El Senado lleva a Sánchez al Constitucional por "rebeldía" al negarse a comparecer en el pleno por Adamuz

La Cámara Alta tramitará un conflicto de atribuciones por la negativa del presidente a comparecer en el pleno extraordinario sobre el accidente ferroviario de Adamuz y los siniestros de Rodalies. Justo cuando se van a cumplir dos años sin que Sánchez acuda al Senado.

La ofensiva nace de un escrito registrado por el Grupo Popular y firmado por su portavoz, Alicia García. El texto acusa a Sánchez de impedir que el Senado ejerza una de sus funciones básicas: el control al Gobierno.

Ese control se activó tras el descarrilamiento en la línea de alta velocidad a la altura de Adamuz el pasado 18 de enero. Días después, dos incidentes en las líneas R1 y R4 de Rodalies en Cataluña reforzaron la exigencia de explicaciones políticas.

El PP pidió el 26 de enero la comparecencia de Sánchez ante el Pleno al amparo del artículo 182 del Reglamento del Senado. La solicitud se centraba en la gestión de esas tragedias ferroviarias, que dejaron 47 muertos.

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La Mesa del Senado admitió a trámite la petición en su reunión del 27 de enero. Ese mismo día, y con la firma de 140 senadores populares, la Cámara habilitó un pleno extraordinario para el 29 de enero.

El orden del día incluía tres comparecencias: la del presidente del Gobierno y dos del ministro de Transportes, Óscar Puente. El objetivo era que ambos detallasen qué ocurrió en Adamuz, si el raíl se soldó conforme a la norma y cómo afectó la supresión de la Unidad de Emergencias.

Sánchez decidió no acudir a la sesión, pese al requerimiento formal y a no tener agenda pública. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes lo confirmó a los portavoces en la Junta celebrada el mismo 27 de enero.

"Inexcusable obligación"

Un día antes del pleno, Pedro Rollán, presidente del Senado, remitió una carta a Moncloa. En ella recordó a Sánchez su "inexcusable obligación" constitucional de comparecer y le advirtió de las consecuencias legales si no lo hacía.

Pese a esa advertencia, el jefe del Ejecutivo mantuvo su plantón al Senado. El pleno tuvo que constatar la imposibilidad de tramitar ese punto del orden del día por la "ausencia estrepitosa" del presidente.

El PP considera que ese gesto vulnera de lleno el artículo 66.2 de la Constitución. Ese precepto otorga a las Cortes Generales la función de controlar la acción del Gobierno, no sólo a sus ministros, sino también a su presidente.

El escrito popular subraya que la Constitución configura a España como una Monarquía parlamentaria y un Estado social y democrático de Derecho. Según el PP, un Gobierno que rehúye el escrutinio de la Cámara rompe ese equilibrio de "pesos y contrapesos" entre poderes.

La clave jurídica está en el artículo 182.1 del Reglamento del Senado. Ese precepto establece que "el presidente del Gobierno […] comparecerá ante el Pleno" cuando lo acuerde la Junta de Portavoces, una fórmula que el PP interpreta como obligación y no como simple posibilidad.

García defiende que el presidente no puede decidir a voluntad cuándo se deja controlar por el Senado. Si el órgano controlado fija por sí mismo la agenda del órgano controlador, "el Parlamento queda anulado y vaciado de esencia", denuncia el grupo mayoritario.

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El Gobierno ha intentado amparar la ausencia de Sánchez en el principio de responsabilidad solidaria del artículo 108 de la Constitución. Es el argumento que utilizó el secretario de Estado para sostener que basta con que comparezca un miembro del Ejecutivo, como Puente, y no necesariamente el presidente.

El PP rechaza de plano esa tesis. Alega que la solidaridad del Gobierno sirve para que el Congreso pueda hacer caer al Ejecutivo en bloque, pero no para sustituir la obligación personal de Sánchez de dar la cara en el Senado.

Los populares remarcan que las comparecencias en Pleno son ad nominem, personales e intransferibles. No se pueden delegar, ni justificar ausencias ni solicitar aplazamientos, a diferencia de lo que ocurre con preguntas e interpelaciones.

García habla ya de "presidente en rebeldía parlamentaria y constitucional". Le acusa de preferir "el cálculo político" y "quedarse en el búnker de La Moncloa" antes que cumplir con su obligación legal y moral de rendir cuentas.

En paralelo, el PP advierte de que la negativa de Sánchez lesiona el ius in officium de los senadores que pidieron el pleno. Su derecho a controlar al Gobierno mediante la comparecencia del presidente quedó frustrado, sostienen, por una desobediencia abierta al Reglamento y a los acuerdos de la Cámara.

EL ESPAÑOL ya adelantó que este pulso desembocaría en el Tribunal Constitucional. Entonces, este periódico informó de que la incomparecencia en el pleno sobre Adamuz no quedaría en un mero choque político, sino que se traduciría en un conflicto de atribuciones.

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Ese paso se formaliza ahora con la propuesta registrada por el Grupo Popular. Es el duodécimo conflicto de este tipo impulsado en esta legislatura, pero el primero que apunta directamente al presidente del Gobierno.

Si el pleno del Senado aprueba el planteamiento, se remitirá un requerimiento al Ejecutivo. Sánchez tendrá un mes para cumplir y comparecer en la Cámara Alta o se abrirá la puerta a que el caso llegue al Constitucional.

García avisa de que el PP no se quedará "de brazos cruzados". El grupo utilizará "todos los instrumentos parlamentarios, políticos y judiciales" para obligar al presidente a explicar qué ocurrió en Adamuz y por qué se negó a dar la cara en el pleno extraordinario.