Illa cambia el 'España nos roba' por 'Madrid nos roba': los datos desmienten el discurso con el que justifica el cupo catalán

Illa reclamó este domingo en una entrevista "poner freno a la competencia desleal y el dumping fiscal de Madrid", que a su juicio perjudica al resto de CCAA.

Pero las cifras y los datos expuestos por los expertos (también por el socialista Josep Borrell), no avalan el discurso empleado por Illa para justificar la financiación privilegiada que recibirá Cataluña.

El pacto Zapatero-Montilla

El acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC en julio de 2024 para la investidura de Salvador Illa justificaba la necesidad de poner en marcha el cupo catalán (imitando el modelo del concierto vasco y navarro) para corregir la "infrafinanciación sostenida en el tiempo" y la "insuficiencia financiera crónica" que sufre Cataluña, que "limita enormemente el gasto en políticas públicas".

Lo cierto es que el actual sistema de financiación autonómica, que ambos partidos consideran ahora tan lesivo para Cataluña, fue pactado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el tripartido de José Montilla.

Fue, por tanto, un modelo a la carta para Cataluña, diseñado por PSOE, PSC y ERC.

Cataluña no es la peor financiada

Tampoco es cierto que Cataluña resulte especialmente perjudicada por este modelo respecto al resto de regiones, como sostiene el discurso victimista que alimentan los partidos independentistas, y que ahora asume en parte Illa.

En financiación autonómica per cápita, Cataluña se sitúa por encima de la media: recibe 3.822 euros por habitante, según el estudio elaborado por el economista e inspector de Hacienda Francisco de la Torre, a partir de los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes a 2022.

Las comunidades autónomas más desfavorecidas, por debajo de la media, son Castilla-La Mancha (3.204 euros por habitante), Canarias (3.182 euros), Andalucía (3.141 euros), Madrid (3.104 euros), la Comunidad Valenciana (3.020 euros) y la Región de Murcia (1.910 euros por habitante).

Borrell desmonta el relato

Que las regiones más ricas aporten más, para el sostenimiento de las que tienen menor actividad económica y renta per cápita, responde a los principios de solidaridad, equidad y justicia que defienden socialistas como Josep Borrell y Emiliano García-Page.

Se trata del mismo mecanismo por el que, en una socialdemocracia como España, las familias con mayores niveles de renta pagan más impuestos (con tipos impositivos de IRPF más elevados), para financiar los servicios a los que menos tienen.

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Porque, ha recordado Josep Borrell en distintas entrevistas, quien paga los impuestos no son las regiones, sino los ciudadanos.

La auténtica anomalía es que dos de las regiones con mayor renta per cápita sean al mismo tiempo las que reciben la mayor financiación autonómica por habitante: País Vasco (6.614 euros) y Navarra (5.879), gracias al régimen foral preservado por la Constitución. Un club al que se va a sumar ahora Cataluña.

¿Madrid insolidaria?

Para justificar el trato privilegiado que supone el cupo catalán, Salvador Illa afirma que defiende desde Cataluña un "modelo de prosperidad compartida", frente al modelo de "acumulación insolidaria de recursos" que a su juicio practica la Comunidad de Madrid.

"Ellos acumulan, acumulan, acumulan, generan mucha prosperidad y, en vez de compartirla, lo que hacen es una acumulación insolidaria", detallaba Illa este domingo en la entrevista al diario Ara.

Sin embargo, en contra de lo que sostiene Illa, Madrid aporta el triple que Cataluña al fondo de financiación que contribuye a pagar los servicios públicos en el resto de CCAA.

Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la Comunidad de Madrid aportó en 2002 un total de 7.395 millones de euros a la caja común que financia al resto de CCAA.

Más del triple que Cataluña (2.088 millones) y muy por delante de Baleares (345 millones de euros).

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha replicado a Illa que "la Comunidad de Madrid aporta el 80 % de su recaudación; el 70 % de la caja común".

En la misma entrevista en la que acusaba a Ayuso de "insolidaria", Illa anunciaba que en el nuevo modelo de financiación Cataluña limitará su aportación a la "solidaridad" aplicando el principio de "ordinalidad" exigido por ERC.

Esto implica que Cataluña no puede descender posiciones respecto al resto de CCAA, tras realizar su aportación al fondo de "solidaridad".

Confederal, no federal

El Gobierno presenta el cupo catalán como un avance hacia el modelo de la "España federal", que no está contemplado en la Constitución.

En realidad, el modelo pactado con ERC no es federal sino confederal: Cataluña abandonará el régimen común para dotarse de los mismos privilegios que la Constitución otorga al País Vasco y Navarra, lo que acentuará las desigualdades, como denuncia el barón socialista Emiliano García-Page.

Se trata de un modelo asimétrico. La Generalitat negociará de forma bilateral con el Gobierno central (sin la participación del resto de CCAA) qué porción de los impuestos recaudados entrega al Estado por dos conceptos: el coste de los servicios que la Administración central aún presta a Cataluña y una cuota de "solidaridad" con el resto de CCAA.

'Dumping' fiscal

El presidente Salvador Illa pedía, en su entrevista de este domingo, "poner freno a la competencia desleal y el dumping fiscal de Madrid".

Según el presidente de la Generalitat, el Ejecutivo de Ayuso aprueba "rebajas fiscales, que alteran la competencia entre territorios, que se suman a un efecto de capitalidad que ya les favorece y distorsiona la realidad económica".

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Pero que la Comunidad de Madrid rebaje el tramo del IRPF gestionado por las CCAA no afecta al reparto de la financiación autonómica.

El auténtico dumping fiscal ante el que los socialistas callan, replica el economista Francisco de la Torre, es el que practica el PNV dando su apoyo al Gobierno para sacar adelante el impuesto a la banca, con la condición de que se aplique en toda España salvo en el País Vasco. 

"Soberanía fiscal"

PSC y ERC acordaron hace un año, en el pacto de investidura de Illa, "impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos"

Pero mientras Illa reclama para Cataluña plena "soberanía fiscal" para recaudar y gestionar todos los impuestos, niega a la Comunidad de Madrid la capacidad para rebajar los impuestos de gestión autonómica.

El "efecto capitalidad"

Illa atribuye al efecto de la "capitalidad" la acumulación de recursos y "prosperidad" que la Comunidad de Madrid se niega a "compartir".

"Madrid es capital desde el siglo XVI, y hasta 1996 Cataluña era más próspera", replica Francisco de la Torre, autor de La factura del cupo catalán.

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Lo cierto es que el declive económico de Cataluña se acentuó a medida que los gobiernos de la Generalitat participados por Convergència (luego transmutada en Junts) y ERC exacerbaban su discurso identitario y soberanista. 

Un proceso que culminó en 2017 tras el referéndum del 1-O: desde entonces más de 9.000 empresas han huido de Cataluña.

En sentido contrario, la Comunidad de Madrid ha conseguido dinamizar su actividad económica con las políticas de rebajas de impuestos que, es cierto, generan prosperidad.

La falacia de las balanzas fiscales

El socialista Josep Borrell y el economista Ángel de la Fuente han desmontado la falacia de las balanzas fiscales, con la que ERC y Junts construyeron su discurso del "déficit fiscal" histórico (que han cifrado en 16.000 millones de euros anuales).

Según explica el economista y director de Fedea Ángel de la Fuente, hay dos métodos habituales para calcular las balanzas fiscales: el del flujo monetario y el de carga-beneficio.

El primero, que es el aplicado por los independentistas porque resulta mucho más favorable para alimentar el agravio, asigna a cada territorio el gasto estatal realizado físicamente en esa región.

Pero este método es engañoso y distorsiona la realidad. Por ejemplo, localiza la práctica totalidad del gasto militar en Madrid y en las provisiones donde se encuentran las bases aéreas y del Ejército, cuando en realidad se trata de un gasto destinado a la defensa del conjunto de España.

El cálculo más realista es el de carga-beneficio, que tiene en cuenta quiénes son los beneficiarios reales de ese gasto del Estado, aunque no coincida necesariamente con el territorio en el que se realiza físicamente la inversión. De este modo, por ejemplo, el gasto militar se distribuye de forma equitativa entre todos los españoles.

Según el cálculo de Borrell y Joan Llorach, utilizando este último método, el déficit fiscal real de Cataluña sería de 3.000 millones de euros anuales, es decir, el 1,5% del PIB de Cataluña. Una cifra muy alejada del 8% del PIB que manejan los separatistas.

Tras exponer esta cifra, Borrell explicó en una entrevista concedida en mayo de 2017: "Cataluña no está maltratada. Paga más, porque es más rica. Igual que Madrid y Baleares. ¿Hace un esfuerzo solidario excesivo? Es sólo un 1,5%".

Trocear la Agencia Tributaria

El economista Ángel de la Fuente advierte de que "trocear" la Agencia Tributaria (la AEAT), como han pactado PSOE y ERC, se traducirá en "mayores costes de gestión y una menor efectividad en la lucha contra el fraude".

Así se ha pronunciado también la asociación de inspectores de Hacienda.

Pero en un informe de Fedea publicado en septiembre de 2024, Ángel de la Fuente añadía otro argumento: "Una agencia tributaria propia que recaude todos los impuestos en la comunidad sería una de esas estructuras de Estado que tan prioritarias son para los nacionalistas catalanes, entre otras cosas porque serían imprescindibles para que una declaración unilateral de independencia, como la de 2017, pueda ser factible".

"Dada la historia reciente, ¿estamos seguros de que sería buena idea dársela?", concluye el director de Fedea.

Una Generalitat voraz

Cataluña tiene 8,1 millones de habitantes, un 15% más que Madrid (7,1 millones). Pero la Generalitat gastó el año pasado alrededor de 48.000 millones de euros, un 65% más que la Comunidad de Madrid (29.000 millones).

Y la deuda de la Generalitat, que el Gobierno central va a condonar ahora parcialmente, roza los 90.000 millones de euros, un 130% más que la de la Comunidad de Madrid (que ronda los 39.000 millones).

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¿Esta diferencia abismal se explica porque Cataluña tiene algunas competencias exclusivas, como la Policía autonómica?

Sólo en parte. Lejos de recortar la red de embajadas desarrollada por la Generalitat en los últimos años, el Ejecutivo de Illa anunció el pasado mes de julio la apertura de una nueva delegación exterior en China.

TV3 cuesta más de 300 millones de euros al año, mientras que TeleMadrid no alcanza los 90 millones. Son sólo dos ejemplos, que muestran una visión muy distinta de ambas Administraciones.

En su discurso para justificar el cupo catalán, Illa sólo reclama que la Generalitat reciba más recursos (adoptando el modelo privilegiado de País Vasco y Navarra), pero en ningún momento plantea fórmulas para racionalizar un gasto público sobredimensionado, que responde a un "modelo de país".