El presidente Sánchez y el ministro Óscar Puente, este martes, en el pleno del Congreso de los Diputados.

El presidente Sánchez y el ministro Óscar Puente, este martes, en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE

Política CRISIS FERROVIARIA

Puente tendrá que explicar en el Senado si el raíl se soldó según la norma y por qué eliminó la Unidad de Emergencias

La anunciada incomparecencia de Sánchez ante el pleno deja al ministro como cortafuegos del Gobierno. La Cámara Alta llevará al presidente ante el Constitucional por "incumplir la ley" al "sustraerse del control parlamentario".

Más información: Puente miente tildando de bulo la "eliminación de la Unidad de Emergencias" cuando el BOE publicó que "queda suprimida".

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Las claves

El ministro Óscar Puente comparece en el Senado para explicar la gestión de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Barcelona.

El PP exigirá que Puente aporte pruebas documentales sobre si la soldadura del raíl en Adamuz se realizó conforme a la normativa oficial de Adif.

Se cuestiona la eliminación de la Unidad de Emergencias, clave para la seguridad ferroviaria, justo meses antes del accidente de Adamuz.

El Senado llevará al Tribunal Constitucional la incomparecencia de Pedro Sánchez por considerar que incumple sus obligaciones constitucionales y reglamentarias.

Este jueves, a las 11:00 horas, el ministro Óscar Puente comparece por primera vez en el Senado para rendir cuentas sobre su gestión de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Barcelona.

Será una comparecencia "obligada" por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta, "pues su intención era retrasarla lo más posible".

Pedro Sánchez, en cambio, ha decidido no comparecer, a pesar de su obligación legal y constitucional, "y de su obligación moral con las víctimas", remarcan fuentes del PP.

El presidente ha mandado a Puente como cortafuegos, amparándose en que él ya comparecerá el 11 de febrero en el Congreso.

Así, Puente será quien tenga que responder por las decisiones de gestión, mantenimiento y contradicciones con la investigación oficial.

Según las fuentes del PP en el Senado, "el ministro tendrá que elegir entre explicar la verdad o protegerse a sí mismo para salvar a Sánchez".

De hecho, la Cámara Alta ya está preparando un conflicto de atribuciones contra el presidente ante el Tribunal Constitucional por "incumplir la ley" al "sustraerse del control parlamentario", según ha podido confirmar este periódico.

La soldadura

Los senadores del PP llevarán a la comparecencia una de las exclusivas de este periódico: la contradicción entre la guía oficial de Adif y el pliego de prescripciones técnicas que reguló la soldadura que provocó el accidente de Adamuz.

Esta será "la clave para desvelar la causa más probable" del accidente y, sobre todo, un punto del que el ministro se ha negado a dar información alguna.

Según la normativa interna de Adif (NAV 3-3-2.1), cuando se sueldan carriles de distinta dureza, debe utilizarse "la carga correspondiente al acero de menor grado de ambos carriles".

Artículo en la NAV 3‑3‑2.1 sobre la soldadura aluminotérmica de carriles

Artículo en la NAV 3‑3‑2.1 sobre la soldadura aluminotérmica de carriles EL ESPAÑOL

En Adamuz se soldaba un carril R260 de 1989 con otro R350HT de 2023, lo que exigía usar la carga del carril más antiguo y menos duro. Sin embargo, el pliego del contrato ordenaba exactamente lo contrario: usar el kit de soldadura de "mayor dureza".

El Ministerio de Transportes alegó que se trataba de un "error" del pliego, pero aseguró que la soldadura se ejecutó finalmente conforme a la guía oficial de Adif, pero no aportó ninguna prueba de ello.

Transportes argumentó así que no hubo incumplimiento normativo real, sino sólo un error redaccional que fue corregido durante la obra. Una versión que busca exculpar tanto al ministerio como a Adif de responsabilidad técnica.

Sin embargo, según ha podido confirmar este diario, los senadores del PP insistirán en que el ministro aporte pruebas documentales de esta afirmación.

De hecho, hasta ahora, Puente se ha negado a publicar el certificado de la soldadura que acreditaría con qué carga se ejecutó realmente la unión entre los dos carriles. Su respuesta fue: "La sacaremos cuando toque".

Los senadores consideran que esta opacidad es inadmisible cuando se investiga la causa de un accidente que costó 45 vidas.

La Unidad de Emergencias

Los senadores también preguntarán por qué el ministro eliminó la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes el 30 de julio de 2025, apenas seis meses antes del accidente de Adamuz.

Esta estructura no era una oficina burocrática, sino un órgano operativo clave para la seguridad transversal de todas las infraestructuras de Transportes: ferrocarril, aviación civil, transporte marítimo y carreteras.

La Unidad mantenía acceso diario a incidencias de todos estos modos de transporte. Celebraba reuniones mensuales con responsables de seguridad de Adif para elaborar mapas de "puntos negros" y detectar patrones de riesgo.

Además, estaba integrada en el Plan Director de Actuación ante Emergencias de Adif y participaba en foros internacionales de seguridad de la Unión Europea.

Es más, su director reportaba directamente al secretario de Estado. Era el único órgano ministerial con capacidad de coordinación preventiva transversal, según documentos en poder de la Unidad Central Operativa (UCO), procedentes de la investigación del caso Koldo.

Pero el Real Decreto 690/2025 ordenó su supresión bajo la justificación de que la "gestión centralizada de crisis no resultaba eficaz". Fue sustituida por un Observatorio para la coordinación y prevención de crisis, una estructura consultiva sin capacidades ejecutivas, dirigida por una oficina de atención a víctimas con apenas un funcionario.

Óscar Puente y la supresión de la Unidad de Emergencias

Óscar Puente y la supresión de la Unidad de Emergencias Diseño: Arte EE

Puente intentó desmentir la información de este periódico diciendo que se trataba de un "bulo", y que la unidad "se transformó en observatorio, que está dotado del mismo personal".

Sin embargo, EL ESPAÑOL contradijo al ministro publicando la inserción en el BOE del 30 de julio de 2025 donde dice textualmente: "Queda suprimida la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis".

Sánchez, al TC

La incomparecencia de Sánchez también será mencionada por los senadores del PP, este jueves en el pleno extraordinario. Su decisión "demuestra el miedo a la verdad y su crueldad con las víctimas, los afectados y sus familiares que exigen conocer qué ocurrió realmente", según los populares.

Según fuentes oficiales de la Cámara Alta, la presentación de un nuevo conflicto de atribuciones ante el TC se fundamenta en la "violación de obligaciones constitucionales y reglamentarias claramente establecidas".

La Carta Magna es clara en sus artículos 110.1 y 111.1. Y el Senado tiene competencias propias para exigir [la comparecencia de los miembros del Gobierno] a través de su Reglamento (artículo 182.1), que permite que un Grupo parlamentario o 25 senadores soliciten la presencia del presidente.

Además, existe una obligación más reciente. El Reglamento del Senado fue reformado el 25 de junio de 2025 para establecer que "el Presidente del Gobierno responderá preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones, salvo que motivos justificados, notificados a la Cámara, se lo impidan".

Esta reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Pero Sánchez no ha comparecido nunca conforme a esta obligación. De hecho, no visita la Cámara desde marzo de 2024.

En un sistema parlamentario, explican las fuentes jurídicas del Senado, el poder central del Estado es el Parlamento, que representa la soberanía y a todos los ciudadanos. Y sólo razones de alto nivel institucional internacional justificarían que el presidente del Gobierno no comparezca ante las Cámaras.

"Sánchez no ha ofrecido ningún motivo justificado", alegan desde la Mesa del Senado. "Simplemente, se ha negado a comparecer, incumpliendo tanto la Constitución como el Reglamento".

Por ello, la Cámara llevará esta cuestión ante el Tribunal Constitucional, acusando a Sánchez de "incumplir la ley" al "sustraerse del control parlamentario".