La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa en la sala del Consejo de Ministros.
La propuesta del Gobierno sobre el aborto genera críticas y resistencias en Podemos, PNV, Junts y una parte de Sumar
La reforma suave de la Constitución que impulsa reduce el grado de protección del derecho al aborto que existe con la ley actual.
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Es seguro que la iniciativa del Gobierno para llevar a la Constitución el derecho de las mujeres al aborto no se aprobará nunca.
Hasta Moncloa sabe que necesita una mayoría parlamentaria que sólo conseguiría con el PP y, por tanto, es imposible que la reforma constitucional acabe en el BOE.
El Gobierno ha querido aprovechar las discrepancias en el PP y la incomodidad que este debate le provoca a Alberto Núñez Feijóo para mantener viva esa llama durante unos meses y contraponer el Gobierno de progreso con un hipotético Ejecutivo de PP y Vox.
Sin embargo, en el camino, Pedro Sánchez ha provocado malestar entre sus socios parlamentarios.
A la izquierda del PSOE, especialmente en Podemos, y entre juristas progresistas, el anuncio ha generado rechazo. El Gobierno plantea una reforma suave de la Constitución que, en la práctica, reduce el grado de protección actual del derecho al aborto.
Otros socios parlamentarios, como el PNV y Junts, expresan su incomodidad por un debate que ya tenían resuelto entre sus bases y votantes.
Algunos de esos partidos aseguran que, puestos a luchar por el feminismo, se podría acometer una reforma agravada que incluya la eliminación de la prelación del varón en la sucesión a la Corona.
El Gobierno ha optado por la reforma del artículo 43 para incluir el aborto en el capítulo de "los principios rectores de la política social y económica", en lugar del referido a los derechos fundamentales, que tienen mayor nivel de protección y pueden ser invocados, por ejemplo, en amparo ante el Tribunal Constitucional.
La explicación es que la segunda opción hubiera necesitado una reforma agravada que requiere disolución de las Cortes y referéndum, mientras que con la vía adoptada se resuelve con mayoría cualificada en Congreso y Senado.
La pregunta que se hacen socios del Gobierno es por qué no se optó por la reforma agravada, puesto que en ningún caso se iba a aprobar por falta de mayoría.
El Gobierno juega con la suposición de que ninguno de los socios parlamentarios se atreverá a rechazar la reforma junto a PP y Vox, pero la vía utilizada permite que todos ellos se opongan a la iniciativa porque consideran que, en la práctica, supone un grave retroceso a la protección del derecho al aborto.
Por lo tanto, la iniciativa genera críticas desde posiciones ideológicas que no son sólo las de PP y Vox.
En este momento, el aborto ya es un derecho fundamental, según estableció por primera vez el Tribunal Constitucional en la sentencia 44/23.
Esa resolución aseguró por primera vez que el aborto está amparado por derechos fundamentales de la mujer, especialmente los de dignidad (artículo 10 de la Constitución), libre desarrollo de la personalidad (artículo 10), integridad física y moral (artículo 15) y libertad e intimidad (artículos 16 y 18).
La Constitución garantiza a las mujeres la posibilidad de decidir libremente sobre la interrupción del embarazo dentro de los límites establecidos por la ley. Por tanto, la norma que avala la interrupción voluntaria del embarazo no es sólo una despenalización, sino una manifestación de derechos fundamentales, según el Constitucional.
Carmen Calvo, con Montero
La propia Ley del aborto en vigor inicia la exposición de motivos asegurando que "el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar".
Con la propuesta del Gobierno, que inició el martes su trámite, esta protección bajaría paradójicamente de nivel y perdería su condición de derecho fundamental.
Así lo han expresado dirigentes de Podemos, empezando por Irene Montero, impulsora de la Ley del aborto hoy en vigor, y cabeza de lista a las próximas elecciones generales.
Este viernes, Carmen Calvo se sumó a las tesis de su sucesora al frente del Ministerio de Igualdad y cuestionó la reforma de la Constitución que propone el Gobierno sobre el aborto.
![Carmen Calvo, este viernes, durante la presentación de la memoria del Consejo de Estado de 2024.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/10\/17\/actualidad\/1003743974415_259424534_320x180.jpg"])
La propuesta la pactaron el martes PSOE y Sumar, aunque curiosamente, la formación de Yolanda Díaz anunció en marzo una iniciativa para incluir en la Constitución el aborto como un derecho fundamental y entonces el PSOE, con Ana Redondo a la cabeza, rechazó la iniciativa.
Por eso, hay voces en Sumar que critican un cambio de criterio que reduce el grado de protección del derecho al aborto.
Pero además, la iniciativa política del PSOE ha enfadado al PNV, que no entiende que el PSOE le lleve a sufrir tensiones internas como ya ocurrió cuando se aprobó la ley de plazos en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Su presidente, Aitor Esteban, criticó esta semana la propuesta del Gobierno, que calificó de "postureo".
Algo parecido a lo que pasa en el PNV ocurre con Junts.
