Tensión en el Consejo de Estado: Miguel Herrero, padre de la Constitución, afea ante García Ortiz que se amplíe su poder cuando va a ser juzgado

García Ortiz es miembro nato del pleno del Consejo de Estado por ser el máximo responsable del Ministerio Público y tuvo que escuchar una durísima intervención en la que el consejero permanente Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, uno de los siete padres de la Constitución, aludía a su situación procesal de acusado en el procedimiento que tramita el Tribunal Supremo por la presunta revelación de datos tributarios del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz está abocado a un juicio oral después de que la Sala de Apelación haya rechazado su último recurso para evitarlo. Será el primer fiscal general que se sentará en el banquillo ya que él, convencido de su inocencia, descarta dimitir y cuenta con el apoyo cerrado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El Gobierno respalda al primer fiscal general en el banquillo confiando en que un Supremo dividido le absuelva

Pero el coste institucional de esa decisión se está dejando sentir no solo de puertas adentro de la Fiscalía sino también de cara al exterior.

Fuentes del Consejo de Estado señalaron que la intervención de Herrero Rodríguez de Miñón, "que no es un consejero permanente cualquiera", generó un momento "de mucha tensión" durante la reunión del pleno. No había sucedido antes que una crítica tan severa como la que expuso se hicieran delante del propio cuestionado, también miembro del Consejo de Estado.

Herrero dio lectura a un breve voto discrepante del informe que el órgano consultivo del Gobierno aprobó, por una abrumadora mayoría de 18 votos frente a 7, a favor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que Bolaños pretende llevar al Congreso antes de que acabe el año.

El consejero permanente cuestionó, sin embargo, la oportunidad de esta modificación legislativa.

Señaló que "un texto que pretende llegar a ser una ley de Estado, en lo que ello supone de estabilidad y duración, debe ser fruto de un amplio consenso en el legislativo, lo cual exige largos trabajos preparatorios útiles, no sólo para ser citados con elogio, sino para decantar entre todos un consenso en torno al texto proyectado".

"Por ello", añadió, "abordar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en una situación de radical polarización, no ya de las opiniones sino entre los actores políticos, no es la situación más oportuna para ello".

El Consejo de Estado, dijo Miguel Herrero, "no puede obviar la oportunidad implícita en la consulta" y "no puede silenciar la inoportunidad de incrementar las competencias del fiscal general en el mismo momento en que el titular de tan importante magistratura está imputado o, como se dice, investigado por tener constancia de una significativa sospecha de un delito grave, como es la violación de secreto en el ejercicio de su función"

"Sin duda", añadió, "esta situación deberá cesar o bien por la eliminación de tal sospecha, como por la continuidad del proceso y la apertura del juicio oral. Ahora bien, el escándalo que produce en la conciencia ciudadana la coincidencia de una situación de imputado y el incremento de sus funciones, cualquiera que sea la duración de la coincidencia, debe ser evitado".

Herrero discrepó de que se atribuya a los fiscales la investigación de los delitos, convirtiéndole "en el efectivo señor del proceso".

"Mera prolongación del Gobierno"

A su parecer, el hecho de que el juez instructor español carece de paralelismo en el Derecho comparado no representa un problema. "Es claro que los paralelos han de ser interpretados y valorados atendiendo a sus respectivos contextos, todos ellos muy distintos del caso español", sostuvo.

Y entonces lanzó una de las críticas más de fondo de su voto discrepante: "En España, el Ministerio Fiscal es una mera prolongación jerárquica del Gobierno" y ello "equivale a una erosión capital de la independencia del Poder Judicial, donde, hoy por hoy, se concreta el siempre citado y frecuentemente mal interpretado principio de la separación de poderes, clave del constitucionalismo
democrático".

Otro punto de discrepancia del consejero es que el "apoderamiento" de la Fiscalía "intensifica extraordinariamente sus competencias" sobre las fuerzas policiales.

"Un juicio sincero sobre la materia obliga a considerar que es la Policía la que más valiosa contribución ha hecho a las instrucciones que ahora encomiendan a la Fiscalía General, cuya valoración a este Consejo no es igualmente positiva", manifestó.

"Los resultados que se acumulan" en las investigaciones penales "son fruto de la intervención fundamentalmente de la Guardia Civil, y no parece muy afortunada la idea de sustraerle dichas competencias. O, lo que es lo mismo, supeditarlas a las instrucciones de la Fiscalía".

Para Herrero, "si algo ha funcionado es la investigación policial" y "sustraerle la autonomía de esta gestión para atribuirla a quien no se ha mostrado especialmente ágil y que difícilmente funcionará al acumular más trabajo del que ya tiene y lentamente atiende".

El consejero permanente, que apadrinó a Carmen Calvo en su toma de posesión como presidenta del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2024, aprovechó para criticar otras reformas impulsadas por Bolaños y que ha puesto en pie de guerra a jueces fiscales.

Carmen Calvo durante el acto de toma de posesión como nueva presidenta del Consejo de Estado. Efe

A su juicio, el reproche al cambio de la ley procesal penal "se justifica aún más si se tiene en cuenta la renovación anunciada del estamento judicial prescindiendo del vigente sistema de oposición y formación a cargo fundamentalmente de los propios jueces, por una nominación discrecional del Gobierno entre un personal tan amplio, el título de graduado en Derecho es sumamente frecuente, que equivale a una posible degradación de los futuros jueces".