Bruselas pedirá al Gobierno que aclare si 'Tito Berni' desvió fondos UE en el 'caso Mediador'

Según el mediador, "algunas de las operaciones" que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, estaban relacionadas "con fondos Next Generation", las ayudas de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia. España lleva año y medio recibiendo diversas partidas de este nuevo instrumento comunitario. De momento, hasta 31.000 millones de los más de 160.000 que le corresponden hasta el año 2026.

El sospechoso que da nombre a la causa, Antonio Navarro Tacoronte, es conocido como el mediador, aunque fuentes de la dirección del PSOE lo acusan de ser, en realidad, "el estafador".

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A medio camino entre no reconocer la implicación del partido en la red corrupta y acusar a Navarro de "vender favores que nunca se cumplieron o están por demostrar", estas fuentes insisten en que el PSOE es "víctima de un delincuente y de un exdiputado al que se expulsó en cuanto se supo de su implicación en esta sórdida trama".

Pero lo cierto es que nadie en el PSOE ha podido explicar desde cuándo la formación conocía las irregularidades, por qué se expulsó al Tito Berni sabiendo que iba a ser detenido, una semana antes de que le arrestara la policía judicial.

Tampoco el PSOE ha explicado las razones que llevaron a que el sobrino, Taishet Fuentes, heredara el cargo de director general de Ganadería en Canarias, cuando Berni pasó a ser diputado nacional, ni por qué fue destituido el verano pasado, sin más explicación que la de "pérdida de confianza". El presidente canario, Ángel Víctor Torres, siempre ha negado "haber sabido nada".

Pregunta escrita

Pero ahora la investigación ya la pilota también Bruselas. Este periódico ha podido confirmar que el Comité de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo ha exigido a la Comisión que "aclare totalmente" que no ha habido "malversación ni uso indebido" de dinero del Fondo de Recuperación en este caso. Y que solicite "explicaciones necesarias al Gobierno español" al respecto. 

Además, este mismo lunes, el Partido Popular Europeo (EPP) ha preguntado por escrito a la Comisión por este caso, específicamente. El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, hace referencia explícita a una "trama" cuyo "objetivo específico era influir políticamente para conseguir fondos europeos a cambio de mordidas y fiestas en burdeles". Y reclama saber si el Ejecutivo Comunitario ha pedido ya "información al respecto" al Gobierno español.

El EPP, formación a la que pertenece la alemana Monika Hohlmeier, presidenta del Comité, reclama a Bruselas "aumentar toda vigilancia y control para evitar que el dinero de los fondos sea utilizado para fines corruptos". Y pregunta si los mecanismos de control y transparencia son "severos para evitar que los fondos europeos caigan en manos de redes clientelares".

La misma Hohlmeier, en una entrevista con este diario, señalaba con firmeza el pasado sábado que "rebajar el castigo a la malversación es lo opuesto a la tolerancia cero con la Corrupción" de la que presumía el Gobierno Sánchez, hasta que el estallido del caso Mediador lo ha puesto a prueba.

Y por eso su partido, en la pregunta firmada por la jefa de la delegación española, Dolors Montserrat, solicita a la Comisión una valoración de esta reforma legal. Concretamente, sobre si "rebajar el delito de malversación ayuda a aumentar el riesgo de los casos de corrupción".

Tres posibles desvíos

De lo que se conoce de la investigación hay, de momento, tras vías distintas por las que el caso Mediador podría haber "afectado a los intereses financieros de la UE", en palabras de la líder bávara del EPP. La primera es la revelada por el propio Navarro en sus declaraciones públicas y ante la juez instructora, María de Los Ángeles Lorenzo-Cáceres, sobre posibles desvíos de subvenciones y ayudas, directamente relacionadas con los fondos NextGeneration. 

La segunda, tal como informó este diario en los primeros días del escándalo, tiene que ver con las adjudicaciones de contratos de las misiones europeas lideradas por España en los países del Sahel, y que mantienen al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, en prisión preventiva.

La magistrada investiga en el sumario cuatro contratos que una fundación pública, que preside la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, para la compra de drones y material de seguridad en el programa GAR-SI Sahel. Es más, la Comisión ya detectó hace casi un año 12 millones de euros de "gastos imprudentes" en el proyecto liderado general Espinosa.

A pesar del enorme montante del agujero, Bruselas entonces no insistió en sus pesquisas, alegando que no se había detectado "ninguna irregularidad", según un informe citado por la Cadena Ser, sobre posibles "riesgos o vínculos" con operaciones financiadas por la Unión Europea.

Los funcionarios comunitarios sellaron el expediente certificando "gastos imprudentes" y "errores significativos en la elección de los equipos de protección" vendidos en los programas de cooperación con las policías de Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad. 

Y la tercera vía por la que se podrían haber malversado fondos europeos que ahora investigará la Comisión a instancias del Parlamento Europeo es la de las mordidas a los empresarios directamente implicados en las fiestas con cocaína y prostitutas, tras las visitas al Tito Berni en el Congreso de los Diputados.

Según la investigación, se habría extorsionado a determinados ganaderos de Fuerteventura -o con intereses en la isla de la que es originario Fuentes Curbelo- relacionados con quesos y productos lácteos. A cambio de esos pagos, el mediador habría prometido gestiones del diputado para librarlos de inspecciones, así como para no bloquear subvenciones procedentes de la Unión Europea.

La UE mira a España

Pedro Sánchez ha presumido insistentemente en que "España es líder europeo en la gestión de los fondos de recuperación". Y así lo defendieron la propia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ante la misión de eurodiputados que viajó a España hace dos semanas para examinar la gestión de los fondos europeos en España.

Desde finales de 2021, nuestro país fue el primer Estado miembro en presentar en Bruselas el Plan de Recuperación. Consecuentemente, fue el primero en recibir el aprobado de la Comisión Europea. Y finalmente, fue también el primero de los Veintisiete en empezar a recibir las partidas milmillonarias de los fondos NextGeneration.

Precisamente por eso, y por la inminente presidencia española del Consejo, todos los ojos de la UE se dirigen al Gobierno Sánchez. El Comité de Control Presupuestario por un lado, el grupo popular del Parlamento Europeo por otro, exigen explicaciones.

La Comisión, que ya está investigando si la rebaja de la malversación "se corresponde con los estándares europeos del Estado de derecho", pedirá explicaciones ahora a Moncloa para saber hasta dónde lleva la trama del exdiputado Tito Berni en el caso Mediador.