Jueces, fiscales, abogados del Estado, diplomáticos, policías, guardias civiles e inspectores de Hacienda y Trabajo, contra Sánchez

Las distintas concesiones que Sánchez ha hecho a los nacionalistas, tanto Junts como ERC y PNV, para formar Gobierno también han despertado numerosas críticas de la sociedad civil, el mundo de la empresa, los policías y guardias civiles, los sindicatos, inspectores de Hacienda y de Trabajo, diplomáticos... Todos estos elementos apuntan a desmentir la "paz social" que Sánchez anunciaba.

El todavía presidente en funciones lleva meses repitiendo un mantra para avalar su gestión: que su Ejecutivo logró la pasada legislatura cuantiosos avances sin enfrentar a la sociedad entre sí y ha sacado pecho de la "paz social" que reina en España.

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Sánchez lo ha dicho en casi todos los mítines y comparecencias que ha celebrado desde la precampaña de las autonómicas y también después de las elecciones. Lo dijo en agosto, antes de constituir las Cortes ante sus diputados y senadores, y lo repitió ante el partido en el pasado Comité Federal, donde reivindicó que el Gobierno de coalición "ha permitido lograr esa paz social gracias al diálogo".

Ahora ese principio se ha quebrado. Aunque cada asociación atiende a su batalla sectorial, todas ellas tienen el factor en común de sentirse soliviantadas por lo que está haciendo Pedro Sánchez.

Si bien la "paz social" no responde a una sola definición, casi todos los expertos coinciden en que se trata de la situación de un país cuando se produce el diálogo social y la ausencia de manifestaciones. Ya no hay diálogo social y las manifestaciones no sólo se producen, sino que acaban con disturbios violentos.

La judicatura, descontenta

Las mayores críticas que ha sufrido Sánchez esta semana han provenido del mundo de la judicatura. Tras conocerse el acuerdo de Junts y PSOE numerosas asociaciones de jueces, fiscales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han pronunciado en contra de que el texto pactado entre ambos partidos hable de lawfare y de la "judicialización de la política".

Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia (de corte progresista), Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se han unido por primera vez en su historia para lanzar un duro comunicado.

El pasado jueves, criticaron que el texto pactado "contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política". "Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", añadía el texto.

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Un día después, este viernes, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó por unanimidad suscribir el comunicado de las cuatro asociaciones mayoritarias. "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", añadía. Horas después se adhirió a ello también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

En otro movimiento inédito, este viernes todos los presidentes de las Audiencias Provinciales de España se unieron en otro comunicado criticando la referencia al lawfare. El acuerdo entre PSOE y Junts, opinan, "plantea serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial en España, lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea".

También este viernes se han sumado a estas críticas los jueces decanos de más de 80 partidos judiciales. Tachan la mención al lawfare de "inaceptable", además de una "evidente intromisión en la independencia judicial" y una "quiebra de la separación de poderes".

Pero el agravio no afecta sólo a los jueces. La Unión Progresista de Fiscales también ha lanzado su posición de "absoluto rechazo". Por separado, aunque en la misma línea, la Asociación de Fiscales ha dicho que se trata de "un ataque sin precedentes a la independencia judicial" y la Unión Independiente de Fiscales considera que se está lanzando una "intolerable sombra de sospecha" hacia los jueces, fiscales y la Policía y Guardia Civil.

La Asociación de Abogados del Estado ha criticado, también este viernes, que se hable de lawfare ya que supone "un uso alternativo del derecho ajeno a las normas sustantivas y procesales" y ha expresado su preocupación "por la ruptura de la separación de poderes y del principio de igualdad entre todos los españoles".

El CGPJ, que ya se pronunció en contra, ha mandado este viernes un comunicado a distintas autoridades europeas criticando la mención al lawfare y también la ley de amnistía pactada por Junts y PSOE, a pesar de que todavía no se conoce el texto de la norma, que previsiblemente será registrada en el Congreso de los Diputados el próximo lunes.

En una misiva dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, entre otros altos cargos, el órgano de gobierno de los jueces avisa de "los graves episodios de ataque al Estado de derecho" y asegura que se está vulnerando el principio de separación de poderes.

Empresas, sindicatos y agentes

Aunque la judicatura ha sido el sector que se ha sentido más agraviado, no ha sido el único. La CEOE ya se pronunció en contra de la amnistía, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, anunció este viernes que había convocado para el próximo lunes un Comité Ejecutivo extraordinario y de urgencia para abordar la situación del país. Según un escueto comunicado, la patronal asegura que el mundo empresarial observa los acontecimientos con "grave preocupación", a la espera de sacar conclusiones más firmes.

Si bien los sindicatos CCOO y UGT han valorado positivamente el acuerdo, diciendo que es una noticia "positiva" y "respetuosa" para con los resultados del pasado 23-J, sus delegaciones en el sector ferrovial han convocado una huelga.

CCOO, UGT y Semaf han anunciado huelgas en Adif y Renfe para los días 24 y 30 de noviembre, así como el 1, 4 y 5 de diciembre. Critican la transferencia de la gestión de los Rodalies a Cataluña, algo que fue acordado por el PSOE y ERC, temiendo que puedan tener repercusiones nefastas para los trabajadores de las compañías.

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Sí se posicionan directamente en contra de la amnistía algunas asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. SUP y AUGC convocaron una manifestación este viernes en apoyo a los agentes que se enfrentan a procesos legales por sus actuaciones en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y aseguran sentirse fichas del tablero político.

Además, según ha podido saber EL ESPAÑOL, cinco de las siete principales asociaciones de la Guardia Civil están ultimando un comunicado que verá la luz previsiblemente este sábado. 

Es previsible que, cuando se conozca el texto de la ley de amnistía, también se vean beneficiados los agentes que participaron en el 1-O. Sin embargo, las asociaciones critican que están perdiendo peso en Cataluña y que los pactos del PSOE con ERC y Junts conducen al "desmantelamiento de la seguridad ciudadana" en la comunidad autónoma.

A todos ellos hay que añadir también la Asociación de Inspectores de Hacienda, que asegura que en el acuerdo entre ambas formaciones demuestra "de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional". En una línea similar se ha pronunciado el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que añade que quebranta "un principio fundamental en democracia como es la separación de poderes". 

También se han pronunciado desde el sector de la diplomacia. La Asociación de Diplomáticos Españoles critica que la Generalitat catalana puede socavar la competencia exclusiva del Estado en cuanto a las relaciones internacionales. Lo dice porque el acuerdo también alberga aumentar la participación de Cataluña en Europa. 

Numerosas manifestaciones

Pero la paz social no se mide sólo por el diálogo social. También es fundamental para labrarla la ausencia de manifestaciones. Y si bien Pedro Sánchez ha pasado una legislatura relativamente tranquila en esos términos, en las últimas semanas el descontento social ha ido creciendo, a veces capitalizado por partidos políticos y otras partiendo directamente de la sociedad civil.

Según la Guardia Urbana de Barcelona, 50.000 manifestantes acudieron el pasado 8 de octubre a la manifestación contra la amnistía convocada por Sociedad Civil Catalana. El próximo 18 de noviembre se celebrará otra en Madrid, que se estima será mucho más numerosa. Tendrá lugar apenas dos días después de que Sánchez haya sido investido, el próximo jueves, y mientras el líder del PSOE da a conocer los nombres de quienes formarán su nuevo Ejecutivo.

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Pero antes de eso, este domingo, el PP celebrará otra manifestación en todas las capitales de provincia de España. Lo hace después de haber aglutinado en octubre a 30.000 personas, según datos oficiales, en la avenida Felipe II el pasado 24 de septiembre.

A todas estas protestas, hay que sumar las manifestaciones que ha habido frente a la sede central del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Durante ocho días seguidos, centenares de ciudadanos han estado mostrando su descontento con las negociaciones de Sánchez. Y no sólo ha ocurrido en Madrid, sino que las protestas se han distribuido ante las sedes del partido a lo largo y ancho de todo el territorio español.

Dos de las jornadas de manifestaciones ante Ferraz han acabado con disturbios y cada vez son más las sedes socialistas que aparecen vandalizadas. Con todos estos elementos, el clima político que se está viviendo tanto en las calles como en las instituciones permiten afirmar que Sánchez ya no se puede presumir de "paz social".