Ignacio González y Alberto Ruiz Gallardón, cuando ejercían cargos públicos.

Ignacio González y Alberto Ruiz Gallardón, cuando ejercían cargos públicos.

Tribunales Operación Lezo

Anticorrupción pidió investigar a Gallardón por “depredar” el dinero de Madrid

Los investigadores sospechan que se aprobó la compra de una empresa colombiana con el fin de generar un sobrecoste “con el consiguiente desvío de capitales públicos”.

Carlota Guindal Daniel Montero Alejandro Requeijo

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La Fiscalía Anticorrupción solicitó investigar al exministro de Justicia Alberto Ruiz- Gallardón por “depredar” el patrimonio de la Comunidad de Madrid al autorizar la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.

En un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL el Ministerio Público ya pidió en noviembre de 2016 a la Audiencia Nacional que se abriera un procedimiento contra Ruiz-Gallardón y todo el Consejo de Gobierno que aprobó la compra por un importe muy superior al real en detrimento de los fondos públicos. La sospecha de los investigadores del caso Lezo es que de esa operación se pudieron obtener hasta 25 millones de euros en comisiones, tal y como aseguró uno de los investigados en una conversación interceptada por la Guardia Civil.

Según recoge el informe que consta en el sumario del caso que instruye el magistrado Manuel García Castellón, fue el expresidente del conglomerado societario del Canal en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino -actualmente en prisión junto a Ignacio González- quien relató en una de las conversaciones captadas el “robo” de 25 millones al Canal en una inversión de 95 millones de dólares. “Datos que encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte de Canal Extensia en el año 2001”, recoge el escrito de los fiscales.

Para el Ministerio Fiscal, estos hechos apuntan a la existencia de “indicios de criminalidad contra determinadas personas”. “En este momento procesal las diligencias permiten una mayor individualización subjetiva de los hechos, lo que impone que se dicte una resolución judicial por la que se dirija el procedimiento contra todos aquellos que directa o indirectamente han participado en los hechos, sin perjuicio de realizar una concreción más detallada una vez que se ejecuten las diligencias de investigación pendientes. Esta resolución se impone procesalmente para garantizar los derechos de los investigados desde el momento en que el procedimiento apunta claramente a la responsabilidad en estos hechos de autoridades de la Comunidad Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz Gallardón”, subraya Anticorrupción.

Recuperar el dinero de Madrid

Para la Fiscalía, ya en noviembre era necesario abrir procedimiento contra estas personas “para el total esclarecimiento de los hechos, para alcanzar la verdad material de los mismos y para recuperar el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid presuntamente depredado por los investigados”.

El Ministerio Público considera que los indicios de criminalidad de la operación de compra de Inassa se refuerzan con la “pasividad institucional de la Comunidad de Madrid en el control de las operaciones del grupo Canal Isabel II en Sudamérica a lo largo de los años”. Es reseñable que “nadie dentro de la administración pública madrileña cuestionó la interposición fraudulenta de una sociedad en un paraíso fiscal para la compra de Inassa”.

Además, se añade que esta sociedad panameña que se utilizó para vehiculizar la compra de la colombiana se disolvió inmediatamente después de la operación “y nuevamente nadie lo cuestionó”. En la misma línea -añade la Fiscalía-, nadie se cuestionó que la autorización conferida por el Consejo de Gobierno fue para la adquisición de Inassa y sin embargo se adquirió junto con ésta una sociedad denominada Watco Dominicana SA, sin ningún tipo de autorización para ello”.

Endeudó a Madrid con 51 millones

La compra, según al Fiscalía, se llevó a cabo sin los informes y trámites preceptivos. “De haber existido, con toda seguridad no se habría realizado la compra o se hubiese realizado en otros términos. Cabe preguntarse en qué documentos o informes se basó el Consejo de Gobierno para autorizar una operación de compra por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros), aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares”, subraya el escrito.

Las investigaciones apuntan indiciariamente que el soporte documental fue cuanto menos “insuficiente”, así como que esta operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o “por su gente”.

Con todos los datos que constan en la causa, para la Fiscalía existen indicios de que la solicitud del acuerdo de adquisición que realizó la Consejería de Medio Ambiente a propuesta del consejero de Hacienda entonces, Juan Bravo, “fue elaborada presuntamente con el fin último de generar un sobrecoste en la adquisición de Inassa con el consiguiente desvío de capitales públicos”.