio contra los miembros del Gobierno de Puigdemont y de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo.

Los presuntos delitos por los que Trapero está procesado no vinculan a las acusaciones, por lo que la Fiscalía podría modificar la calificación delictiva. Aunque esta posibilidad aún no se ha planteado, fuentes del Ministerio Público señalan que los hechos relatados por la jueza instructora Carmen Lamela "permitirían con facilidad una acusación por rebelión", más grave que la sedición.  

Según las normas de reparto de la Audiencia Nacional, correspondería a la Sección Primera juzgar al exresponsable de los Mossos. Compuesta por cinco magistrados, tres de ellos serían los encargados de componer el Tribunal, aunque todavía no se sabe quiénes.

Enlace entre Puigdemont y los Mossos

Después de una larga trayectoria en los Mossos d'Esquadra, donde Josep Lluís Trapero consiguió ocupar el puesto de mayor responsabilidad, su expediente ha quedado marcado finalmente por su obediencia casi ciega a las órdenes del Gobierno independentista de Puigdemont, desafiando el orden constitucional, según sostiene la jueza instructora.

Los delitos de los que está procesado están castigados con penas de hasta 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Igual que la jueza encargada de la investigación, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también considera que los Mossos tomaron "tibias medidas" que impidieron controlar "la invasión del edificio" de Economía catalán por parte de una "muchedumbre" mientras la Guardia Civil lo registraba ya en el marco de la investigación contra los responsables del proceso soberanista.

En cuanto al referéndum ilegal del 1 de octubre, a pesar de que los Mossos tenían orden de desmontar los centros donde fueran a celebrarse votaciones antes del inicio de la jornada, "los actos de investigación revelan que los responsables del cuerpo de la policía autonómica, y a su cabeza José Luís Trapero Álvarez, incumplieron el mandato judicial, simulando para la jornada electoral y horas previas un dispositivo engañoso, meramente formal". 

A las órdenes del Gobierno de Puigdemont, y con el objetivo de cumplir con los fines independentistas, los Mossos no solo permitieron el referéndum, sino que realizaron labores de vigilancia al resto de fuerzas de seguridad presentes en Cataluña y a políticos contrarios al procés, según los indicios delictivos apreciados por la instructora y por la Sala.