El exdirector de los Mossos d'esquadra, Pere Soler.

El exdirector de los Mossos d'esquadra, Pere Soler. EFE

Tribunales AUDIENCIA NACIONAL

El exjefe político de los Mossos y el número dos de Forn, investigados por sedición

La jueza Carmen Lamela cita a declarar el próximo 9 de marzo al exdirector de los Mossos, Pere Soler, y al exsecretario general de Interior, César Puig.

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado a declarar en calidad de investigados para el próximo 9 de marzo al exdirector de los Mossos d'esquadra, Pere Soler, y al exsecretario general de la consejería de Interior de Cataluña, César Puig. 

Les cita como investigados por los presuntos delitos de sedición en los hechos relacionados con el asedio a la comitiva judicial que registró la sede de la Consejería de Economía catalana los días 20 y 21 de septiembre y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. 

Precisamente por estos mismos hechos se investiga al exjefe de los Mossos d'esquadra, Josep Lluis Trapero, que volvió a declarar el pasado viernes en la Audiencia Nacional en relación con el dispositivo de seguridad desplegado por el Cuerpo catalán el 1 de octubre. 

La titular del juzgado central de instrucción número tres accede así a la petición que hizo la Fiscalía de la Audiencia Nacional hace seis días, cuando solicitaba que se investigara a los dos mandos.

El Ministerio Fiscal considera que "la actuación o inacción del Cuerpo de Mossos d'Esquadra siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler Campins, y César Puig" para permitir que se celebrara el referéndum e impedir "el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas al efecto".

En este sentido, la Fiscalía también cree que lo que permitió este hecho fue la "connivencia de los más altos responsables de la Consejería de Interior, la estructura de mando del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y de los organizadores y grupos de defensa del referéndum ilegal", como también sostenía la jueza en su último auto emitido para pedir una segunda imputación por sedición contra Trapero por su responsabilidad en los hechos durante el referéndum del 1 de octubre.

En el escrito remitido a la jueza, el Ministerio Fiscal recordaba que tanto Pere Soler como César Puig llegaron a sus puestos en julio de 2017 para sustituir a quienes dieron un paso atrás en el camino emprendido por el soberanismo: "los cambios en el Gobierno de la Generalitat tenían como objetivo sustituir a aquellos consejeros que no se mostraban totalmente dispuestos a asumir las consecuencias de continuar con el proceso a la independencia, y eran sucedidos por otros que por el contrario sí se ofrecían a llegar al final con dicho proceso", se puede leer en la petición remitida a la titular de la causa de Trapero.

La jueza rechaza otras diligencias

La instructora de la causa por sedición contra Trapero admite citar como investigados a Soler y Puig, pero rechaza otras diligencias de investigación solicitadas por la Fiscalía, como fueron: que se incorporase el auto de autorización de entrada y registro en el domicilio de Josep María Jové y su declaración procedente del  Juzgado número 13 de Barcelona; informaciones del CECOR y otras entre los Mossos en el día del referéndum y los requerimientos a diversos mandos de los Mossos tras un informe del Centro Nacional de Policía y que se unieran dos atestados de la Comisaría Provincial de Tarragona y de la Brigada de Información de Barcelona enviados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En el auto de este miércoles, Lamela expone que los hechos "revisten los caracteres de dos delitos de sedición contemplados en el artículo 544 del Código Penal, por los hechos acaecidos durante los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y 1 de octubre, sin perjuicio de ulteriores calificaciones y en particular de la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal".

En cuanto a la petición de la causa como compleja, es decir, que la investigación se pueda prolongar 18 meses frente al plazo ordinario de 6 meses que expira en marzo, la jueza da traslado a las partes personadas para que transmitan si les parece conveniente en el plazo de dos días.