Última hora política, en directo | Koldo García niega haber llegado a un pacto con la Fiscalía o con la Guardia Civil

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha negado haber llegado a un pacto con la Fiscalía o con las Fuerzas de Seguridad del Estado con el objetivo de aminorar una eventual condena o de conseguir una situación beneficiosa para su expareja y su hermano, investigados en la Audiencia Nacional.

En un comunicado remitido a EL ESPAÑOL, el exasesor quiere poner fin a los "infundados rumores" que apuntarían a la dirección de un supuesto acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción o con las Fuerzas de Seguridad:

"Ante las distintas informaciones aparecidas estos días en los medios de comunicación, especialmente con más insistencia en el día de hoy, deseo manifestar que ni yo ni mi círculo de confianza, ni el equipo encargado de mi defensa legal estamos haciendo manifestación alguna, ni nos estamos pronunciando acerca de los distintos acontecimientos que en torno al procedimiento penal se están produciendo últimamente, por lo que no son ciertas las noticias que aparecen entrecomilladas como si las hubiera realizado yo".

"Es nuestra intención continuar en esta postura, por respeto al procedimiento penal en marcha. Por lo tanto, no es cierto que hayamos hablado o pactado ni con la Fiscalía, ni con los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Las noticias publicadas en este sentido son absolutamente falsas, y si bien es cierto que no podemos entrar a desmentir por inabarcable todo lo publicado en este sentido, esperamos con este comunicado poder poner fin a estos infundados rumores", concluye.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha informado este martes que casi 900 menores migrantes que han solicitado asilo tras llegar a Canarias en cayucos se encuentran ya en el sistema nacional de protección, donde la prioridad es ofrecerles una "respuesta digna".

El expresidente canario, que coordina la Comisión Interministerial de Inmigración, ha confirmado que se han habilitado ya dentro de la red de acogida del Estado 650 plazas para los niños y adolescentes en protección internacional: 250 de tránsito en Las Palmas de Gran Canaria y 400 de acogida en la península.

"Avanzamos una respuesta digna que dé cabida a la protección de los derechos humanos y, fundamentalmente, la vulnerabilidad de los menores no acompañados", ha señalado.

El Ministerio de Justicia ha reprobado la ausencia de comunicación de datos oficiales de seguimiento del primer día de huelga de jueces y fiscales convocada por cinco asociaciones, una notificación "necesaria" para detraer el salario a quienes la secunden, "tal y como le ocurre a cualquier trabajador".

El departamento que dirige Félix Bolaños anunció que solicitaría al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les informara a las 14:00 horas de los jueces y fiscales que secundaban la huelga de tres días convocada esta semana para detraerles el salario correspondiente y asegurar el buen uso de los fondos públicos.

Sin embargo, en la primera jornada, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subrayan que a las 18:00 horas, ni el CGPJ, ni la Fiscalía, ni las asociaciones han comunicado ningún dato de una persona que haya secundado el paro.

ERC quiere que el Gobierno garantice una "fiscalización completa y transparente" de la Casa del Rey, y no sólo el visto bueno que ha dado el Tribunal de Cuentas, sino que también se examinen los gastos relacionados con la Familia Real que sufragan los ministerios.

Así lo plantea el diputado Francesc-Marc Alvaro en un escrito registrado en el Congreso, en el que pide explicaciones por el último balance presupuestario de la Casa Real, en el que se reflejan 'números rojos' en el balance entre gastos e ingresos y se indica que la institución tuvo que recurrir a su fondo de remanentes para afrontar inversiones en ciberseguridad y digitalización.

El diputado de ERC pide saber si hay alguna regulación sobre el uso de estas reservas presupuestarias y si el Gobierno piensa "promover una reforma legal o reglamentaria que permita una fiscalización más completa y transparente de todos los gastos públicos relacionados con la Casa del Rey".

Y es que la formación independentista está convencida de que hay gastos vinculados a la Casa del Rey que van a cargo del Gobierno, y en ese sentido exige que se le facilite "una relación detallada de los gastos interministeriales asociados a actividades de la Casa Real, desglosados por ministerio y por partida funcional (seguridad, protocolo, viajes, comunicación, etc.)".

El gerente de gestión administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, ha asegurado este martes en el Senado que nunca supo que Jésica Rodríguez -expareja de José Luis Ábalos- no cumplía con su trabajo para el gestor ferroviario mientras estuvo contratada para ello por Ineco y Tragsatec, aunque sí conoció que ella tenía "línea directa" con el entonces ministro de Transportes.

En su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo, Zaldívar ha explicado que fue la presidenta de Adif en 2019, Isabel Pardo de Vera, quien le informó de que esa trabajadora era un contacto del ministro y que se enterara de por qué era molestada desde Ineco.

"Ahora es cuando sabemos que no trabajaba, nunca lo supe", ha aseverado Zaldívar, que también ha relatado que dos años más tarde se repitió la transmisión de un mensaje similar, cuando Jésica Rodríguez continuaba en el mismo puesto de trabajo en Adif pero ya contratada por Tragsatec.

Zaldívar ha expuesto que personalmente no conoció a Jéssica Rodríguez, como no conoce a muchas de las más de doscientas personas que suele tener a cargo. Solo habló con ella una vez por teléfono, cuando se le terminaba el contrato en Ineco para preguntarle si quería continuar contratada por Tragsatec.

Le pareció "una persona que tenía cierta altivez y soberbia", cuando ella le contestó que se lo pidiera por correo electrónico. "Supongo que se lo podía permitir al tener línea directa con el ministro", ha añadido.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ingresó este lunes en prisión provisional por su supuesta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo sin ser ya militante del PSOE: "No todos pueden decirlo".

Durante su intervención en la sesión de control al Govern en el Parlament, y a preguntas del portavoz de los Comuns, David Cid, ha afirmado que se trata de una situación "muy desagradable y dolorosa" para su partido, y ha recordado que Cerdán tiene derecho a su defensa y a la presunción de inocencia, y ha aplaudido la reacción del PSOE.

"Expulsado del Partido Socialista. Por tanto, reacción contundente. Sí, ya pueden reírse. No todos pueden decir esto. No todos pueden decirlo. Reacción contundente. Y hasta el final. Hasta el final", ha subrayado.

Cid ha considerado que ante esta situación "no es suficiente" la reacción del PSOE, y cree que hacen falta medidas efectivas en la lucha contra la corrupción y para acelerar la agenda social por parte del Govern y del Gobierno de España.

Los eurodiputados socialistas Ignacio Sánchez Amor, coordinador socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores, y Sandra Gómez, miembro de la Comisión de Presupuestos, han presentado dos enmiendas "clave" al presupuesto de la Unión Europea para 2026 con el objetivo de impedir la financiación de proyectos de investigación que involucren a empresas israelíes vinculadas al sector militar y al Ministerio de Defensa de Israel.

Estas enmiendas proponen crear una reserva presupuestaria destinada a congelar los fondos europeos destinados a investigaciones en las que participen compañías asociadas a actividades militares israelíes, especialmente aquellas que podrían estar "directa o indirectamente" involucradas en el "genocidio" en Gaza.

Con estas propuestas, Sánchez Amor y Gómez remarcan "el compromiso del Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) con una política exterior europea alineada con los valores de defensa de la paz y la protección de los derechos humanos".

"La UE no puede caer en dobles estándares y ser, de ninguna manera, cómplice de las acciones genocidas de Netanyahu en Gaza", han añadido.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se ha comprometido este martes en el Parlament a "hacer todo lo posible" para que el Tribunal Supremo aplique la amnistía, después de que el Tribunal Constitucional avalara la semana pasada la ley.

En la sesión de control celebrada hoy en el Parlament, Illa ha respondido al presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, que ha exigido al president que vaya "más allá de la exigencia discursiva" ante el Supremo y los otros tribunales "que siguen bloqueando o retrasando la aplicación de la amnistía".

"Como presidente de Cataluña haré todo lo posible para que se aplique con efectividad y con diligencia (...) Haré lo que esté a mi alcance, eso sí, desde el respeto a la separación de poderes", ha afirmado.

Illa ha reiterado su demanda de que el Supremo aplique "con diligencia" la amnistía y ha insistido en que la ley "ha sido efectiva y positiva para Cataluña y también para el conjunto de España".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en que el Gobierno ya ha puesto las condiciones para la opa del BBVA sobre el Sabadell y hay que asegurarse de que estas se cumplan para compatibilizar el desarrollo "de valor" del sector privado con la protección del interés general.

El Consejo de Ministros de la semana pasada autorizó esta operación sujeta a la condición de la gestión autónoma de ambas entidades al menos durante los próximos tres años.

Este requisito permitirá que el desarrollo de valor para los accionistas de ambos bancos sea "compatible" con la protección de los intereses generales, tanto para los trabajadores como para las empresas que tienen acceso a financiación a través de las dos entidades, así como del conjunto de clientes.

El ministro, que ha comparecido en rueda de prensa junto a su antecesora en el cargo y ahora presidenta del Banco Europeo de Inversión, Nadia Calviño, entre otros, ha subrayado que esta condición "es proporcionada y equilibrada". 

El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha dejado este martes en manos de las autoridades españolas la investigación de los casos de corrupción desvelados en el marco del caso Koldo.

McGrath ha declinado comentar "ninguna alegación específica" que aún tenga que ser investigada por las autoridades pertinentes y señaló que la responsabilidad primaria de investigar casos de corrupción recae en el país afectado.

Además, ha emplazado a la publicación la próxima semana del informe del Estado de derecho en la UE, que evaluará a España y al resto de países europeos.

"Uno de los pilares fundamentales que evaluamos en el proceso anual del Estado de derecho es la robustez de los regímenes anticorrupción en cada Estado miembro. Con España, así como con el resto de Estados miembros, daremos a conocer nuestra evaluación más reciente de esta cuestión en el informe del Estado de derecho", ha explicado McGrath.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene actos programados en la cumbre de la ONU de Sevilla hasta el mismo jueves de cierre. Es él, de hecho, quien estará en la clausura de esta IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.

En principio, nada raro. Sánchez se ha prodigado este martes hasta en tres comparecencias públicas diferentes. Diferentes en nombre, porque en las tres ha dicho, a grandes rasgos, lo mismo. En dos de ellas, ha repetido el discurso sobre la inversión del 0,7% del PIB en cooperación internacional.

En principio, tampoco nada raro. Sin embargo, lo hay. Porque mientras el presidente del Gobierno se 'banderiza' en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), en Madrid estalló este lunes una de las mayores crisis del PSOE en años: Santos Cerdán ingresó en la cárcel por un presunto caso de cobro de comisiones a cambio de obras públicas.

El Gobierno guarda silencio en todo lo que tiene que ver con las conversaciones con el líder de Junts y expresidente catalán Carles Puigdemont en Suiza, pero los socialistas confían en, ya sin Santos Cerdán, mantener activa esta vía de contactos que permite evaluar el apoyo independentista al Ejecutivo.

El exsecretario de Organización del PSOE, en prisión por su supuesta implicación en la trama del caso Koldo, era el encargado de los contactos con Junts en Suiza.

Aunque el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de reunirse con Puigdemont en Suiza, no aventuran que vaya a ser él el relevo de Cerdán para esta misión.

En cualquier caso, fuentes del Ejecutivo inscriben estas reuniones, en principio mensuales, dentro de la normalidad de la relación entre ambos partidos.

Por su parte, Puigdemont ha instado este martes a los populares a viajar a Waterloo para iniciar esas conversaciones que ha ordenado Alberto Núñez Feijóo a Miguel Tellado a llevar a cabo con todos los socios del Gobierno con el fin de valorar apoyos para una moción de censura, una propuesta que el líder del PP ha rechazado.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado este martes el Gobierno impulse "medidas contra la corrupción" y ofrezca garantías de "limpieza absoluta, caiga quien caiga" para que la acción política se desarrolle como hace Sumar, "con limpieza, con honestidad y sin confundir nunca las lealtades".

El dirigente de Sumar se ha remitido a la reunión de este miércoles de seguimiento del pacto de coalición con el PSOE.

"Exigimos garantías de limpieza absoluta, caiga quien caiga. Y, en segundo lugar, planteamos un giro de izquierdas para la legislatura que pase por el cumplimiento íntegro del acuerdo de Gobierno, lo que tiene que ver con la retribución de los permisos parentales, la prestación por crianza o la financiación de la dependencia", ha continuado.

Sobre la permanencia en el Gobierno tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, investigado por corrupción, Bustinduy ha expuesto con "total claridad" que lo que él está haciendo es "trabajar sin cesar en las cosas en las que cree".

El Gobierno ha recordado al PP que una moción de censura es una herramienta parlamentaria "democrática" y constructiva y que, por lo tanto, necesitan "un candidato" y "un programa", dos cosas en las que "hacen agua".

Así lo ha afirmado de manera irónica la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por la ronda de contactos que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ordenado realizar a Miguel Tellado con los socios de investidura del Gobierno, sondeando la posibilidad de aunar apoyos ante una posible moción de censura.

Después de subrayar que la moción de censura es constructiva, ha afirmado que "constructivo y Partido Popular son conceptos absolutamente antagónicos".

Además, ha manifestado que la primera ronda de contactos la empezó Feijóo tras reunirse con Abascal la semana pasada, de la que no sabe si el PP ha dado detalle a los socios de investidura del Gobierno.

El portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, ha rechazado este martes una hipotética moción de censura del PP y Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha instado a Junts a "no hacer cálculos" para apoyarla.

Así lo ha reclamado en rueda de prensa en el Parlament, después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido al portavoz de su partido en el Congreso, Miguel Tellado, que llame a los grupos parlamentarios para comprobar si su apoyo al PSOE sigue intacto, y JxCat les haya emplazado a reunirse con su presidente, Carles Puigdemont, en Waterloo.

Cid, que ha avisado al PP de que "no cuenten" con Comuns para una moción de censura, ha calificado la respuesta de Junts de "una especie de jugada maestra" con la que "decir que no al PP sin decir que no".

Opina que los de Junts saben que "si Tellado o Feijóo van a Waterloo", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "les cortará la cabeza más rápido de lo que se la cortó" al exlíder popular Pablo Casado.

Podemos considera que el PP es un partido "podrido" y por eso este martes ha rechazado hablar con él dentro de la ronda de contactos que pretendía llevar a cabo el principal partido de la oposición para saber si sus socios mantienen su apoyo al PSOE en esta legislatura.

"Podemos no tiene nada que hablar con el partido podrido, con el partido más corrupto de Europa", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso la líder de Podemos, Ione Belarra, preguntada sobre los planes del PP.

El PNV cree que la ronda de contactos que quiere iniciar el PP con los socios del PSOE tras la entrada en prisión de Santos Cerdán forma parte de una "estrategia de marketing" y dudan de que quieran escuchar la postura de la formación nacionalista puesto que los 'populares' no paran de "lanzar ataques y acusaciones".

Fuentes de la formación vasca han censurado este martes que Miguel Tellado haya optado por hablar antes con los medios de comunicación que con la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, y que encima lo haya hecho, según dicen, para "lanzar ataques y acusaciones".

Según precisan, no ha sido hasta apenas unos minutos antes de que comenzase la rueda de prensa de Tellado en el Congreso cuando este mismo se ha puesto en contacto con la formación vasca para trasladarles su interés en contactar con Vaquero.

"Es evidente que este movimiento de hoy, junto a los mensajes que los populares están lanzando en redes sociales con críticas a los partidos que apoyamos la investidura, solo responde a una estrategia de marketing y deja claro que el PP no busca un espacio de entendimiento con el PNV", sostienen.

 El Consejo de Ministros ha aprobado los techos de gasto de 16 nuevos programas especiales de modernización del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que se suman a los 15 ya autorizados y que permitirán al Ministerio de Defensa movilizar cerca de 34.000 millones de euros durante los próximos años.

Con este acuerdo, el Gobierno da un nuevo impulso al Plan que contará con una inversión inicial de 10.471 millones de euros, en 2025, para llegar al objetivo del 2% del PIB en defensa este año.

Los 31 programas especiales de modernización abarcan desde vehículos de combate sobre cadenas y el futuro carro de combate europeo, hasta la actualización de artillería autopropulsada, radares de localización de fuego indirecto y nuevos sistemas de movilidad táctica, como los vehículos lanzapuentes.

También incluye un nuevo buque logístico de aprovisionamiento en combate para sustituir al ‘Patiño’, la modernización de fragatas F-100 con nuevas capacidades, mejoras en los buques anfibios y la incorporación de un nuevo buque hidrográfico oceánico para la investigación del fondo marino, así como un moderno sistema de guerra electrónica.

En el ámbito aéreo, se reforzará la capacidad de entrenamiento con la adquisición de nuevos aviones de instrucción, se impulsará el reemplazo de los antiguos C-212 Aviocar por plataformas modernas de transporte táctico, y se avanzará en el desarrollo del sistema europeo de combate aéreo FCAS.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible que, entre otras cosas, prohíbe la publicidad de los vuelos cortos así como la reventa de entradas, e impulsa medidas para combatir la obsolescencia programada, el ecopostureo y la reduflación.

Pilar Alegría ha mostrado su respeto por la huelga de jueces y fiscales, pero ha dejado claro que el Ejecutivo no va a renunciar a la reforma "modernizadora" de la Justicia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha pronunciado así al ser preguntada por esta huelga que, en el primero de los tres días de convocatoria, han seguido tres de cada cuatro juicios y fiscales, según los convocantes.

La ministra ha recordado que el CGPJ "fue absolutamente claro, contundente" y "de una forma unánime" al recordar que esa huelga no tiene base legal, de modo que no la dio por comunicada.

Alegría ha vuelto a recordar que esa reforma -que se debate en el Congreso- "tiene importantes virtudes" como las becas consolidadas para quienes quieran opositar, la prueba escrita en las oposiciones, que las pruebas orales puedan grabarse o que los jueces que quieran formar a futuros opositores se inscriban en registro público.

Es a su juicio, una reforma para "mejorar y modernizar la justicia"