Así se gobierna sin Presupuesto: Hacienda quita a los ganaderos las ayudas por ataques de lobo y lleva los 20M al coche eléctrico

Así consta en los expedientes de modificaciones presupuestarias que el propio Ministerio de Hacienda ha remitido a la Oficina Presupuestaria del Congreso, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En los documentos figuran, con signo negativo, las partidas 23.11.456C.755, "para Comunidades Autónomas para paliar daños producidos por el lobo ibérico a la ganadería extensiva" (9,5 millones), y 23.11.456C.756, "para Comunidades Autónomas para realizar medidas preventivas en la gestión del lobo ibérico" (10,5 millones).

Ambas se integran en el expediente 2977/25, cuyo objeto declarado es "incrementar la aportación al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a fin de aumentar la dotación económica del Programa MOVES III".

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La víctima principal es Castilla y León, la comunidad con más ataques de lobo de toda España. En 2024 registró 3.973 agresiones al ganado —un 47% más que antes de la "protección estricta" de la especie en 2021— y casi 6.000 reses muertas.

Imagen de las ovejas atacadas por lobos en una granja de Aras de los Olmos (Valencia). Europa Press

La Junta ha tenido que pagar 4,8 millones de euros de indemnizaciones de su propio presupuesto, ya que no ha recibido un céntimo del Gobierno central.

Por eso, cuando este domingo los castellanos y leoneses acudan a las urnas en unas autonómicas, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, espera que hayan escuchado su campaña, en la que se presentó como defensor del campo.

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"El campo es uno de los sectores que dejó de preocupar a Sánchez hace mucho tiempo, y eso lo tenemos todos claro", afirmó en una entrevista con este periódico.

Desvío de fondos

El desvío de los fondos ha sido posible por una combinación de tres factores.

El primero, que España lleva tres años sin Presupuestos: los de 2023, prorrogados ya por segunda vez, mantienen congeladas las partidas e impiden ampliarlas.

El segundo, que el Gobierno se ampara en una disposición ad hoc introducida en la Ley de Presupuestos de 2020, durante la pandemia, que le permite mover créditos entre ministerios sin control parlamentario.

Y el tercero, que lo hace –según denuncia la diputada del PP Milagros Marcos– como "chantaje" a las Comunidades Autónomas que impulsaron la rebaja en la protección del lobo a través de las Cortes.

"Es un castigo con todas las letras", denuncia en declaraciones a este diario.

Milagros Marcos, diputada del PP, con la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en el Congreso. E.E.

Y es que fue el propio Gobierno de Sánchez el que, en septiembre de 2021, incluyó al lobo en el listado de especies de protección especial y prohibió su caza en toda España. Y por eso creó la partida de 20 millones anuales para compensar a los ganaderos por los daños. Pero ahora les retira el dinero de una partida que él diseñó.

Esa "represalia" se basa en que el PP gobierna en 14 de las 19 autonomías y, en marzo de 2025, el Congreso aprobó tres enmiendas populares, incorporadas a la Ley de Desperdicio Alimentario, que rebajaron al lobo al listado de especies sólo "protegidas".

El partido de Alberto Núñez Feijóo argumentó que los ataques provocan "miles de kilos de carne desperdiciada". La votación —174 votos a favor de PP, Vox, PNV y UPN, frente a 150 en contra— derrotó al Gobierno en las Cortes.

Un comunicado y una carta

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al comunicado firmado el pasado 30 de enero por los consejeros de 15 autonomías con competencia en la gestión del lobo. Lo suscriben las 14 gobernadas por el PP y, además, el País Vasco, donde gobierna el PNV en coalición con el PSOE.

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El documento denuncia "actuaciones irregulares cometidas por el Ministerio para la Transición Ecológica" y detalla que, durante los años 2023 y 2024, "ha habido graves problemas para poder justificar los gastos realizados, consecuencia de supuestas objeciones internas puestas al Ministerio por la Intervención del Estado".

Añade que, en 2025, directamente "no se ha realizado el reparto de estos fondos", lo que los consejeros califican como "una reacción intolerable del Ministerio a la introducción de las disposiciones reseñadas en la [citada] Ley 1/2025".

Este periódico también ha accedido a la carta que la consejera cántabra María Jesús Susinos, en nombre de todas esas autonomías, envió el 23 de febrero a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall.

Fue apenas cuatro días después de que Roswall compareciera en el Congreso de los Diputados.

En la misiva, Susinos denuncia que el Gobierno de España no ha remitido a la Comisión Europea el informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de conservación del lobo, pese a que fue aprobado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 16 de julio de 2025.

"No se entiende que el Reino de España no haya hecho llegar el informe a la Comisión en tiempo y forma", señala la carta, advirtiendo de que "todo ello hace pensar que el Ministerio está buscando argumentos sin ninguna base legal para dilatar el cumplimiento de su obligación".

De hecho, la propia comisaria desmintió la versión del Ministerio, que alegó que había pedido una ampliación de plazo.

Y es que ese informe es clave. Según las autonomías, reconoce que el estado de conservación del lobo es "favorable" tanto en la región atlántica como en la mediterránea. Y si la Comisión Europea lo aceptara, se abriría la puerta a una gestión flexible de la especie.

Pero si el Gobierno lo retiene, el bloqueo continúa.

Daños crecientes

Mientras tanto, los daños no dejan de crecer. En Galicia, los ataques han subido un 72% desde 2021, con una media de nueve reses atacadas al día.

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Asturias pagó 1,5 millones en indemnizaciones en 2024, un 96% más que antes de la protección estricta. En Madrid subieron un 35%. Y todas estas comunidades están pagando con cargo a sus propios presupuestos, sin ayuda del Estado.

Algunas, incluso, ya están actualizando los baremos de indemnización por encima del IPC para acercarlos al valor real de mercado.

Cantabria aprobó un nuevo baremo en febrero de 2026; Asturias lo hizo en diciembre de 2024, con un 30% más de lucro cesante. Pero los ganaderos siguen denunciando que la compensación es insuficiente: un ternero se vende a 1.000 euros en el mercado y se indemniza por 740.

La batalla judicial añade incertidumbre. El Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, recurrió ante el Tribunal Constitucional la rebaja en la protección al lobo aprobada por las Cortes. El TC admitió el recurso en julio de 2025, pero varias comunidades se han personado para defender la ley.

En el plano europeo, el Convenio de Berna , en diciembre de 2024, rebajó la protección del lobo. Y el Parlamento Europeo respaldó la modificación de la Directiva Hábitats en mayo de 2025. España debería beneficiarse de esa mayor flexibilidad, pero el Gobierno bloquea el paso al no remitir el informe sexenal.

El resultado es una tormenta perfecta. Unos Presupuestos prorrogados que no se pueden ampliar. Un mecanismo pandémico que permite mover fondos sin pasar por el control de las Cortes.

Una "represalia ideológica del Ejecutivo" por haber sido derrotado en el Parlamento. Y miles de ganaderos, en el medio rural español, que ven cómo el dinero que el Estado les prometió se va a financiar coches eléctricos.