Discrepancias entre Junts y PSOE retrasan el registro de la ley de amnistía: "No hay fecha ni hora"

Fuentes de ERC afirmaban, ya entrada la noche, que todo estaba "aún en el aire" porque el acuerdo final entre socialistas, neoconvergentes y republicanos no estaba cerrado a "falta de algún fleco". Junts, además, no tenía "previsión" alguna de que la proposición se fuese a presentar este lunes ante las discrepancias que existen en cuestiones como el lawfare en la amnistía y el carácter secreto del verificador.

De hecho, el registro de la ley de amnistía podría no ser hoy, tal y como ha confirmado el dirigente de En Comú Podem y miembro del equipo negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens. "No creo que hoy se haga (el registro)", ha afirmado este lunes en Ràdio 4. "No creo que los grupos hayan dado el visto bueno a esta ley", ha proseguido, en clara referencia a las discrepancias entre PSOE y Junts. 

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PSOE no pone fecha y PNV desconoce el texto

Minutos después, y también en otro medio catalán, en Catalunya Ràdio, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, admitía este lunes que el registro de la ley de amnistía no tiene fecha. "No pongo fechas ni horas. En esta semana debiéramos verlo todo", ha apuntado.

López ha explicado que el objetivo del PSOE es que esta ley sea firmada "por el conjunto de socios". "Progresa adecuadamente todo", se ha limitado a decir para remarcar, segundos después, que "no se trata de negociar cuando esta ley ya está cerrado" sino que es necesario que "el resto de grupos vean que esto es de lo que todos estábamos hablando". Es decir, que Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG conozcan el contenido de esta ley. 

En otra entrevista, esta vez en Telecinco, Patxi López se limitaba a apuntar que "esta semana va a ser clave" en lo referente a la ley de amnistía y a la investidura sin aclarar la fecha del registro de esta ley.

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Misma línea ha seguido la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones y portavoz del partido, Pilar Alegría, que ha aclarado que la amnistía se registrará "próximamente, en próximas horas o desde luego en próximas fechas".  

Si bien el PSOE quiere que la ley se registre con la firma de todos sus socios, a excepción de Coalición Canaria, lo cierto es que el PNV desconoce el contenido de la misma, tal y como ha confirmado hoy su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Tampoco conocen el texto EH Bildu y el BNG. 

Los jetzales ni tan siquiera han leído un borrador del texto que se registrará en las próximas horas -o días-. "Supongo que nos pasarán la ley con un poquito de tiempo", ha dicho en una entrevista en TVE.  A pesar de ello, ha quitado hierro al asunto y ha dejado claro el voto favorable del PNV a la ley de aministía. 

Y es que sin el trámite del registro de la ley de amnistía, a los letrados del Congreso no les daría tiempo a emitir un informe para que la Mesa de la Cámara Baja, convocada para el martes a las 10:00 horas, pueda calificarla.

Y ése es el "hecho comprobable" mínimo con el que se ha contentado el expresident fugado en Waterloo, después de reatrasar una semana la firma del pacto, "hasta que el PSOE aceptó incluir el lawfare para que la amnistía pueda contemplar todos los casos".

El lawfare y al secreto sobre los verificadores internacionales, que el PSOE no quería aceptar, siguen atrasando el anuncio. Este mismo domingo, la líder de Junts Laura Borràs, seguía presionando con el lawfare: "¿He sido víctima de lawfare? Sí. ¿Debe entrar en la ley de amnistía el lawfare para que sea omnicomprensiva y reparadora? También".

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Sin ley este lunes, la presidencia de Francina Armengol no podrá demostrar que sirve para lo que se la eligió expresamente: tramitar esta norma, lo que no hizo Meritxell Batet en marzo de 2021. 

Fuentes del Congreso, en todo caso, recuerdan que "el registro telemático está abierto 24 horas al día, todos los días de la semana". Pero para calificar el texto en la Mesa, los cuatro representantes del PP en la misma exigirán que conste ese informe de los letrados, según confirman fuentes consultadas en la formación de Alberto Núñez Feijóo.

'Lawfare' sí o no

¿El PSOE ha admitido el lawfare, es decir, la persecución judicial por motivos políticos de algunos de los implicados en el procés? Sí, así aparece en el documento que firmó Santos Cerdán, el jueves pasado en Bruselas, junto a Jordi Turull.

¿Significa ese párrafo rubricado por el secretario de Organización socialista que las comisiones de investigación que ya acordó el PSOE con Junts hace tres meses van a juzgar a los jueces que han investigado, procesado y hasta condenado en esos casos? Sí, a la vista de la literalidad del acuerdo.

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Puigdemont batalló una semana, entre el 2 y el 9 de noviembre, para abrir la puerta al "alivio penal" de su abogado, Gonzalo Boye (procesado por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico de Sito Miñanco); a su exjefe de Gabinete, Josep Lluís Alay, implicado en el caso Volhov; a su exconseller Miquel Buch, condenado por contratar ilegalmente a un mosso como escolta personal del expresident en su huida a Bélgica... y a Laura Borràs, presidenta de Junts y condenada por corrupción.

Pero ahora dice el PSOE que no a lo uno y a lo otro. El mismo Cerdán afirmaba este sábado, durante el Congreso de los socialistas europeos celebrado en Málaga, que "hay que leerse bien el párrafo" para tratar de defender a su partido.

Según Cerdán, el texto "habla de unas comisiones que va a haber en el Congreso y no se habla de nada más. No se está hablando de 'lawfare' por parte del PSOE". 

Sin embargo, leyendo el párrafo palabra por palabra, esto no es así. Las cuatro páginas signadas por el PSOE y Junts tienen apartados en los que ambas partes acuerdan el desacuerdo, es decir, muestran sus diferencias y se comprometen a "negociar" una solución a lo del referéndum, o a lo de la "cesión del 100% de los tributos recaudados" en Cataluña.

Pero sobre el lawfare no hay esta precisión. El párrafo dice textualmente: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Es decir, que la ley de amnistía deberá ser aplicada en función de las conclusiones de esas comisiones de investigación en la Cámara Baja, elaboradas por políticos. Y que en esas comisiones se investigarán "situaciones de lawfare". E incluso, que esos casos de "judicialización de la política" pueden motivar demandas contra esos jueces ("acciones de responsabilidad") o cambios legales ("modificaciones legislativas").

En ningún párrafo anterior o posterior se explicita o siquiera adivina algún desacuerdo entre PSOE y Junts sobre este punto.

'Juicio a los jueces'

También hay otro detalle que el PSOE quiere hacer interpretable de su acuerdo con Junts, a pesar de que la textualidad no lo parece admitir. Más allá del mismo concepto del lawfare está al juicio a los jueces al que invita el pacto.

El escándalo ante lo firmado provocó un comunicado conjunto de todas las asociaciones de jueces y otro de las de fiscales, por ejemplo.

Y eso hizo preciso que en la misma tarde en que se anunció el acuerdo de Sánchez con Puigdemont, el jueves 9 de noviembre (aniversario de la consulta de cartón organizada en 2014 por el Govern de Artur Mas), el PSOE se viera obligado a emitir una nota aclaratoria... que, en realidad, pretendía ser enmendatoria de lo que habían firmado Cerdán y Turull.

"El acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de lawfare", afirmaba el PSOE. "Cuando se refiere a 'las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura', está aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso. Ninguna otra".

Y posteriormente, se enumeran dos ellas: la de la llamada Operación Cataluña y la del supuesto caso Pegasus. Pero olvidando la prevista para esclarecer la posible implicación del CNI en los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto (otra llamativa coincidencia en la fecha) del año 2017.

"Por tanto", concluía el PSOE, "lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de derecho".

En esa terminología de "medidas concretas" parece esconderse la otra consecuencia acordada con Junts para esas conclusiones y que ha levantado a todos los colectivos judiciales: las "acciones de responsabilidad", es decir, el juicio a los jueces de casos en los que se identifique esa "judicialización de la política", o lawfare.

Según el PSOE, insistía la nota, "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado". Aunque el texto parece decir justo lo contrario.

Desde aquella tarde del jueves, a los jueces y los fiscales se sumaron todos los demás colectivos de la Administración de Justicia en numerosas notas de rechazo al acuerdo: abogados del Estado, colegios de abogados, jueces decanos.

Y una toma de posición de la Comisión Europea, comparando el caso español con los de Polonia y Rumanía... después de la carta del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, mostrando su "seria preocupación" por el posible atentado al Estado de derecho presuntamente aceptado y/o promovido por el futuro Gobierno de España.