Pedro Sánchez, en un receso del debate en pleno sobre la proposición de Ley de Amnistía.

Pedro Sánchez, en un receso del debate en pleno sobre la proposición de Ley de Amnistía. Efe

Política LEY DE AMNISTÍA

El PSOE no vota con Junts: "La ley de amnistía es sólida, no puede cambiarse con cada nueva noticia"

Fuentes del partido de Puigdemont anticipan que, en respuesta, la decisión es que sus siete diputados provoquen "la vuelta del texto de la proposición de Ley de Amnistía a la Comisión de Justicia".

30 enero, 2024 17:26

El PSOE vota no a las enmiendas de Junts. Y se prevé que Junts responda del mismo modo. Fuentes de la dirección del partido de Carles Puigdemont anticipan que, a esta hora, la decisión de la formación de derecha independentista es que sus siete diputados voten no al conjunto de la ley y provoquen "la vuelta del texto de la proposición de Ley de Amnistía a la Comisión de Justicia".

La norma vería, así, retrasada un mes su tramitación. Pero habría más tiempo para negociar un arreglo que satisfaga a todas las partes... y a la UE, vigilante. 

Pedro Sánchez no ha pasado por el aro de amnistiar todo el terrorismo ni los delitos de traición. Y eso abre la puerta, según fuentes del partido de Puigdemont, a que la ley decaiga en la votación final de la misma y se devuelva a la Comisión de Justicia del Congreso. El PSOE ha alegado que "estamos ante una ley para una generación, no para responder a los titulares del día", es decir, que "es sólida y no puede someterse a cambios con cada nueva noticia".

Después de horas de negociación, iniciada el lunes por la tarde y llevada "hasta el final" por la formación de derecha independentista, es decir, hasta que a las 15.00 horas se inició la sesión, no ha habido acuerdo. "Sin seguridad jurídica, este avance histórico no sería posible", apuntan fuentes del PSOE.

Este mediodía, fuentes de Moncloa se expresaban en similares términos. La batalla era entre el "blindaje a la amnistía para todos e inmediata" y la "seguridad jurídica"; entre la posición de Junts y la del PSOE; entre poner en riesgo la norma ante la UE y su Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y poner en riesgo la legislatura.

El PSOE ha elegido arriesgar su Gobierno y, o bien forzar a Puigdemont a "claudicar" él -ése era el verbo que dirigentes del partido de derecha independentista utilizaban para presionar a los socialistas durante la negociación in extremis- o bien ganar tiempo.

Ahora, Sánchez no sólo se ha dado un mes más para negociar en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y tratar de hallar una ingeniería lingüística que contente a Puigdemont y no irrite en Bruselas. También ha demostrado que, de momento, la línea roja del derecho comunitario no la quiere pasar.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts, lo desafió desde la tribuna: "Si podemos parar a los jueces prevaricadores ahora, con esta enmienda, ¿por qué no lo hacemos?", se preguntaba. "Si es sólo por miedo a Europa, ya se lo hemos dicho, asumimos nosotros toda la responsabilidad. Porque esas acusaciones no se sostienen".

La mano derecha de Puigdemont en Madrid, remató con este argumento: "No queremos banalizar el concepto de terrorismo ante la UE, llevándolo a esta ley. Eso lo hacen los jueces prevaricadores del Estado español, que tienen impunidad y no deberían".

Sánchez y la victoria

Sin embargo, Sánchez quiere lograr mantener inmaculada su hoja de servicios. Bastante ha sufrido ya su imagen en las instituciones de la UE, y si logra aprobar una ley de amnistía que no sea vulnerable ante la Comisión y el TJUE, saldrá victorioso.

Primero, como presidente del Gobierno, porque podrá permanecer en el cargo, ya que Junts lo sostendrá. Y segundo, como aspirante a un sillón en la UE, porque el objetivo de la "convivencia y la reconciliación" se habrá llevado a cabo sin vulnerar el derecho europeo.

El PSOE tomó "una decisión trascendental hace unos meses", decía una nota enviada por el partido a la prensa al iniciarse las votaciones de las enmiendas vivas. "Abrir una nueva etapa en Cataluña y en toda España con una ley de amnistía que amparase a los protagonistas del proceso independentista y así favorecer la convivencia después de una década muy difícil".

Según este comunicado, la ley está "trabajada a fondo en el plano político y técnico" y es "profundamente constitucional y ajustada al Derecho de la UE", algo que no se quiere arriesgar más. Si la línea roja no se ha traspasado, que eso cree el Partido Socialista, sí se ha pisado y avanzar más sería más que un riesgo.

Es evidente que el PSOE piensa que amnistiar el terrorismo y la traición va contra sus principios y que haría caer la ley en Bruselas. Por eso, de momento, Sánchez ha apostado por Europa. Ésa es su línea roja de verdad.

Y está claro que Junts se juega más en el relato ante sus bases, las asociaciones separatistas que lo critican por negociar con el Estado, y en la batalla electoral por la hegemonía independentista con ERC, que en lograr el borrado penal de todo el procés. Por eso, Puigdemont prefiere ser él quien aparezca como el que no ha cedido

Queda todavía la votación final del dictamen y la de conjunto.

En la primera votación, hace falta sólo mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Ahí ya hay riesgos si Junts no vota a favor. Porque si el dictamen se rechaza, finaliza la tramitación de la ley. Lo lógico es que los siete de Puigdemont den al en el nuevo panel táctil del Congreso para poder pasar a la votación final.

"Pedimos a todos los grupos parlamentarios, que han pactado el texto de esta ley, la madurez política y la fortaleza necesarias para que la amnistía llegue a buen puerto", clamaba el PSOE, pidiendo a Junts que no le haga pasar por un mes más de presión.

Pero lo que anticipan las fuentes postconvergentes es que, como en la votación de conjunto, la proposición de Ley Orgánica de Amnistía sí necesita la mayoría absoluta (al menos, 176 votos afirmativos, como mínimo), ahí se parará todo: de acuerdo a lo que indica la cúpula de Puigdemont, Junts ejercerá su derecho al pataleo contra el PSOE y votará no.

En este caso, si se rechaza, el texto vuelve a la Comisión de Justicia, que tiene un mes para emitir un nuevo dictamen. "Así, en 30 días, quizá ya entren en razón", apunta un colaborador de Puigdemont en conversación con este periódico.