Las regiones del PP plantan a Sira Rego por convocar "ilegalmente" una reunión para prolongar el reparto de menores

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, excepto la ciudad autónoma de Ceuta, han plantado este miércoles a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al no conectarse a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada de forma telemática.

El boicot conjunto responde, según las regiones, a la "ilegalidad" de la convocatoria y al intento del Gobierno de reabrir el debate sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados.

El choque se produce después de que el Ministerio incluyera en el orden del día un punto relativo a la capacidad de acogida y eventual reparto de menores migrantes que, según denuncian las autonomías del PP, había sido previamente rechazado en los órganos técnicos preparatorios.

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En concreto, ese asunto fue descartado en la comisión de directores generales, donde estas comunidades son mayoría, por lo que consideran que su incorporación vulnera el procedimiento.

Fuentes de varios ejecutivos autonómicos sostienen que, al no haberse aprobado ese contenido en la reunión previa, la conferencia de este miércoles carece de validez.

De ahí la decisión de no participar en bloque y escenificar su rechazo a lo que interpretan como un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de "prolongar" un sistema de traslados que consideran ya sin cobertura legal.

La Comunidad de Madrid, especialmente beligerante en este asunto, fue una de las primeras en anunciar su ausencia.

La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, denunció que la convocatoria era "ilegal" y acusó al Ejecutivo central de impulsar un reparto "forzoso" de menores "como si fueran paquetes".

Pero la posición ha sido compartida por el resto de territorios del PP a excepción de Ceuta , según ha informado el Gobierno central.

Tanto Castilla y León como la Xunta de Galicia han confirmado a EL ESPAÑOL que tampoco han participado en la reunión.

Desde el Gobierno gallego aseguran que ya habían advertido previamente al Ministerio: "La Xunta de Galicia advirtió la pasada semana al Ministerio de Juventud e Infancia que la convocatoria para esta Conferencia Sectorial era ilegal, por lo que se envió un requerimiento que en ningún momento fue contestado".

"Esta situación es igual que la ocurrida en la Conferencia Sectorial del 17 de julio de 2025, que contaba con un orden del día que no cumple con la normativa. De modo que, aunque la Xunta siempre asiste a todas las convocatorias de este Ministerio, lo cierto es que Galicia no puede estar presente en una Conferencia que es ilegal".

Sin quorum

Fuentes del propio ministerio de Sira Rego han explicado que, como consecuencia del plantón del PP, la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia no ha podido producirse por falta de quorum.

"En el orden del día de la Conferencia se incluían tres puntos: uno de ellos relativo a las violencias que sufren las infancias, otro relativo a la implementación del modelo Barnahús, y otro para actualizar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida para infancia migrante no acompañada", relatan.

Pero, ¿la falta de quorum y evitar la conferencia ha servido para algo? Verdaderamente no.

Desde Infancia insisten en que "dado que los tres puntos previstos eran de carácter informativo", seguirán su curso y "pasarán por Consejo de Ministros en las próximas semanas".

Reparto de Migrantes

El origen del conflicto se sitúa en la tramitación del orden del día y va más allá: la vigencia del actual marco jurídico que ha sustentado hasta ahora estos traslados: el Real Decreto-ley 2/2025.

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Varios gobiernos autonómicos del PP, entre los que está la Comunidad de Madrid, sostienen que el mecanismo extraordinario de reubicación de menores "ya carece de cobertura jurídica" tras haber expirado los plazos previstos.

A su juicio, su aplicación ha derivado en un sistema que ha ignorado la coordinación con las entidades de protección, la valoración individual de cada menor y, en algunos casos, incluso su voluntad y situación familiar.

Según el orden del día de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, estaba previsto que las comunidades recibiesen "información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas".

Con este plantón coordinado, las autonomías del PP elevan la presión sobre el Gobierno en plena disputa por la política migratoria y evidencian la falta de consenso territorial en torno a la acogida de menores no acompañados.