El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
PSOE y Sumar acuerdan que el nuevo decreto de vivienda incluya una prórroga de los alquileres hasta julio de 2028
El Gobierno necesita los votos imprescindibles de Junts, que ya impidió el pasado abril la convalidación del anterior texto.
Podemos denuncia que el nuevo decreto de vivienda esconde una reforma de la Ley del Suelo que fija como "línea roja".
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PSOE y Sumar han acordado que el nuevo decreto de vivienda incluya una prórroga de los alquileres hasta julio de 2028, según han anunciado este miércoles fuentes del socio minoritario del Gobierno.
Ambas formaciones esperan aprobar el texto en el Consejo de Ministros de la próxima semana y ya están empezando a negociar con los grupos parlamentarios, sobre todo con Junts, para recabar los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso.
El borrador del decreto contempla la prórroga de los alquileres que venzan antes del 30 de junio de 2028, de la que se podrán beneficiar cerca de cuatro millones de personas, desde el 21 de marzo de 2026 hasta el 30 de junio de 2028.
Según fuentes de Sumar, esta "prórroga reforzada" amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de la medida.
El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con el uso fraudulento de estos alquileres como vía de elusión del régimen del alquiler de vivienda habitual y de los límites de precios en las zonas tensionadas.
Y también un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, medidas enfocadas a desincentivar el alquiler turístico.
El nuevo decreto ley incluirá una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional.
Junts, el principal escollo
Tras el acuerdo dentro del Gobierno, el Ministerio de Vivienda tiene ahora que negociar con los grupos parlamentarios, con el fin de asegurarse su apoyo para la convalidación del decreto en el Congreso.
Para ello necesita los votos imprescindibles de Junts, que ya impidió el pasado abril la convalidación de la anterior prórroga.
Aquel decreto, que había entrado en vigor el 22 de marzo, fue derogado el 28 de abril con los votos en contra del PP, Vox, Junts, la abstención del PNV y el resto de la cámara a favor.
Después de que el Congreso tumbara un decreto ley que tenía este mismo objetivo, Sumar prometió llevar a cabo un nuevo texto con esta medida y otras, como bonificaciones fiscales a caseros, para convencer a Junts, formación que en un primer momento votó en contra de la prórroga de los alquileres.
El socio minoritario del Gobierno prometió aprobarlo antes de que acabara el verano y este miércoles ha avanzado parte del contenido del texto, aunque de momento no han comentado nada sobre las bonificaciones fiscales a los propietarios de inmuebles, medida que si finalmente se incluye, Podemos ya ha dicho que no votará a favor.
La "línea roja" de Podemos
La inclusión en el decreto de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional es una exigencia de Podemos, pero a ello se oponen con matices Junts y el PNV.
Sin embargo, la formación morada ha denunciado que el nuevo decreto esconde una reforma de la Ley del Suelo que fija como "línea roja"
El partido 'morado' apunta en una nota de prensa que el borrador del decreto incluye una reforma para eliminar artículos de la Ley del Suelo que modificarían el sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados.
El cambio relativo a los recursos contra instrumentos de planeamiento urbanístico, según Podemos, implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros. También limitaría, siempre en palabras del partido, la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.
La reforma relativa a la cancelación registral de los derechos de reversión, por su parte, eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin. Podemos ha aseverado que se trata "de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín", de la capital de España.
En este escenario, el partido de Ione Belarra ha cargado contra estas reformas y ha expresado su "rechazo frontal" a las mismas, por lo que ha reclamado eliminarlas del borrador como "condición ineludible" para empezar a negociar.
Asimismo, ha denunciado que la reforma del decreto "es prácticamente igual" a la presentada por el PP en 2018, a la planteada por el PSOE en 2024 (rechazada no sólo por Podemos, sino también por Sumar, ERC y Junts) y a la que los socialistas llevaron al Congreso en 2025 junto con el PNV, que también contó con el rechazo mayoritario de la Cámara.
