El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista de este jueves en La Sexta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista de este jueves en La Sexta. E.E.

Política REBAJA DE LA SEDICIÓN

Sánchez rebaja la sedición a cinco años para que vuelvan a la política los condenados de ERC

Oriol Junqueras podría presentarse a las elecciones de 2023 si el nuevo delito de "desórdenes públicos agravados" le baja la pena a 5 años. 

11 noviembre, 2022 03:35

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que finalmente se llevará a cabo la reforma del delito de sedición. La medida beneficiará a los cargos de ERC condenados por el proceso separatista, como el presidente de la formación, Oriol Junqueras, y podrían volver a la vida política incluso ya en las próximas elecciones generales si, como se plantea ahora, se rebaja la pena a cinco años de prisión.

En una entrevista en La Sexta con Antonio García Ferreras, Sánchez afirmó que el PSOE y Unidas Podemos registrarán este viernes una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados que suprimirá el delito de sedición, tal y como se conoce, para sustituirlo por un "delito de desórdenes públicos agravados".

El presidente aseguró que la medida se toma con el objetivo de que el Código Penal sea "homologable a otras democracias europeas", tal y como lleva tiempo reivindicando. Puso el ejemplo de países como Alemania como modelo a seguir.

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En el caso de Alemania, las penas por sedición son de cinco años, justo la tipificación por la que abogaba ERC. Aunque Sánchez no ha querido vincular la reforma a sus negociaciones con los separatistas catalanes, lo cierto es que ERC ha reconocido que estaba pactado. Esto permitirá el regreso a la vida política de personas como Junqueras o la secretaria general de la formación, Marta Rovira.

El ex vicepresidente de la Generalitat fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel -computados desde julio de 2018- por los delitos de sedición y malversación. Ahora, tal y como ya informaron fuentes del Supremo a EL ESPAÑOL, con la reforma de Sánchez que presentará hoy el PSOE de la mano de Unidas Podemos, terminaría su inhabilitación absoluta.

Algo similar pasaría con Marta Rovira. A pesar de que está huida en Suiza desde marzo de 2018, la disminución de la pena significaría que, para ella, la condena prescribiría en junio de 2023.

Al abaratar la pena de sedición, la Sala Penal del Tribunal Supremo tendrá que revisar a la baja también las condenas de los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Josep Rull; la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

"Puigdemont rendirá cuentas"

El que no saldrá beneficiado de esta medida es el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, que se encuentra fugado en Bélgica. En su caso, ha habido multitud de actos procesales que impedirán que los cargos contra él hayan prescrito.

De hecho, García Ferreras inquirió a Sánchez concretamente por Puigdemont en su entrevista. Le preguntó si, con la rebaja, el expresidente catalán quedaría exonerado, a lo que el presidente del Gobierno respondió con un rotundo "no". "Tendrá que rendir cuentas, porque son delitos que continúan estando presentes en el Código Penal", aseguró.

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Esta supresión del delito de sedición es un paso más hacia la libertad absoluta de los condenados tras los indultos otorgados el 22 de junio del año pasado. La pena por inhabilitación que permanece podría quedar saldada con la reforma.

Durante la entrevista de este jueves, el presidente inscribió la reforma de la sedición como un movimiento más en favor de "la distensión". En ese sentido, aseguró que gracias a tomar "decisiones valientes, audaces y complejas" es preferible la Cataluña de hoy que la de 2017.

En este punto citó los datos del CIS de Tezanos para explicar que, mientras en 2017 la situación de Cataluña era "la segunda preocupación" de los españoles, "ahora es la 41". Y dijo que esto se ha conseguido tras lograr "garantizar el respeto a la Constitución".