Carolina Darias, ministra de Sanidad, en una imagen de archivo.
Sanidad obligará a la privada a entregar datos sanitarios a la Agencia Estatal de Salud Pública
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y una parte del Instituto de Salud Carlos III conformarán la futura Agencia.
11 septiembre, 2022 03:37El Gobierno está acelerando los trámites para sacar adelante la Agencia Estatal de Salud Pública. Por eso ha tramitado con urgencia el anteproyecto de ley para su puesta en marcha "antes de que finalice 2023". Moncloa sigue sin desvelar su ubicación, uno de los aspectos que más interés suscita entre las Comunidades autónomas.
"Todas las Administraciones Públicas, instituciones y organismos del sector público y privado, así como las personas físicas o jurídicas, estarán obligadas a suministrar los datos necesarios para evaluar el estado de salud de la población, realizar las funciones de seguimiento y vigilancia en salud pública, la detección precoz y la evaluación de riesgos para la salud", especifica el articulado inicial de la ley.
El anteproyecto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL desgrana otros datos importantes, como por ejemplo la potestad que tendrá esta entidad de carácter público para reclamar datos pertenecientes al sistema sanitario privado.
El primer esbozo de la nueva Agencia Estatal concreta que el organismo tendrá un articulado legislativo por el cual será obligatorio este "suministro de datos". La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ha explicado que el centro será un nexo entre administraciones en aspectos relacionados con esta área. La finalidad no es otra que formar una especie de tela de araña en la que las alertas de salud pública se puedan analizar sin el problema que suponen las divisiones autonómicas.
La información a suministrar será establecida en la normativa de desarrollo, de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de interoperabilidad, así como la normativa aplicable al sector sanitario elaborado por la Oficina de Datos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, "en lo que pudiera afectar al establecimiento de requisitos de interoperabilidad transversales entre espacios de datos".
Además, todos los organismos deberán aportar a la Agencia Estatal de Salud Pública la información necesaria para evaluar el estado de preparación del Sistema Nacional de Salud y "del sector sanitario privado ante emergencias en salud pública".
La colaboración público-privada ha sido algo reiterado siempre por las Administraciones públicas, pero no en aspectos relacionados con el dato sanitario. En este tema, la administración pública siempre ha sido reacia a la interoperabilidad de los datos de los pacientes entre ambos sistemas.
De hecho, es una de las grandes reclamaciones de la patronal de la sanidad privada, puesto que consideran que agilizaría muchos trámites y no duplicaría historiales y pruebas. Algo esencial cuando se habla de déficit de profesionales sanitarios.
Este borrador de la Agencia estatal revela cómo integrará en su organigrama dos entidades que, hasta ahora, eran independientes. Por un lado, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige Fernando Simón. "Estas funciones serán ejercidas por la Agencia y todo el personal del CCAES se integrará en la Agencia", apuntan. Lo mismo ocurrirá con el Instituto de Salud Carlos III. "Las labores de gestión diaria de vigilancia, incluido la asesoría técnico-científica, así como el desarrollo de acciones técnicas" las tendrá la Agencia.
Para ello, "personal sanitario no investigador del Centro Nacional de Epidemiología que las realiza se integrarán en la Agencia".
Respecto a qué competencias tendrá la dirección general de Salud Pública que dirige Pilar Aparicio, se desconoce. En el texto no aparece ni una sola mención a dicho departamento, aunque el nombre de Aparicio es otro de los que suenan como posible directora de la Agencia, junto al del director del CCAES, Fernando Simón.
Personal
En lo que hace referencia a la partida de personal, se sabe que podrán ser funcionarios, estatutarios o laboral, y se conformará de los trabajadores que designe el Gobierno en su puesta en marcha y los que se adhieran mediante concurso-oposición.
En lo que se conoce, se establece que la Agencia Estatal de Salud Pública debe contribuir al "desarrollo profesional de las personas trabajadoras en la salud pública, su capacitación, captación y retención del talento, así como a la generación y movilización del conocimiento".
Sanidad concreta, además, el presupuesto anual en personal en 11 millones de euros al año. Especifican que en ella se "integrarán" una serie de puestos de trabajo procedentes tanto del Ministerio de Sanidad (49 puestos), como del Instituto de Salud Carlos III (13 puestos).
El coste de las mismas, integrado actualmente en el presupuesto de los respectivos organismos, asciende a unos 2,8 millones de euros, que se transferirían a la Agencia desde el Ministerio una vez se pusiera en marcha.
En lo referido a la creación de nuevas plazas, tanto para las nuevas funciones a desarrollar por la Agencia, como para atender las funciones horizontales, se presupone un presupuesto de 9.095.683 euros.
Estimación de gasto presupuestario de la Agencia anual
Funciones
El organismo, dirigido a monitorizar la salud de la población más allá de los aspectos puramente sanitarios (enfermedades, dolencias, intervenciones…), estaba proyectado en la ley General de Salud Pública aprobada en octubre de 2011.
[Pedro Sánchez comienza la "descentralización": el Centro de Salud Pública estará fuera de Madrid]
La Agencia está encaminada a desarrollar un control y seguimiento de los aspectos relacionados con la salud definida como una forma de vida. Monitorización, control y educación enfocada no sólo a dolencias derivadas de virus o infecciones, sino también aspectos relacionados con un estilo de vida saludable y la prevención de lesiones mediante, por ejemplo, la vacunación, etc.
Por poner un ejemplo: en Asturias se detecta un rebrote de gripe aviar muy importante y los equipos de salud pública del Principado tratan el caso como algo aislado. Pero, en Madrid, existe un brote de aspectos similares. Si existiera una red para monitorizar todas esas alertas, se podría analizar si se trata de un problema global o autonómico.
Esto genera un gran reto para su futuro director/a general. Y es que, en un ámbito tan descentralizado como la salud pública, la Agencia debe estar por encima de las autonomías. Es cierto que existen otras agencias sanitarias, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), pero no engloban competencias que están derivadas a las CCAA.
Ubicación
Diversas sociedades científicas han visto con buenos ojos que el centro no esté ubicado en Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció que iba a descentralizar de la capital de España varios organismos de nueva creación, como puede ser este.
En una información adelantada por EL ESPAÑOL en octubre de 2021, diversas fuentes ya confirmaban que esto iba a ser así aunque, desde entonces, nada se sabe de su ubicación.
Rafael Ortí, presidente de la Sociedad de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) aseguraba que "sería muy apropiado instalarlo en un lugar en el que se favorezca la vida saludable y se apueste por un modelo de ciudad sana".
La Agencia va a estar adscrita orgánicamente al Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, aunque contará con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión.
