EL ministro de Fomento, Óscar Puente, en una reciente intervención en el Senado. Madrid
Bruselas obliga a Puertos a devolver fondos por saltarse el 'pacto verde' en plena defensa de Sánchez de la Agenda 2030
La UE rechaza como 'sostenibles' algunas actuaciones y España ha tenido que devolver casi 200.000 euros, según certifica el Tribunal de Cuentas.
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Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, ha tenido que devolver parte de los fondos europeos a Bruselas por haberse saltado los criterios verdes exigidos. Así lo certifica el Tribunal de Cuentas en uno de sus últimos informes publicado este viernes.
El organismo fiscalizador señala que, durante la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia entre 2021 y 2024, Puertos tuvo que reintegrar más de 313.000 euros, de los cuales casi 200.000 correspondían a actuaciones declaradas no elegibles en sostenibilidad.
Una auditoría de la Comisión Europea fue la que constató las irregularidades.
El Gobierno ha hecho de la sostenibilidad su estandarte político, especialmente en los últimos meses, con Pedro Sánchez llevando la retórica climática y la defensa de la Agenda 2030 a cada una de sus intervenciones.
Las consecuencias trágicas de la dana y la proximidad de varios comicios autonómicos, en los que Vox puede ser clave, han contribuido a ello. Sánchez califica reiteradamente de "negacionista" al partido de Santiago Abascal.
El informe de control de las inversiones de Puertos concluyó que determinados proyectos "no se relacionan entre los criterios incluidos por la Comisión Europea en la propuesta del CID de 13 de julio de 2021 para el cumplimiento de los hitos 95, 96 y 98"; lo que obligó a Bruselas a eliminar las actuaciones como inversión verde.
Estos hitos son obligados y las entidades receptoras de fondos tienen que cumplirlos para poder beneficiarse de esos fondos europeos. En concreto, el hito 98 se refiere a la ejecución de proyectos que reduzcan en un 40-55% las emisiones de gases de efecto invernadero.
El incumplimiento es un revés para el Ejecutivo en una área de la que viene haciendo bandera, arremetiendo de forma recurrente contra lo que denomina "mayorías negacionistas" y contra los partidos que "banalizan" la emergencia climática.
El pasado 7 de noviembre, tras la conferencia de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático,Sánchez alertó de que un hipotético pacto PP-Vox en Valencia podría "desmantelar la agenda climática".
Exigió incluso elecciones anticipadas en la región para evitar que las exigencias de Abascal "banalicen" los efectos de fenómenos como las inundaciones.
Cuatro días después, Sánchez volvió a afear al PP que sus eurodiputados votaran "con la ultraderecha" contra el objetivo de reducción del 90% de emisiones para 2040.
En esa intervención, llegó a asegurar que su Gobierno cumpliría los compromisos climáticos "para salvar vidas".
Otras irregularidades
El Tribunal de Cuentas también alerta de otras irregularidades en la gestión de los fondos europeos por parte de Puertos del Estado. Entre ellas, la baja ejecución del importe asignado por Bruselas.
A cierre del ejercicio 2024, solo se había transferido un 32,2% de los recursos disponibles, lo que evidencia retrasos notorios en la aplicación de la financiación.
El organismo fiscalizador también denuncia que las autoridades portuarias dependientes de la entidad solo realizaron un control interno del 10% de los expedientes de contratación.
El 90% restante no se revisaron debido a que no superaban el importe de tres millones de euros, aunque el Plan de Control Interno contemplaba la posibilidad de efectuar controles aleatorios.
Por otro lado, el informe destaca que Puertos del Estado sí elaboró un Plan de Medidas Antifraude pero no recoge las fuentes de información que evalúan los riesgos.
Además, para la elaboración de ese plan, la entidad contrató a una empresa externa pero no acreditó "la elección de la empresa adjudicataria ni tampoco justificó la urgencia de su tramitación".
Cabe recordar, que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, registró antes de su entrada en prisión un escrito en el Congreso denunciando supuestos amaños y hasta el cobro irregular de dietas en el Puerto de Valencia, dependiente de Puertos del Estado.
